Nueve empresarios confirman la financiaci¨®n ilegal del PP de Camps
Los industriales pactan la confesi¨®n con la fiscal¨ªa ante el juicio de la rama valenciana de G¨¹rtel
Todos los empresarios imputados por financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones municipales y auton¨®micas del a?o 2007 y en las generales de 2008 han reconocido los pagos en dinero b a cambio de reducciones de condena. Seis nuevos empresarios han seguido los pasos del constructor alicantino Enrique Ortiz y de los industriales Alejandro Pons y Jos¨¦ Francisco Bevi¨¢ y han reconocido ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que realizaron abonos bajo cuerda por 1,2 millones a la mercantil Orange Market, del l¨ªder de la G¨¹rtel Francisco Correa, que se encargaba de realizar los actos electorales del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps. El partido, al mismo tiempo, desde su caja b valenciana, abon¨® a Orange Market durante aquellas campa?as electorales un total de 2,2 millones, seg¨²n la investigaci¨®n.
Los nuevos empresarios que han alcanzado un pacto con Anticorrupci¨®n son Vicente Cotino Escrib¨¢ (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tom¨¢s Mart¨ªnez Berna, Rafael Mart¨ªnez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.
Para encubrir los pagos ¡ªprohibidos por la legislaci¨®n electoral¡ª, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, "que no ten¨ªan una sustantividad real al modo de la contraprestaci¨®n de servicios". Seg¨²n ha adelantado la Cadena Ser, est¨¢ previsto que este viernes los empresarios acudan a la sede de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para rubricar el acuerdo, con el que esperan una reducci¨®n de las penas solicitadas inicialmente y que variaban entre los cuatro y los seis a?os de c¨¢rcel, por delitos electorales y de falsedad documental.
La ley de r¨¦gimen electoral impide que empresas contratistas de la Administraci¨®n financien campa?as electorales y, en todo caso, el importe m¨¢ximo que cada persona f¨ªsica o jur¨ªdica puede aportar a la cuenta electoral de cada partido pol¨ªtico es 6.012 euros.
Seg¨²n el juez De la Mata, "con el prop¨®sito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (...) contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a trav¨¦s de terceros". El magistrado recuerda que en ambos casos "tales pagos no quedaron reflejados en facturaci¨®n ni en contabilidad".
La empresa de eventos Orange Market fue la que sirvi¨® al l¨ªder de G¨¹rtel, Francisco Correa, para refugiarse en la Comunidad Valenciana despu¨¦s de que el PP nacional rompiera su relaci¨®n con ¨¦l a partir de 2004, cuando Mariano Rajoy lleg¨® a la presidencia de la formaci¨®n conservadora.
El juez De la Mata abri¨® el pasado 26 de febrero juicio oral contra cinco altos cargos del PP de Francisco Camps y contra diez empresarios ¨Cal d¨¦cimo, Jos¨¦ Enrique Fresquet, solo le acusa el PSOE- por la trama valenciana del caso G¨¹rtel. Ortiz, due?o del 70% del suelo urbanizable de Alicante, se sentar¨¢ en el banquillo junto con los cabecillas de la trama G¨¹rtel (Francisco Correa y ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes, entre otros), por pagar a la empresa Orange Market actos de campa?a del PP que luego se camuflaban supuestamente con facturas falsas.
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