El Gobierno impulsa el cierre masivo de registros civiles
La propuesta de reforma garantiza una oficina por comunidad y deja en manos del ministerio o de cada autonom¨ªa que se mantengan las 8.000 restantes
Las protestas por los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para privatizar el Registro Civil, traspasando sus funciones a los registradores de la propiedad, forzaron en 2015 la paralizaci¨®n de la reforma de estos organismos p¨²blicos creados en 1870 para dejar solemne constancia de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora, de nuevo al frente del Ejecutivo pero sin mayor¨ªa absoluta, el PP vuelve a intentar "modernizar" este servicio p¨²blico con unos cambios legales que entrar¨¢n en vigor en parte el pr¨®ximo 30 de junio. Su propuesta mantiene el cierre masivo de miles de oficinas por la informatizaci¨®n de los tr¨¢mites y plantea que al frente de los registros civiles ya no est¨¦ ni un juez ni tampoco un registrador de la propiedad, sino un letrado de la Administraci¨®n de Justicia.
Si actualmente en Espa?a funcionan m¨¢s de 8.000 registros civiles (431 en juzgados de primera instancia y 7.667 en juzgados de paz), con la reforma del Gobierno la ley solo garantizar¨ªa una oficina por cada comunidad aut¨®noma, con la excepci¨®n de Canarias y Baleares, que contar¨ªan con una por isla. Si el Ministerio de Justicia y los gobiernos auton¨®micos as¨ª lo consideran, el borrador de reforma de la Ley 20/2011 permite crear otra Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes, un l¨ªmite que solo se podr¨¢ rebasar "por raz¨®n de la singular distribuci¨®n de la poblaci¨®n o por las caracter¨ªsticas del territorio".
Si el gobierno aut¨®nomo de turno decide mantener m¨¢s oficinas, ?tendr¨¢ que hacerse cargo de su financiaci¨®n? Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia eluden responder a esa cuesti¨®n hasta que la ley entre en vigor. "Esa es la jugada: cargarles el registro civil a las autonom¨ªas", afirma desde Sevilla Francisco Lasheras, presidente de la Federaci¨®n Estatal de Asociaciones Justicia de Paz, que con sus 225 jueces de paz afiliados es la mayor de Espa?a. Lasheras se confiesa muy preocupado por el futuro de este servicio que acerca la justicia a los habitantes de las localidades m¨¢s peque?as, envejecidas y mal comunicadas. "Si no se protesta [contra la reforma del Gobierno], dejaremos que se produzca una discriminaci¨®n tremenda entre los ciudadanos que viven en un lugar o en otro".
La alarma ha saltado tambi¨¦n entre los sindicatos. UGT y CC OO exigen al Gobierno una "rectificaci¨®n inmediata". Alternativas na Xustiza-CUT, una central asentada en Galicia, uno de los territorios con la poblaci¨®n m¨¢s dispersa y de m¨¢s edad, el proyecto supone, no solo la amortizaci¨®n de un mont¨®n de plazas de empleo p¨²blico, sino "el alejamiento absoluto de la justicia para los ciudadanos". Para esta central, los cambios impulsados por el Gobierno de Rajoy conllevar¨¢n tarde o temprano el fin de los juzgados de paz ¡ªGalicia cuenta con 272¡ª al vaciarlos de competencias.
"Es el fin del Registro Civil gratuito"
En estos dos a?os de paralizaci¨®n de la entrada en vigor de la ley de 2011 que reforma este servicio p¨²blico, los registros civiles ya han perdido atribuciones. Las tramitaciones de nacimientos y defunciones las pueden realizar ahora los hospitales y las autorizaciones de matrimonios, los Ayuntamientos. La tramitaci¨®n de los expedientes para la adquisici¨®n de la nacionalidad espa?ola por residencia ha pasado a manos de la Direcci¨®n General de los Registros y del Notariado, con sede en Madrid. "Con esta nueva f¨®rmula, el ciudadano tendr¨¢ que presentar la solicitud y correspondiente documentaci¨®n a trav¨¦s de aquellos gestores administrativos cuyo Colegio tenga firmado convenio con el Ministerio de Justicia, previo pago de la cantidad correspondiente", explican desde Alternativas na Xustiza.
El papeleo le puede salir al ciudadano por una media de 400 euros, calculan los sindicatos. Esta cantidad incluye, adem¨¢s de los honorarios del gestor, una tasa inicial de 100 euros y el coste de la prueba de conocimientos sobre Espa?a. Justicia replica que contratar a un gestor administrativo "no es en absoluto obligatorio". "Cuesti¨®n aparte es que los ciudadanos puedan utilizar sus servicios por su comodidad", se?alan desde el ministerio, donde admiten que est¨¢n firmando convenios con colegios profesionales de gestores para "facilitar las gestiones" y "mejorar la calidad de las solicitudes". "Es el fin del Registro Civil gratuito", proclaman los sindicatos.
El Gobierno precisa reunir una mayor¨ªa simple en las Cortes para sacar adelante la reforma de la Ley 20/2011 y asegura que ya mantiene negociaciones con otros grupos pol¨ªticos. Justicia promete que el cierre de registros civiles ser¨¢ "gradual" y "paralelo" al despliegue de una plataforma inform¨¢tica que propicie la creaci¨®n de "un Registro Civil digital". "El proceso ser¨¢ largo, de no menos de cinco a?os, y se abordar¨ªa de forma tranquila, flexible y dialogada", subrayan fuentes oficiales del ministerio.
El pr¨®ximo 30 de junio, cuando est¨¢ marcado que entre en vigor la ley de 2011 paralizada hasta hoy, se producir¨¢n algunos cambios inmediatos si el Gobierno saca adelante su reforma. Se crear¨¢ el Registro Civil Central en Madrid y los juzgados que actualmente acogen este servicio en exclusiva ser¨¢n autom¨¢ticamente suprimidos para convertirse en oficinas generales del Registro, quedando el magistrado de turno liberado y tomando las riendas el letrado de la Administraci¨®n de Justicia. Las dem¨¢s dependencias judiciales que realizan estas tareas, desde juzgados de primera instancia hasta jueces de paz, proseguir¨¢n con su labor hasta que la Administraci¨®n competente implante el nuevo modelo "teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias, t¨¦cnicas y organizativas". Eso s¨ª, aqu¨ª ser¨¢n tambi¨¦n los letrados de la Administraci¨®n de Justicia los nuevos encargados del registro.
La reforma pretende erradicar el papel de los registros, digitalizando los ingentes fondos dispersos por los 8.000 registros del pa¨ªs y dise?ando aplicaciones inform¨¢ticas comunes para todas las oficinas que permitan que los tr¨¢mites sean ¨ªntegramente telem¨¢ticos. Pero el ministerio evitar dar plazos y datos de inversi¨®n para este proceso. "Es pronto", afirman desde el departamento de Rafael Catal¨¢.
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