El exgerente del PP madrile?o niega la financiaci¨®n ilegal ante el juez
El magistrado Velasco deja a Beltr¨¢n Guti¨¦rrez en libertad sin medidas cautelares tras tres horas de declaraci¨®n
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado este lunes en libertad sin medidas cautelares al exgerente del PP madrile?o Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, imputado en la pieza separada del caso P¨²nica sobre la financiaci¨®n ilegal del partido en esta comunidad. Fuentes jur¨ªdicas han informado que Guti¨¦rrez ha negado cualquier tipo de irregularidad en la financiaci¨®n del PP auton¨®mico durante la etapa en que Esperanza Aguirre fue presidenta regional.
Guti¨¦rrez ha declarado durante unas tres horas y ha respondido a todas las preguntas de todas las partes, seg¨²n las mismas fuentes. El exgerente ha salido del edificio judicial sin ser visto alrededor de las 13.25. La investigaci¨®n de la 14? pieza del caso P¨²nica permanece bajo secreto sumarial.
La presunta implicaci¨®n de Beltr¨¢n Guti¨¦rrez en el caso P¨²nica arranca con unas notas manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados. Los investigadores -y con ellos, el juez Eloy Velasco- sospechan que las mismas reflejan la supuesta entrega de dinero en met¨¢lico por parte de empresarios a una caja B del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones. Dichas notas, en las que figuraban diversas cifras e iniciales, pudieron ser interpretadas gracias al constructor David Marjaliza, que lleva desde el verano de 2015 colaborando con la Justicia. En las mismas aparec¨ªan las iniciales ¡®BG¡¯, que el que fuera socio de Granados relacion¨® con el extesorero de los populares de Madrid, junto a las de ¡®JLM¡¯, referidas presuntamente al empresario Javier L¨®pez Madrid.
Seg¨²n dichas anotaciones, ambos estaban ligados a la entrega de 2 millones de dinero, parte de los cuales supuestamente se embols¨® el que fuera secretario general del PP de Madrid, mientras el resto nutri¨® una contabilidad paralela de la formaci¨®n. Una interpretaci¨®n que Beltr¨¢n Guti¨¦rrez neg¨® cuando fue llamado a declarar, primero, por la Guardia Civil y, m¨¢s adelante, por el propio magistrado a comienzos del a?o pasado. Para entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya hab¨ªan registrado su despacho en la sede del partido as¨ª como su domicilio, donde se localizaron diversos equipos inform¨¢ticos y dispositivos de memoria cuyo contenido es el que ha provocado las diligencias ordenadas por el magistrado las ¨²ltimas semanas.
Entre ellas estaban, precisamente, su toma de declaraci¨®n -que tuvo que ser retrasada el jueves hasta hoy por la imposibilidad de su abogado de asistirla a la misma-, la del que fue consejero de Transportes y presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echeverr¨ªa, y la del empresario Arturo Fern¨¢ndez. La UCO tambi¨¦n se person¨® en las sedes de varias consejer¨ªas y de la empresa p¨²blica del suelo Arpegio para requerir documentaci¨®n sobre los contratos de las mismas con empresas de publicidad, ante la sospecha que parte del 1% de las adjudicaciones que se deb¨ªa dedicar a publicitar las obras acababa supuestamente desviado a la caja B de la formaci¨®n.
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