El futuro incierto de las ¡°leyes de la oposici¨®n¡±

El Tribunal Constitucional tendr¨¢ en su mano el futuro de las "leyes de la oposici¨®n", es decir, aquellas proposiciones de los grupos que puedan salir adelante en contra del voto del PP y pese al veto del Gobierno. Se trata de un complicado e ins¨®lito conflicto jur¨ªdico entre el poder legislativo y el ejecutivo con consecuencias pol¨ªticas fundamentales para toda la legislatura. Si llegaran a culminar el largo proceso legislativo y entrar en vigor podr¨ªan ser anuladas posteriormente por vicio de procedimiento si as¨ª lo decidiera el Constitucional a instancias del Gobierno.

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Por ejemplo, el martes el Pleno muy probablemente admitir¨¢ a tr¨¢mite una proposici¨®n de ley del PSOE que empieza a desmontar aspectos concretos de la reforma laboral para que, por ejemplo, los trabajadores de empresas subcontratadas o de externalizaci¨®n de servicios mantengan las garant¨ªas del convenio general, como es el caso de las empleadas de hoteles.

Esa proposici¨®n de ley fue vetada por el Gobierno en ejercicio del art¨ªculo 134 de la Constituci¨®n que se?ala que "toda proposici¨®n o enmienda que suponga aumento de los cr¨¦ditos o disminuci¨®n de los ingresos presupuestarios requerir¨¢ la conformidad del Gobierno para su tramitaci¨®n". Sin embargo, la Mesa del Congreso decidi¨® que ese veto no estaba justificado y mantuvo el tr¨¢mite de la norma. El Gobierno reaccion¨® con un acuerdo de Consejo de Ministros instando al Congreso a rectificar, como paso previo a la presentaci¨®n de un conflicto de atribuciones ante el Constitucional. La Moncloa considera que la potestad de veto no puede ser rectificada por el Congreso, mientras que la Mesa (salvo el PP) entiende que si no est¨¢ justificada y no tiene repercusi¨®n presupuestaria o no afecta a las cuentas del ejercicio presente puede seguir el tr¨¢mite de la proposici¨®n.

?Qui¨¦n decide? El Tribunal Constitucional, pero dentro de un tiempo por lo que las proposiciones de la oposici¨®n seguir¨¢n adelante y, en todo caso, ser¨ªan anuladas posteriormente si el Gobierno gana el conflicto. En el caso citado el embrollo afectar¨ªa a derechos laborales de personas concretas.

Si fuera as¨ª, Rajoy tendr¨ªa un instrumento legal para sobrevivir a la minor¨ªa parlamentaria. Si ganara el Congreso, el Gobierno tendr¨ªa notables dificultades para ejercer su funci¨®n porque las proposiciones le obligar¨ªan a descuadrar las cuentas p¨²blicas. El Ejecutivo ya ha vetado 16 proposiciones, lo que da idea cuantitativa de la magnitud del conflicto.

Precedentes del Constitucional

Para complicarlo todo m¨¢s, el Constitucional solo se ha pronunciado dos veces sobre asuntos semejantes referidos a comunidades aut¨®nomas, pero de forma aparentemente contraria en cada una de esas sentencias y, a pesar, de que fueron emitidas con una diferencia de pocos meses.

La referida a Extremadura anulaba un art¨ªculo del reglamento de la asamblea que pretend¨ªa dejar al Parlamento la capacidad de levantar esos vetos del Ejecutivo. "El Ejecutivo queda facultado con toda libertad para oponerse a las iniciativa que pretendan modificar los Presupuestos y sin que puedan los ¨®rganos parlamentarios emitir un juicio sobre el car¨¢cter manifiestamente infundado o no de tal oposici¨®n", se?alaba el Tribunal.

Pocos meses despu¨¦s, el Constitucional, en un recurso sobre el Pa¨ªs Vasco, dec¨ªa que "es posible un pronunciamiento de la Mesa sobre el car¨¢cter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno". Es decir, aparentemente sentenciaba lo contrario para Extremadura que para el Pa¨ªs Vasco.

Adem¨¢s, la propia presentaci¨®n de veto, aunque sea luego fallido, le sirve al Gobierno porque demora la aprobaci¨®n en la ida y venida de los pronunciamientos entre ejecutivo y legislativo. Por ejemplo, los grupos presentaron una proposici¨®n de ley para subir las pensiones el 1 de enero de 2017 y el Gobierno lo vet¨®, pero la Mesa este martes lo devolvi¨® al Gobierno para que lo reconsidere. Como no hay plazo de respuesta ya no se aprueba para el 1 de enero y ya ha ganado el Gobierno.

Para complicarlo todo m¨¢s, en las Cortes, desde 1978 el partido que m¨¢s ha utilizado el veto ha sido el PSOE, que es el que ahora encabeza la batalla contra La Moncloa. PP y Ciudadanos esgrimen precedentes de 2010 cuando el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero vet¨® y par¨® una proposici¨®n de ley de la oposici¨®n y, precisamente, sobre subida de las pensiones.

En la Mesa, el PP defiende que el veto es inamovible; el PSOE asegura que s¨ª se puede levantar; Ciudadanos defiende la potestad del Gobierno, condicionada solo a que afecte a Presupuestos y no sea arbitraria y Podemos quiere un acuerdo pol¨ªtico general para toda la legislatura.