¡°Hab¨ªa que proteger a las personas que estaban en primera l¨ªnea contra ETA¡±

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La defensa de Mario Fern¨¢ndez dice que ¡°estamos ante un juicio injusto¡±

El ¡®caso Kutxabank¡¯ sienta en el banquillo a Mario Fern¨¢ndez

¡°Hab¨ªa que proteger a las personas que estaban en la primera l¨ªnea contra ETA", ha declarado el expresidente de Kutxabank, Mario Fernandez, ante los magistrados de la sala sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Fern¨¢ndez ha explicado con ese argumento por qu¨¦ busc¨® una salida profesional al exdelegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, Mikel Cabieces, cuando ces¨® en enero de 2012. El banco increment¨® en 243.592 euros la iguala que ya manten¨ªa con el despacho de abogados de Bilbao, Rafael Alkorta, con el encargo expl¨ªcito de que contratara y remunerara a Cabieces a cambio de colaborar con el letrado.

"Desde octubre de 1997 hasta 2012 yo tuve tres escoltas todo el d¨ªa. Me sent¨ªa apelado por el tema del terrorismo", ha declarado en la segunda jornada del juicio, tras asegurar que un alto cargo del PP le solicit¨® ayuda para reincorporar a Cabieces al mundo laboral tras ser cesado en la Delegaci¨®n del Gobierno. Es lo que ha definido como "algo habitual", "una ley no escrita" para proteger a quienes hab¨ªan estado expuestos al terrorismo de la banda.

Fern¨¢ndez, Cabieces y Alkorta se enfrentan por ese contrato a un presunto delito de administraci¨®n desleal con un delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscal¨ªa de Bizkaia sostiene que los tres actuaron "de com¨²n acuerdo" para "causar un quebranto econ¨®mico a Kutxabank", y solicita una pena de dos a?os de prisi¨®n y 6.000 euros de multa para cada uno de ellos. A Fern¨¢ndez le defiende en la sala el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren. El expresidente del banco vasco, Alkorta y el propio Cabieces, se ha negado a responder a las preguntas de la acusaci¨®n popular, que ejerce la abogada de la izquierda abertzale y habitual de los presos de ETA, Jone Gorizelaia, en representaci¨®n de varios sindicatos.

Fernandez ha relatado que no le pareci¨® mal la invitaci¨®n que le trasladaron para buscar a Cabieces, -abogado laboralista de profesi¨®n-, una salida profesional, sobre todo "teniendo en cuenta que a una persona que tambi¨¦n estuvo en la primera l¨ªnea de la lucha contra ETA y al que encontraron acomodo en Chile le pegaron dos tiros cuando volvi¨® a pasar unos d¨ªas al Pa¨ªs Vasco". El expresidente no ha dicho su nombre, pero eso le sucedi¨® al subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, Juan Mar¨ªa Jauregi, asesinado por ETA en Tolosa en julio de 2000. El Ministerio de Interior le busc¨® en 1997 una salida laboral en Canarias, como directivo de la cadena de tiendas de aeropuertos Aldeasa. Meses despu¨¦s fue nombrado jefe de esta empresa para Latinoam¨¦rica y se instal¨® en Chile. Al volver unos d¨ªas a la localidad guipuzcoana fue asesinado por ETA. "Era una pol¨ªtica de Estado", sostiene el presidente de Kutxabank.

Adem¨¢s de J¨¢uregui, otros delegados del Gobierno encontraban acomodo en el sector p¨²blico cuando cesaban en su actividad al frente de los cuerpos policiales. Sucedi¨® con Enrique Villar (PP) y Paulino Luesma (PSOE) que fueron asignados a la embajada espa?ola en Lisboa, Portugal.

Cabieces, sin embargo, rechaz¨® ese destino por enfermedad de su esposa, y acept¨® empezar a trabajar en el despacho de Alkorta. El problema con el que se han encontrado los tres es que el nuevo presidente de Kutxabank, Goyo Villalabeitia, orden¨® una auditor¨ªa interna en 2015 y puso en conocimiento del Banco de Espa?a, de la fiscal¨ªa y del Banco Central Europeo la existencia de ese contrato que el subdirector general de Recursos Humanos,?Fernando L¨®pez de Egilaz, estim¨® que incorporaba "sobrecostes no oficiales".

Mario Fernandez devolvi¨® el dinero que hab¨ªa cobrado Cabieces con un tal¨®n de cerca de un cuarto de mill¨®n de euros en el momento en el que Villalabeitia le comunic¨® que hab¨ªa dudas sobre si el contrato hab¨ªa causado quebranto econ¨®mico a la entidad, en enero de 2015. Kutxabank retir¨® la acusaci¨®n, pero el caso ya estaba lanzado en los tribunales

L¨®pez de Egilaz, el mismo que se refiri¨® al contrato como un caso de "sobrecostes no oficiales" ha desmontado la auditor¨ªa interna y gran parte del caso, al asegurar que, pese a que todos los extremos del contrato se los dict¨® Mario Fern¨¢ndez "el contrato era normal". "Y por eso lo hice, si no lo hubiera denunciado", ha a?adido. A preguntas de Carlos Bueren ha declarado que "el contrato con Cabieces no tiene nada de oscuro ni de opaco, ni es irregular, como tampoco el concepto por el que se ampliaba la iguala con Alkorta".

Luchas intestinas

En el entorno de la entidad se atribuye la denuncia a las luchas intestinas, desconfianzas y rencillas personales entre los m¨¢ximos dirigentes del banco y de sus accionistas principales, las tres antiguas cajas vascas convertidas en fundaciones bancarias. Kutxabank, que abri¨® la caja de los truenos, ni siquiera se ha personado como acusaci¨®n particular. Mario Fern¨¢ndez sostiene por activa y por pasiva "que se siente enga?ado por Villalabeitia".

Jos¨¦ Ignacio S¨¢nchez Asia¨ªn, hijo del que fuera presidente del BBVA, era la mano derecha de Mario Fernandez y n¨²mero dos del banco en aquellos a?os. Villalabeitia lo relev¨®. En su opini¨®n la contrataci¨®n de Cabieces a trav¨¦s de Alkorta era justificable porque lleg¨® un momento en el que la compra de Caja Sur por parte de BBK antes de la fusi¨®n de las cajas, gener¨® un incremento de trabajo. "Saque la conclusi¨®n de que el presidente ten¨ªa alg¨²n compromiso, pero ten¨ªamos una necesidad de m¨¢s trabajo con Caja Sur, y vi que pod¨ªamos casar ambos asuntos" ha declarado.

La acusaci¨®n popular pide tres a?os y medio de c¨¢rcel para el exdelegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos a?os y tres meses de prisi¨®n para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fern¨¢ndez. La acusaci¨®n popular indica que los hechos que se enjuiciar¨¢n son constitutivos de un delito de administraci¨®n desleal del art¨ªculo 295 del C¨®digo Penal, un delito continuado de apropiaci¨®n indebida de los art¨ªculos 250.1 y 5; 252 y 74 del C¨®digo Penal y un delito de falsedad documental de los art¨ªculos 27 y 28 del C¨®digo Penal.