Una tarjeta social para acabar con las duplicidades
La reforma de un sistema de financiaci¨®n obsoleto desde 2014 centra las negociaciones de la Conferencia de Presidentes
El acuerdo y desarrollo de un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mico es el objetivo ¨²ltimo de la primera Conferencia de Presidentes en cinco a?os. La mayor¨ªa de las fricciones entre el Gobierno y las comunidades pivota alrededor de un modelo de financiaci¨®n vigente desde su aprobaci¨®n en 2009, durante el mandato de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (PSOE), pese a que deber¨ªa haberse revisado en 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pospuesto su modificaci¨®n desde entonces, alegando que no se daban las condiciones necesarias en plena crisis. Madrid fue la primera regi¨®n que cuestion¨® el modelo de financiaci¨®n. Lo hizo en 2012, con Esperanza Aguirre (PP) todav¨ªa de presidenta. El resto de autonom¨ªas se sumaron progresivamente a las cr¨ªticas al modelo con independencia del partido que las gobernaba. Los argumentos que comparten los presidentes auton¨®micos son que es un modelo obtuso y que no cubre las necesidades de financiaci¨®n de las regiones.
El borrador de trabajo que la Secretar¨ªa de Estado para las Administraciones Territoriales remiti¨® a las comunidades aut¨®nomas el pasado viernes al mediod¨ªa para la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica parte del "amplio consenso" sobre la "necesidad de proteger" los avances sociales logrados en las cuatro d¨¦cadas transcurridas desde la restauraci¨®n de la democracia. Para ello es "oportuno", recoge el documento de 30 p¨¢ginas, "dar un fuerte impulso al proceso de actualizaci¨®n del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica para que, con la mayor objetividad, se adopte un acuerdo que garantice una financiaci¨®n suficiente" basada en la "equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal".
El primer paso ser¨ªa la creaci¨®n en el plazo m¨¢ximo de un mes de una comisi¨®n de expertos propuestos por el Gobierno y las comunidades para resolver los aspectos m¨¢s controvertidos del modelo actual. Uno de ellos es la dependencia. Las siete comunidades presididas por el PSOE presionaron en la reuni¨®n preparatoria de la semana pasada para que se incluya de forma espec¨ªfica dentro de la financiaci¨®n "dada la especial sensibilidad", reconoce el borrador de la Conferencia, que generan los servicios vinculados a la dependencia. Las autonom¨ªas del PSOE reprochan que el Estado no cumple con la financiaci¨®n al 50% de la dependencia y que en general no pasa del 15-20%. Tambi¨¦n se quejan, aunque en privado, algunas de las principales comunidades del PP. Adem¨¢s, m¨¢s de 355.000 personas de las personas con alg¨²n grado de dependencia reconocido (el 29% del 1,2 mill¨®n reconocidas a 31 de octubre) no reciben ninguna ayuda, denuncia la Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Para resolver el sudoku de su financiaci¨®n se constituir¨¢ una comisi¨®n en el plazo de un mes abordar la "sostenibilidad" de la dependencia y sus posibles v¨ªas de financiaci¨®n a futuro del Estado. El PSOE inst¨® a Rajoy a mediados de diciembre, en el d¨¦cimo aniversario de la aprobaci¨®n de la Ley de Dependencia impulsada por Zapatero, a dotarla de la financiaci¨®n necesaria.
Una tarjeta social para ganar eficacia y acabar con las duplicidades
La duraci¨®n de la crisis y el grave problema del desempleo (3,7 millones de espa?oles), unido a la alta precariedad laboral ¡ªhay consenso en avanzar en la mejora del sistema de Formaci¨®n Profesional para el empleo, en especial en materia de Formaci¨®n Dual¡ª, anima a los participantes en la Conferencia a "reforzar" la coordinaci¨®n entre los programas de los distintas administraciones p¨²blicas a trav¨¦s del impulso de una tarjeta social. La derivada es que, adem¨¢s, contribuir¨ªa a eliminar duplicidades y a mejorar la complementariedad de las prestaciones de las distintas administraciones. "La tarjeta social pretende ser una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales P¨²blicas, que permitir¨¢ conocer en tiempo real, gracias a su actualizaci¨®n permanente, las prestaciones sociales de contenido econ¨®mico que bajo distintas f¨®rmulas gestionan la Administraci¨®n General del Estado, las comunidades, las corporaciones locales e incluso ONG", reza el borrador de trabajo de la reuni¨®n.
Evitar la suspensi¨®n del suministro el¨¦ctrico o bono social es otro de los puntos de encuentro. El Gobierno recuerda el acuerdo alcanzado con el PSOE a finales de diciembre para combatir la pobreza energ¨¦tica. Su finalidad es "asegurar que los servicios sociales pueden intervenir antes de que se interrumpa el suministro en hogares con necesidades severas", para lo que resulta "fundamental" una colaboraci¨®n "estrecha" entre el sistema el¨¦ctrico y los servicios sociales de regiones y ayuntamientos. Adem¨¢s, se establece una cofinanciaci¨®n de las empresas del sector el¨¦ctrico, que complementar¨¢ los recursos econ¨®micos que las comunidades ya destinan a esta materia.
Un descenso en picado de la poblaci¨®n
La VI Conferencia de Presidentes alerta, m¨¢s all¨¢ de factores coyunturales, de los efectos de una baja natalidad, la disminuci¨®n del n¨²mero de j¨®venes y un "acusado" proceso de envejecimiento. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) dibujan en el horizonte un pa¨ªs de ancianos en el que los hogares de un solo habitante crecer¨¢n un 20%. El escenario que se plantea es tan dram¨¢tico que Espa?a perder¨ªa en 2066 hasta 5,4 millones de habitantes de los 46,4 millones actuales, equivalente al 11%. Sin que haga falta ir tan lejos, hoy son diez las comunidades aut¨®nomas con saldo vegetativo negativo. Y por primera vez en muchos a?os, en 2015 ha sido mayor el n¨²mero de defunciones que el de nacimientos. A 1 de enero de 2016 se computaron 99.439 habitantes menos que el a?o anterior, seg¨²n el INE (descenso del 2,7%).
Al mayor grado de envejecimiento, ruralidad, dispersi¨®n, o migraci¨®n de la generaci¨®n mejor preparada en busca de un trabajo acorde a su formaci¨®n hay que a?adir los "desequilibrios demogr¨¢ficos" y territoriales. La consecuencia es que mientras enormes zonas del centro de Espa?a se quedan vac¨ªas otras se transforman en "grandes zonas urbanas receptoras". Por ejemplo, la previsi¨®n es que la Comunidad de Madrid aumente en 331.453 habitantes su poblaci¨®n hasta 2031 (incremento del 5,2%). El problema es tan grave en algunas autonom¨ªas que representantes de Galicia y Castilla y Le¨®n (PP) y del Asturias y Arag¨®n (PSOE) han quedado la semana que viene para poner en marcha los estudios de un reto, el demogr¨¢fico, que amenaza con convertirse en crisis.
Baleares, gobernada por Francina Armengol (PSOE), ha logrado incluir dentro del reto de la planificaci¨®n demogr¨¢fica los costes de la poblaci¨®n flotante en las zonas m¨¢s tur¨ªsticas en la provisi¨®n de infraestructuras, de las pol¨ªticas de vivienda y del Estado del Bienestar. Espa?a bati¨® el a?o pasado su r¨¦cord de turistas extranjeros con 75,3 millones, 7,2 millones m¨¢s que en 2015 (subida del 9,9%).
Un pacto educativo que trascienda a los partidos
"Espa?a necesita un Pacto de Estado por la Educaci¨®n, un acuerdo que supere posiciones ideol¨®gicas partidistas". El documento de trabajo de la Conferencia de Presidentes apunta con una claridad poco habitual a uno de los or¨ªgenes del problema del sistema educativo, regulado por siete leyes en el periodo actual democr¨¢tico. Una de las consecuencias de la falta de acuerdo y la revisi¨®n de modelos que se aplicaron PP y PSOE en su alternancia en el Gobierno es, se?alan los expertos, que?Espa?a cerrase 2015 como l¨ªder de la UE en abandono educativo temprano (20%, nueve puntos m¨¢s que la media comunitaria.?
El PP, el PSOE y Ciudadanos acordaron en diciembre crear una subcomisi¨®n en el Congreso que impulse un pacto educativo para elaborar una nueva ley que sustituya a la LOMCE. Tras semanas de debate sobre si se deb¨ªa "derogar", "eliminar" o "cambiar", el consenso lleg¨® con su "sustituci¨®n". El primer avance constatable se produjo con la "suspensi¨®n" de las rev¨¢lidas.
Para alcanzar un acuerdo sobre la educaci¨®n es "imprescindible", recalca el borrador de la Conferencia, la "participaci¨®n activa de toda la comunidad educativa". Esto es, alumnos, familias, docentes, centros educativos, sindicatos, agentes sociales y econ¨®micos, asociaciones y fundaciones del sector "y, en general, de toda la sociedad espa?ola". Un reto may¨²sculo conociendo los precedentes.?
Excepciones para realizar contratos en la educaci¨®n y sanidad p¨²blicas
Superar los l¨ªmites de la tasa de reposici¨®n para ofertas p¨²blicas de empleo, que solo permite cubrir jubilaciones, es otra de las grandes banderas de las autonom¨ªas socialistas. Castilla-La Mancha hizo hincapi¨¦ en la "necesidad" de revisar la normativa vigente en la sesi¨®n preparatoria de la semana pasada. Gobierno y autonom¨ªas acordaron en el borrador de trabajo que, dentro del marco de la oferta p¨²blica de empleo anual que se apruebe en la Ley de Presupuestos, se proceder¨¢ al an¨¢lisis de las "especiales necesidades" en los sectores prioritarios de las autonom¨ªas, "en especial los de servicios sociales, educaci¨®n, sanidad, seguridad y emergencias". En este sentido, se "adoptar¨¢n las decisiones en materia de tasa de reposici¨®n, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administraci¨®n".
El presidente de Extremadura, Guillermo Fern¨¢ndez Vara, coordinador de la estrategia com¨²n de las autonom¨ªas del PSOE, subraya que superar la tasa de reposici¨®n permitir¨ªa acabar "con tanta interinidad" y adem¨¢s acabar¨ªa con la "proliferaci¨®n de contratos precarios" cuestionada por sentencias europeas. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de septiembre defiende igualar la indemnizaci¨®n entre fijos y temporales. Tambi¨¦n reconoce tambi¨¦n que los interinos tiene derecho a cobrar compensaci¨®n al acabar el contrato.
La Conferencia de Presidentes pretende que se lleve a cabo un an¨¢lisis del porcentaje de interinidad en los servicios p¨²blicos esenciales, singularmente en educaci¨®n y en sanidad, y "buscar" las f¨®rmulas "que permitan reforzar la estabilidad" de las plantillas de personal "en aras de garantizar una prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos de mayor calidad y sostenible financieramente".
La movilidad voluntaria de los empleados p¨²blicos entre las distintas Administraciones es otro de los asuntos sobre la mesa. La intenci¨®n es "facilitar" el proceso articulando los mecanismos y medidas que favorezcan el derecho de los funcionarios "a disfrutar dicha movilidad, tanto geogr¨¢fica como funcional, y promuevan asimismo un uso m¨¢s eficiente de los recursos de las Administraciones P¨²blicas". "Hoy por hoy es casi imposible que un bombero en la Comunidad Valenciana pueda ejercer su profesi¨®n en Castilla y Le¨®n. Y lo mismo pasa si quiere hacerlo en alguna de las provincias de su regi¨®n si no es uniprovincial", pone como ejemplo un presidente auton¨®mico.
Violencia de g¨¦nero
Incluido por los socialistas, el acuerdo sobre violencia machista recoge que se encomendar¨¢ al Gobierno la solicitud de la convocatoria de la comisi¨®n general de las comunidades aut¨®nomas del Senado para celebrar un debate monogr¨¢fico. El Congreso acord¨® por unanimidad el pasado noviembre un pacto de Estado en materia de violencia de g¨¦nero a suscribir entre el Ejecutivo, las comunidades aut¨®nomas y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias. Mariano Rajoy ha se?alado que el objetivo de este acuerdo es ¡°dar una batalla contundente y eficaz contra una lacra que desgraciadamente sufre en demas¨ªa el pa¨ªs¡±.
Ayuda a refugiados
La Conferencia de Presidentes ha acordado un plan de ayuda de emergencia ante la ¡°dram¨¢tica situaci¨®n que padecen miles de refugiados, agravada este invierno y los llamamientos de ayuda de distintas organizaciones¡±. Se coordinar¨¢ mediante la Cooperaci¨®n al Desarrollo de las Administraciones P¨²blicas. Espa?a solo hab¨ªa recibido a finales del a?o pasado a 898 de los 17.337 solicitantes de asilo que pact¨® con la UE. Es decir, tan solo un 5% del total.
Coordinaci¨®n de las Administraciones frente a las cat¨¢strofes
Otros acuerdos que en principio no deber¨ªan provocar grandes enfrentamientos sino todo lo contrario son la mejora de la cooperaci¨®n entre las diferentes administraciones. La coordinaci¨®n del sistema de protecci¨®n civil en caso de cat¨¢strofes como incendios ¡ªen los que se destinan medios de apoyo por parte del Estado y de unas comunidades a otras¡ª "no s¨®lo debe ser considerada como un objetivo para mejorar su funcionamiento, sino como una garant¨ªa de la calidad de la respuesta que van a recibir los ciudadanos". "Se trata de actuar con la m¨¢xima coordinaci¨®n, agilidad, eficacia y eficiencia, y de poner todos los medios al alcance de los poderes p¨²blicos para afrontar cualquier tipo de situaci¨®n de amenaza que afecte a la seguridad nacional", es el compromiso con el que llegaron todas las partes a la reuni¨®n en el Senado.
Para otorgar una periodicidad a la Conferencia de Presidentes se modificar¨¢ su reglamento para que se re¨²na una vez al a?o. Cada seis meses habr¨¢ una sesi¨®n preparatoria.
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