La juez ordena m¨¢s pruebas sobre los flujos de dinero del ¨¢tico de Ignacio Gonz¨¢lez
Las pesquisas incluyen una comisi¨®n rogatoria a EE UU para saber el destino de los fondos
La juez de Estepona (M¨¢laga) que investiga las operaciones de compraventa del ¨¢tico de lujo que tiene el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez en este municipio ha ordenado nuevas pruebas para intentar aclarar los movimientos de dinero alrededor de la vivienda, supuestamente comprada por el expol¨ªtico y su esposa, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 a la sociedad Coast Investors LLC, radicada en Delaware (Estados Unidos). Las pesquisas incluyen una petici¨®n a la Seguridad Social para que facilite una vida laboral del matrimonio entre 2008 y 2013 y una comisi¨®n rogatoria al pa¨ªs norteamericano para conocer los flujos de la cuenta bancaria de la mercantil en la que se habr¨ªan ingresado los fondos tras la compra del d¨²plex.
El paso dado por el Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Estepona se produce pocos d¨ªas despu¨¦s de recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa que aprecia ¡°suficientes irregularidades y lagunas de informaci¨®n¡± en las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble de la Costa del Sol. Coast Investors, constituida en marzo de 2008, compr¨® la vivienda dos meses m¨¢s tarde a un particular por 750.000 euros. La operaci¨®n la suscribi¨® su representante, Rudy Valner, quien supuestamente alquil¨® el ¨¢tico al matrimonio Gonz¨¢lez-Cavero en junio de ese a?o. El expresidente madrile?o y su esposa habr¨ªan comprado la casa en diciembre de 2012.
La polic¨ªa expres¨® sus dudas sobre los movimientos de dinero que rodean todas estas operaciones y propuso una serie de diligencias a la instructora del caso, que en estos momentos se centra en los presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica, blanqueo de capitales y cohecho. Gonz¨¢lez, Cavero y el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atl¨¦tico de Madrid, declararon como investigados en abril del a?o pasado por estos hechos. Las acusaciones personadas en el procedimiento vinculan el ¨¢tico con un supuesto soborno al ex alto cargo del PP. El informe de la UDEF tambi¨¦n precisa que en estos momentos a¨²n no puede determinar el origen de los fondos con los que se adquiri¨® la casa en 2008 ni poder establecer, por tanto, su posible ¡°ilicitud¡±.
Fuentes judiciales han explicado que la comisi¨®n rogatoria para las autoridades de Estados Unidos se est¨¢ traduciendo ya. La propia polic¨ªa advirti¨® de la urgencia de esta medida porque la informaci¨®n que se pide, centrada en la compra de 2012, podr¨ªa no estar disponible a partir de finales de a?o por ¡°la pol¨ªtica de conservaci¨®n de datos¡± en este pa¨ªs. Las fuentes recuerdan que la anterior petici¨®n de auxilio internacional no pudo cumplimentarse porque se refer¨ªa a las cuentas de Coast Investors de 2008 y los datos no estaban disponibles al haber pasado m¨¢s de cinco a?os.
La juez tambi¨¦n ha ordenado remitir distintos oficios a las entidades bancarias vinculadas a las cuentas desde las que supuestamente se abonaban los gastos cuando la vivienda estaba alquilada por el matrimonio, entre junio de 2008 y diciembre de 2012. Esta diligencia persigue aclarar otras sospechas de los investigadores. En su informe, fechado el 7 de febrero, apuntaban que ¡°no queda acreditado¡± que los pagos por ese arrendamiento ¡°se abonaran en tiempo y forma¡±.
Existen dudas sobre si se habr¨ªan pagado todas las facturas del alquiler, una ¡°apariencia descuidada¡± que, para la UDEF, puede deberse a que falte documentaci¨®n en la causa, aunque tambi¨¦n a que ¡°no exista realmente correspondencia entre facturas y transferencias, trat¨¢ndose de una simulaci¨®n, en la que se efectuar¨ªan ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud¡±.
El matrimonio Gonz¨¢lez-Cavero defiende que disfrut¨® del ¨¢tico en r¨¦gimen de alquiler entre junio de 2008 y diciembre de 2012, fecha en que lo compraron por 771.000 euros (sin deducir gastos, 741.000 una vez descontados). Esta cantidad se habr¨ªa cubierto con el finiquito que Cavero, propietaria del 80% del inmueble, recibi¨® en mayo de 2011 tras m¨¢s de 25 a?os en la patronal del sector el¨¦ctrico, que ascendi¨® a 713.475 euros brutos. La pareja ha aportado esta documentaci¨®n a la causa. Tanto el alquiler como la compra fueron suscritos con Coast Investors, una sociedad cuya actividad, seg¨²n la polic¨ªa, solo est¨¢ vinculada a esta vivienda de Estepona a pesar de que su objeto social es ¡°adquirir intereses sobre bienes inmuebles en el pa¨ªs de Espa?a¡±.
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