La transparencia acaba en los tribunales
M¨¢s de la mitad de los recursos son del Gobierno, que pleitea con dinero p¨²blico para evitar dar informaci¨®n a los ciudadanos
Cuando entr¨® en vigor la Ley de Transparencia pocos preve¨ªan el alto grado de judicializaci¨®n que alcanzar¨ªa. Tras dos a?os en vigor, se han presentado 32 recursos ante los tribunales. La gran mayor¨ªa, del propio Gobierno para evitar dar informaci¨®n a los ciudadanos. La Abogac¨ªa del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o empresas p¨²blicas, una veintena de recursos porque no est¨¢ de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daban la raz¨®n a ciudadanos o asociaciones.
Poco a poco, esos recursos van avanzando, y ya se est¨¢ creando jurisprudencia sobre transparencia. Los tribunales han dictado 11 sentencias. Una de las m¨¢s relevantes respald¨® hace unas semanas al Ministerio de Hacienda, que no acepta la resoluci¨®n del CTBG que le instaba a publicar la lista de sociedades regularizadas gracias a la amnist¨ªa fiscal. El CTBG, organismo p¨²blico creado para velar por el cumplimiento de la ley, ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional.
¡°Apelamos en defensa de nuestra resoluci¨®n, pero tambi¨¦n porque entendemos que aunque una parte de la informaci¨®n tributaria debe ser protegida, no se puede dejar fuera de la rendici¨®n de cuentas a todo un sector¡±, asegura un portavoz del CTBG. Pese a que Hacienda defiende que toda la informaci¨®n tributaria est¨¢ protegida, difunde peri¨®dicamente una lista de contribuyentes que acumulan grandes deudas con el fisco, la ya c¨¦lebre lista de morosos. Una sentencia de la Audiencia Nacional permitir¨¢ aclarar qu¨¦ debe estar protegido y qu¨¦ deber¨ªa ser de acceso p¨²blico, se?alan desde el CTBG.
La creciente judicializaci¨®n ha supuesto un problema a?adido: el coste. El CTBG tiene que emplear dinero p¨²blico ¡ªhasta ahora algo m¨¢s de 25.000 euros¡ª en contratar abogados privados para pleitear contra la Administraci¨®n a la que, en realidad, tambi¨¦n pertenece. No solo eso: en el caso de la amnist¨ªa fiscal, tanto la Agencia Tributaria, a quien se le pide la informaci¨®n, como el propio Consejo dependen del mismo ministerio, el que encabeza Crist¨®bal Montoro. Los abogados del Estado ¡ªcon los que este organismo tiene un convenio firmado¡ªno pueden defender al Consejo porque ya lo hacen con el Gobierno.
Organizaciones como Access Info achacan estos problemas al papel del CTBG: ¡°Si el Consejo como organismo supervisor pudiese establecer resoluciones vinculantes, y se le dotase de poder inspector y sancionador, se desincentivar¨ªa el recurso ante los tribunales y el gasto de recursos p¨²blicos para desacreditar decisiones del organismo garante de la transparencia¡±, se?ala su portavoz, Alba Guti¨¦rrez.
Con 11 sentencias dictadas, empieza a haber jurisprudencia sobre qu¨¦ debe ser transparente
"Nos sorprende el n¨²mero tan elevado de litigios que se est¨¢n llevando a cabo por parte del Gobierno contra decisiones del CTBG", reconoce Guti¨¦rrez. "Pens¨¢bamos que principalmente iba a ser utilizado por los ciudadanos. Sin duda, la puesta en cuesti¨®n de las resoluciones del organismo experto establecido por la Ley para garantizar su cumplimiento es una muestra clara de lo que cuesta cambiar las din¨¢micas e introducir la cultura de transparencia en nuestro pa¨ªs", a?ade.
La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre alguno de los recursos presentados por empresas p¨²blicas contra el Consejo. Hace poco m¨¢s de un mes emiti¨® un fallo que obliga a Radio Televisi¨®n Espa?ola a facilitar los gastos del festival de Eurovisi¨®n de 2015. "La informaci¨®n solicitada a CRTVE, y que dicha corporaci¨®n niega alegando intereses econ¨®micos y comerciales, es una informaci¨®n de car¨¢cter p¨²blico", asegura la sentencia.
El tribunal desmonta los argumentos del ente p¨²blico, que ni siquiera contest¨® al ciudadano que le solicit¨® la informaci¨®n en primer lugar. Cuando este recurri¨® al Consejo de Transparencia por el silencio administrativo, le dieron la raz¨®n. El fallo de la Audiencia Nacional deja las cosas claras: "CRTVE se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y de tributos de entidades privadas, y por tanto de car¨¢cter p¨²blico. Y las cantidades asignadas a CRTVE pueden ser objeto de informaci¨®n a los ciudadanos".
RTVE no quiere que se sepa cu¨¢nto cost¨® el festival de Eurovisi¨®n, ni el presupuesto de los diferentes canales ni cu¨¢nto ha pagado por comprarle pel¨ªculas a la productora Video Mercury Films, propiedad de Enrique Cerezo. El ente p¨²blico se niega sistem¨¢ticamente a dar informaci¨®n en virtud de la Ley de Transparencia.
El Ministerio del Interior no quiere desvelar a un ciudadano informaci¨®n sobre la entrevista que hizo en un proceso de selecci¨®n de la Guardia Civil. Hace casi un mes, un juzgado aval¨® la resoluci¨®n del Consejo de Transparencia frente a la posici¨®n del Ministerio, que deneg¨® la solicitud al considerar que ten¨ªa car¨¢cter auxiliar o de apoyo y para garantizar la confidencialidad.
La empresa p¨²blica Ingenier¨ªa y Econom¨ªa del Transporte, S.A. (INECO), adscrita al Ministerio de Fomento, deneg¨® la solicitud de un ciudadano de conocer las retribuciones de su equipo directivo. Aleg¨® que solo estaba obligada a publicar el sueldo del presidente, pero un juzgado dio la raz¨®n al Consejo, que en una resoluci¨®n inst¨® a INECO a contestar al ciudadano.?
Renfe se sigue negando a publicar las condiciones de licitaci¨®n para el suministro de 15 trenes de Alta Velocidad que le pidi¨® un ciudadano y tambi¨¦n ha presentado recurso contencioso administrativo. Son algunos ejemplos de informaci¨®n que, por ahora, siguen fuera del alcance del p¨²blico, aunque el organismo encargado de interpretar la Ley de Transparencia diga que s¨ª deber¨ªan conocerse.
Sin reglamento
El Ejecutivo se comprometi¨® inicialmente a que la Ley de Transparencia tendr¨ªa el reglamento que la desarrolle aprobado en 2015. De hecho, lleg¨® a publicar un borrador en julio de ese a?o, del que no se volvi¨® a saber nada. El texto acab¨® en un caj¨®n despu¨¦s de que organizaciones como Access Info y Civio hicieran p¨²blicas sus cr¨ªticas.
El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno encontr¨® muchos problemas en la propuesta, como que dejaba sin aclarar cuestiones clave que alega el Gobierno para denegar informaci¨®n a los ciudadanos. Actualmente no hay un criterio claro sobre qu¨¦ se considera documento "auxiliar o interno" o qu¨¦ es "reelaboraci¨®n". Ambas cosas permiten rechazar peticiones de datos de la ciudadan¨ªa, y siguen abiertas a la interpretaci¨®n por su poca concreci¨®n. Casi terminado el 2016, la previsi¨®n actual del Gobierno es contar con esta norma durante 2017.
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