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El Gobierno canario impulsa un proyecto de ley que permite la actividad tur¨ªstica en el 10% de las propiedades agrarias en suelo r¨²stico. El articulado ha puesto en estado de alerta a las organizaciones ecologistas y ciudadanas, que temen que se reduzcan los controles, se liberalice el suelo y se abra paso a una nueva burbuja inmobiliaria. El texto, en tr¨¢mite en el Parlamento aut¨®nomo, deja v¨ªa libre a que los Ayuntamientos aprueben su propio planeamiento, algo que antes era responsabilidad de la comunidad aut¨®noma. Y contempla que, en aras del ¡°inter¨¦s auton¨®mico o insular¡±, puedan construirse de forma m¨¢s ¨¢gil proyectos de iniciativa privada o p¨²blica. El Gobierno, de Coalici¨®n Canaria, asegura que era necesario reducir la ¡°mara?a legislativa¡± del archipi¨¦lago.?

El Ejecutivo canario present¨® el cambio de normativa a principios de 2016 y prev¨¦ aprobarla antes del verano. Gobierna en minor¨ªa, pero el Partido Popular y los tres diputados de la Agrupaci¨®n Socialista Gomera han adelantado que dar¨¢n su voto a favor, por lo que el proyecto de ley podr¨ªa salir adelante con el apoyo de al menos 33 diputados, de los 60 que conforman la C¨¢mara. Se han presentado m¨¢s de 500 enmiendas parciales, entre ellas m¨¢s de un centenar de Coalici¨®n Canaria, que ahora mismo est¨¢n siendo debatidas. ¡°Casi todas las leyes del territorio en Canarias se aprobaron por consenso. Esta va a romper esa din¨¢mica¡±, explica Emma P¨¦rez-Chac¨®n, catedr¨¢tica de Geograf¨ªa F¨ªsica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y miembro del gabinete cient¨ªfico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.?

El proyecto de ley recoge la opci¨®n de que hasta el 10% de las propiedades agrarias en suelo r¨²stico, a excepci¨®n del que est¨¢ especialmente protegido, se dedique a actividades que complementen a la agricultura o la ganader¨ªa. Entre ellas se incluyen la producci¨®n de energ¨ªas renovables, las tur¨ªsticas o cualquier otra que genere renta complementaria. Aunque Nayra Alem¨¢n, portavoz socialista de Pol¨ªtica Territorial, afirma que se ha llegado a un acuerdo para evitar ese 10% y limitar el turismo alojativo a edificaciones ya preexistentes de un m¨¢ximo de 250 metros cuadrados, el tr¨¢mite parlamentario en Canarias no est¨¢ exento de viajes de ida y vuelta. El Consejo Consultivo de Canarias, que analiza que los textos legislativos del Parlamento se adec¨²en a la Constituci¨®n y al Estatuto, determin¨® que el proyecto de ley ¡°contempla una regulaci¨®n del suelo r¨²stico que ampl¨ªa notablemente los usos permitidos (¡­). En todos estos nuevos usos late (¡­) una utilizaci¨®n del suelo r¨²stico por motivos econ¨®micos¡±. ?

Esta posibilidad gener¨® la alarma de la Plataforma Canarias por un territorio sostenible, que se constituy¨® el a?o pasado para oponerse al proyecto de ley y que aglutina a sindicatos, asociaciones vecinales, grupos ecologistas, urbanistas, agricultores y acad¨¦micos. La plataforma teme que, de salir adelante el texto tal y como est¨¢ planteado, puedan surgir explotaciones tur¨ªsticas de forma desordenada en entornos privilegiados y que suba el precio del suelo y termine por expulsar a los agricultores. En Canarias, el suelo agrario cuesta 66.571 euros por hect¨¢rea, seg¨²n datos del Ministerio de Agricultura del a?o 2015. Es el m¨¢s caro de Espa?a y triplica al de la Comunidad Valenciana (con 19.983 euros), el segundo. ¡°No es que esta norma vaya a generar una nueva burbuja. Es que la burbuja ya est¨¢ aqu¨ª¡±, lamenta Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acci¨®n.?

Otro de los aspectos que m¨¢s preocupan a la Plataforma es que deje de ordenarse el territorio de cada isla en su conjunto y que los 88 municipios del archipi¨¦lago pasen a competir entre s¨ª. Este temor se debe a que el articulado otorga a los Ayuntamientos la potestad de aprobar su plan general urban¨ªstico. Normalmente el Ayuntamiento propone un plan y la comunidad aut¨®noma hace de filtro, porque es quien debe aprobarlo. ¡°Hay algunas excepciones en Asturias, Baleares, La Rioja, Galicia y Pa¨ªs Vasco, pero ning¨²n caso es comparable al de Canarias, donde los Ayuntamientos aprueban su propio planeamiento y tambi¨¦n lo eval¨²an. Esto es ins¨®lito¡±, sostiene Faustino Garc¨ªa M¨¢rquez, arquitecto urbanista y exdirector de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible.?

¡°Esta norma acaba con duplicidades de competencias y contradicciones¡±, aclara la consejera de Pol¨ªtica Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, quien asegura que no se elimina la supervisi¨®n de la comunidad aut¨®noma. En el archipi¨¦lago ahora hay normas ¡°que se contradicen entre s¨ª y plantean procedimientos complejos¡±, dice Barreto, de Coalici¨®n Canaria, partido que gobierna el archipi¨¦lago desde hace m¨¢s de 20 a?os.?

La opini¨®n de la consejera concuerda con la del empresariado canario. ¡°Aqu¨ª se sacaba una ley, luego un reglamento, luego un decreto... Hay una mara?a tan enorme que es imposible moverse. Ahora el Ejecutivo ha afrontado este cambio con valent¨ªa¡±, valora Mar¨ªa Salud Gil, presidenta de la Asociaci¨®n de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. Afirma que la legislaci¨®n actual ahuyenta la inversi¨®n y pide al Gobierno que no ¡°descafe¨ªne¡± el articulado en su tr¨¢mite parlamentario, a trav¨¦s de la aprobaci¨®n de enmiendas. ¡°Por esta ley hay 1.000 millones de euros esperando provenientes solo de media docena de mis empresas asociadas, que tienen expectativas e inter¨¦s en invertir¡±, asegura. ?scar Izquierdo, presidente de la Federaci¨®n Provincial de Entidades de la construcci¨®n de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), augura un ¡°impacto relevante¡± en la actividad econ¨®mica. Las patronales hotelera y tur¨ªstica en las dos provincias del archipi¨¦lago, FEHT y Ashotel, tambi¨¦n han acogido favorablemente el cambio normativo (su principal preocupaci¨®n es que se autorice el uso residencial en apartamentos tur¨ªsticos).?

Proyectos de inter¨¦s insular

¡°El proyecto de ley no contribuye a superar la actual mara?a legislativa¡±, se?ala el catedr¨¢tico en Derecho Administrativo de la ULPGC Manuel Sarmiento Acosta en un informe encargado por la fundaci¨®n C¨¦sar Manrique. ¡°Se observa escaso rigor y un excesivo uso de conceptos jur¨ªdicos indeterminados que puedan afectar negativamente a la seguridad jur¨ªdica¡±, advierte. Sobre todo en lo referente a los denominados como ¡°proyectos de inter¨¦s auton¨®mico o insular¡±, la tercera gran inquietud de la plataforma Canarias por un territorio sostenible. La ley no establece en base a qu¨¦ criterios un proyecto es de inter¨¦s general.?

Este instrumento permite a un promotor p¨²blico o privado proponer un proyecto en cualquier tipo de suelo, incluso en el especialmente protegido ¡°cuando no exista alternativa viable¡±. Si obtiene el visto bueno del cabildo pertinente o de la comunidad aut¨®noma, podr¨¢ salir adelante con un tr¨¢mite simplificado, incluida la evaluaci¨®n ambiental.?

¡°Este proyecto de ley es el paradigma neoliberal aplicado al territorio, el paradigma de la desregulaci¨®n¡±, explica Antonio P¨¦rez, sindicalista de CC OO y portavoz de la Plataforma Canarias por un territorio sostenible. ¡°La norma que permite que se haga lo que no se debe donde no se puede¡±, contin¨²a. La consejera de Pol¨ªtica Territorial lo niega: ¡°No, rotundamente. Esta ley no supone una liberalizaci¨®n¡±. Barreto afirma ¡°que no es una ley para los empresarios, como muchos dicen¡±. ¡°Cambia la relaci¨®n del ciudadano con la administraci¨®n, del que va al Ayuntamiento porque quiere hacerse una casa, por ejemplo. Cambia el sistema de licencias y comunicaciones previas. Se simplifican los tr¨¢mites¡±. La consejera asegura que los ciudadanos ser¨¢n los que m¨¢s se beneficien de la nueva normativa.