Las comunidades se juegan el reparto de 100.000 millones de euros

?Qu¨¦ criterio se utiliza para distribuir 100.000 millones de euros entre las comunidades? ?Es suficiente esa cantidad para sufragar la sanidad, la educaci¨®n y las prestaciones sociales? ?Hay que dar m¨¢s dinero a las m¨¢s pobres? ?Quien m¨¢s aporta debe recibir m¨¢s que la media? Estas y otras preguntas son las que aparecen cuando se profundiza en el complicado debate sobre la financiaci¨®n auton¨®mica. Una discusi¨®n que arreciar¨¢ en los pr¨®ximos meses porque el Gobierno acord¨® en la Conferencia de Presidentes auton¨®micos reformar el modelo de financiaci¨®n este mismo a?o. La semana pasada dio luz verde al grupo de expertos que tienen que presentar un boceto que luego perfilar¨¢n los pol¨ªticos regionales y finalmente colorear¨¢n los grupos en el Congreso.

La f¨®rmula de reparto es muy importante porque el dinero asignado ser¨¢ el que disponga cada territorio para pagar el grueso de sus gastos, que suponen las grandes patas del Estado de bienestar.

Desde que en 2002 el Estado complet¨® la transferencia de todas las competencias de sanidad y educaci¨®n a las comunidades el equilibrio financiero de las autonom¨ªas se ha debilitado. La crudeza de la crisis financiera, que se ha prolongado casi una d¨¦cada, ha terminado por desajustar un sistema de financiaci¨®n al que todas las comunidades tachan de insuficiente ante un gasto p¨²blico creciente. Esa insuficiencia, y una dosis de mala gesti¨®n, ha desbocado las deudas regionales, que en su mayor¨ªa son con el Estado. Por eso, varios territorios exigen ahora al Gobierno que les perdone esos cr¨¦ditos alimentados a golpe de d¨¦ficit p¨²blico.

El actual sistema se dise?¨® calculando las necesidades de gasto. Para ello se introdujo una variable ¡ª¡°la poblaci¨®n ajustada¡±¡ª que tiene en cuenta la poblaci¨®n, el envejecimiento, la dispersi¨®n geogr¨¢fica, los ni?os en edad escolar y la insularidad. Cada comunidad reclama que el factor que m¨¢s le conviene tenga m¨¢s importancia. Por ejemplo, donde el ¨¢mbito rural est¨¢ m¨¢s presente piden que la dispersi¨®n de los pueblos tenga m¨¢s protagonismo.

Las m¨¢s pr¨®speras reclaman sin embargo tener m¨¢s capacidad fiscal y m¨¢s poder de decisi¨®n sobre los impuestos. Entre esas dos posturas existen miles de matices. Como si se debe armonizar los tributos o permitir libertad total para subirlos o bajarlos.

La limitaci¨®n de la solidaridad entre los territorios ser¨¢ uno de los grandes debates en esta nueva edici¨®n de la financiaci¨®n. Eso es lo que los expertos denominan en el argot acad¨¦mico ¡°grado de nivelaci¨®n horizontal¡± y que marcar¨¢ las negociaciones. As¨ª se entienden t¨¦rminos como la ¡°ordinalidad¡±: que una comunidad conserve la misma posici¨®n relativa antes del reparto del sistema y despu¨¦s del mismo. Las m¨¢s ricas argumentan que el sistema solo debe garantizar el acceso a los mismos servicios en todos los territorios. Y para compensar a las comunidades menos desarrolladas, ya se buscar¨¢n otras v¨ªas.

En el fondo, el debate de la financiaci¨®n no deja de ser el eterno pulso entre los territorios m¨¢s pobres y despoblados y los m¨¢s pr¨®speros y urbanizados: entre el campo y la ciudad.

Y mientras ¡ªtodas a una¡ª reclaman m¨¢s dinero al Estado para sufragar sus gastos crecientes. El m¨¢s importante, la sanidad, es un servicio p¨²blico con continuos avances tecnol¨®gicos y farmacol¨®gicos que pide cada vez m¨¢s dinero, en un pa¨ªs envejecido y con m¨¢s enfermos cr¨®nicos por el alza de la esperanza de vida.

El sistema de financiaci¨®n afecta al proceso de federalizaci¨®n de Espa?a, en un momento en que el pa¨ªs se enfrenta adem¨¢s a otros desaf¨ªos territoriales, con Catalu?a inmersa en un proceso independentista. Pero como dicen algunos: el sistema no puede arreglarlo todo, solo lo fundamental.