Las Autonom¨ªas regulan la protecci¨®n de los denunciantes de corrupci¨®n
Las Comunidades toman la delantera al Gobierno en la regulaci¨®n
Las Comunidades se han adelantado al Gobierno en la aprobaci¨®n de normativas para proteger a los denunciantes de corrupci¨®n de las represalias que puedan sufrir por revelar un delito. Aunque todos los partidos se han comprometido a aprobar una Ley nacional que proteja los puestos de trabajo de los informantes; preserve su identidad; o garantice que reciben asesor¨ªa jur¨ªdica gratuita, las cuatro principales formaciones no se han puesto de acuerdo a¨²n para iniciar los trabajos en el Congreso. Al tiempo, tres Autonom¨ªas han aprobado sus propias regulaciones entre noviembre y diciembre, otras cuatro han iniciado los tr¨¢mites para hacerlo en 2017 y Ciudadanos anunci¨® esta semana que impulsar¨¢ la reglamentaci¨®n en todas las Comunidades en las que tiene representaci¨®n.
Los cuatro principales partidos prometieron medidas de protecci¨®n para los denunciantes en sus programas electorales del 26-J. La Comisi¨®n parlamentaria para la auditor¨ªa de la calidad democr¨¢tica, la lucha contra la corrupci¨®n y las reformas institucionales y legales debe servir para elaborar una Ley nacional, seg¨²n los expertos. Sin embargo, los trabajos no han comenzado y algunas Autonom¨ªas se han adelantado.
¡°Una ley de estas caracter¨ªsticas permitir¨ªa que mucha gente se animase a denunciar, sobre todo los funcionarios y empleados p¨²blicos que conocen de primera mano lo que sucede en sus Administraciones y que ahora muchas veces se callan por temor a represalias de sus jefes directos, o de altos cargos pol¨ªticos, que prefieren mirar para otro lado, en el mejor de los casos, o que pueden estar implicados en actuaciones irregulares, en el peor¡±, resume Elisa de la Nuez, abogada del Estado, sobre la necesidad de que la Ley se impulse a nivel nacional. ¡°Estas represalias son a veces muy duras, en lo profesional y en lo personal¡±, recuerda la impulsora de la plataforma Hay Derecho, que ha elaborado una recomendaci¨®n sobre c¨®mo proteger a los informantes.
Gracia Ballesteros lo sabe bien. Denunci¨® la trama de corrupci¨®n de Acuamed, que presuntamente inflaba contratos de grandes obras hidr¨¢ulicas. Fue despedida. Un tribunal orden¨® indemnizarla y readmitirla. El Ministerio de Agricultura recurri¨®. A Ana Garrido, que alert¨® sobre c¨®mo operaba la trama G¨¹rtel en Boadilla del Monte, un municipio de Madrid, le ha ido incluso peor: de juicio en juicio, se ha quedado sin dinero y malvive vigilando siempre cualquier movimiento a sus espaldas. Los expertos proponen medidas para que dar el paso de acudir a los tribunales no salga tan caro. Por ejemplo, crear un organismo independiente que supervise la protecci¨®n de los denunciantes; blindar sus puestos de trabajo; proteger sus identidades; garantizarles servicios jur¨ªdicos gratuitos y tambi¨¦n los gastos m¨¦dicos en los que incurren para afrontar situaciones de m¨¢ximo estr¨¦s.
Sin embargo, las normativas auton¨®micas no cubren perfectamente esas recomendaciones. La Ley de garant¨ªas para los informantes de malas pr¨¢cticas en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n de Castilla y Le¨®n, por ejemplo, garantiza el puesto de trabajo del denunciante, y que mantenga sus condiciones laborales, salvo que ¨¦l mismo pida el traslado. Tambi¨¦n establece la obligatoriedad de preservar su anonimato... salvo en el caso de ¡°la presentaci¨®n deliberada de informaciones carentes de fundamento¡±, que podr¨ªa tener consecuencias ¡°en la v¨ªa penal y civil¡±. Esa redacci¨®n se repite en t¨¦rminos parecidos en la Ley de la Agencia de Prevenci¨®n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci¨®n de la Comunidad Valenciana, que adem¨¢s incluye la previsi¨®n de que los denunciantes sean asesorados legalmente con vistas a los juicios que probablemente afrontar¨¢n. Finalmente, la Ley de la Oficina de Prevenci¨®n y Lucha contra la Corrupci¨®n en las Islas Baleares, aprobada a principios de diciembre, dice que el informante "podr¨¢ solicitar la confidencialidad sobre su identidad, y el personal de la Oficina estar¨¢ obligado a mantenerla, excepto en el caso de que reciba un requerimiento judicial".
Los denunciantes seg¨²n la Autonom¨ªa
- Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana y Baleares han aprobado regulaciones sobre los denunciantes de corrupci¨®n.
- Arag¨®n, Navarra y Asturias han iniciado los trabajos para aprobar leyes o unidades anticorrupci¨®n que incluyen medidas de protecci¨®n a denunciantes.
- La oficina antifraude de Catalu?a ya protege a los denunciantes con medidas como garantizar su anonimato.
- El Parlamento de Cantabria acaba de instar al Gobierno a impulsar una ley nacional, comprometi¨¦ndose a adaptar la reglamentaci¨®n auton¨®mica en los seis meses siguientes a su tramitaci¨®n. Andaluc¨ªa votar¨¢ pr¨®ximamente una propuesta similar. Madrid ya lo hizo y no sali¨® adelante porque el PP y el PSOE no lo apoyaron.
¡°M¨¢s que una ley de protecci¨®n a los denunciantes, la iniciativa de Castilla y Le¨®n es una ley para desincentivar que m¨¢s personas denuncien corrupci¨®n¡±, opina Pedro Aranc¨®n, portavoz de la Plataforma x la honestidad, que hace lobby para que los partidos elaboren en el Congreso una ley nacional de protecci¨®n al denunciante. ¡°Penaliza a los denunciantes cuyas denuncias no queden sobradamente probadas¡±, subraya. ¡°Creemos que deber¨ªa regularse primero a nivel nacional y luego que las Autonom¨ªas lo hicieran acorde con la normativa estatal¡±.
El ejemplo de Suecia
¡°La sanci¨®n prevista en la Ley de Castilla y Le¨®n por si hay denuncias falsas creo que es muy preocupante y un aviso a navegantes. M¨¢s bien un intento por guardarse las espaldas¡±, coincide De la Nuez. ¡°Este tipo de cautelas no las hemos visto en la normativa que hemos manejado para elaborar nuestro dec¨¢logo y francamente me parecen a d¨ªa de hoy peligrosas, al menos mientras no haya garant¨ªas de imparcialidad e independencia en las Administraciones P¨²blicas y en los ¨®rganos que deben de recibirlas y tramitarlas¡±. Y recuerda: "En Suecia sancionan a quien intenta descubrir qui¨¦n ha denunciado la corrupci¨®n".
Los expertos piden a las formaciones que aceleren para consensuar una legislaci¨®n nacional. Tambi¨¦n dan una raz¨®n para explicar que Podemos y Ciudadanos parezcan m¨¢s proclives a impulsar esta medida que el PP y el PSOE: al contrario que las dos formaciones tradicionales, los dos nuevos partidos no han gobernado nunca, con lo que es m¨¢s dif¨ªcil que se les relacione con casos de corrupci¨®n nacidos en la Administraci¨®n.?
?Qu¨¦ efectos puede tener que las Autonom¨ªas hayan tomado la iniciativa? ¡°Todos los avances normativos tendr¨¢n un efecto positivo y de contagio que sirva de referencia para otras Comunidades, as¨ª como para un marco normativo a nivel estatal, que ser¨ªa lo deseable", dice Jes¨²s Lizcano, director de Transparencia Internacional en Espa?a.?"El tema es proporcionalmente urgente al nivel de corrupci¨®n en nuestro pa¨ªs, que es muy alto" .
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