Condenados cuatro militares y un empresario por el pago de mordidas
Mandos de la Sanidad Militar ama?aron contratos a cambio de comisiones y prebendas
El Tribunal Militar Central ha condenado a penas que oscilan entre tres meses y tres a?os de c¨¢rcel a cuatro mandos militares y un empresario como miembros de una trama que adjudicaba ilegalmente contratos de la Inspecci¨®n General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa a cambio del pago de mordidas, favores y prebendas.
En una sentencia dictada el pasado d¨ªa 6, asegura que un teniente coronel de Intendencia un teniente, entonces subteniente, destinados en la Igesan, idearon un sistema para cobrar comisiones, que consist¨ªa en ama?ar contratos que deb¨ªan haberse sacado a concurso para adjudicarlos directamente, a veces incluso de manera verbal, a firmas propiedad de un empresario. Con este fin, fraccionaban contratos mayores para eludir la libre concurrencia; recurr¨ªan al procedimiento negociado sin publicidad, al que solo se presentaban firmas del citado empresario; y, cuando no pod¨ªan eludir el concurso p¨²blico, pactaban con el mismo los puntos del pliego de prescripciones t¨¦cnicas para que los incluyera en su oferta. En los contratos, seg¨²n el tribunal, se calculaba un ¡°beneficio exorbitante¡± para el adjudicatario, del que el 50% se abonaba a los dos mandos militares.
La sentencia detalla el pago de comisiones por contratos que totalizan 176.816 euros entre los a?os 2009 y 2013 y explica que, tantos los dos militares citados como el teniente coronel jefe de la Intervenci¨®n Delegada en la Igesan y responsable de controlar sus cuentas, manten¨ªan una relaci¨®n personal con el empresario, con quien sol¨ªan comer juntos y asistir ¡°a locales de esparcimiento de diferente ¨ªndole, algunos de alterne. Normalmente todas estas actividades eran financiadas por el empresario¡±, apostilla.
Adem¨¢s, el empresario emiti¨® una factura de 15.000 euros por una limpieza del garaje del Hospital Militar G¨®mez Ulla que nunca se ejecut¨®, a solicitud del teniente coronel, quien le dijo que iba a entregar el dinero al jefe de la Intervenci¨®n, ¡°que estaba pasando una mala racha¡±; mientras que el teniente le pidi¨®, tambi¨¦n para el interventor, dos facturas para blanquear el pago por asistencia a cursos que hab¨ªan hecho dos funcionarias. Adem¨¢s, una compa?¨ªa del mismo empresario hizo obras en un inmueble del teniente coronel por 4.335 euros que nunca cobr¨®.
El tribunal impone tres a?os de c¨¢rcel al teniente coronel jefe de la unidad de contrataci¨®n de la Igesan, y dos al teniente que interven¨ªa en la preparaci¨®n de los contratos y controlaba su ejecuci¨®n, por un delito continuado contra el patrimonio militar. Al teniente coronel jefe de la Intervenci¨®n lo castiga a seis meses de c¨¢rcel porque, como responsable de inspeccionar la actividad econ¨®mica de la unidad, ¡°no solo permiti¨® lo que estaba ocurriendo, siendo conocedor de ello, sino que se lucr¨® al admitir tanto dinero como contraprestaciones del empresario [aunque] su beneficio no fue permanente sino puntual¡±.
Al empresario lo condena por un delito de cohecho, pero limita la pena a tres meses y un d¨ªa de prisi¨®n al aplicarle la atenuante de colaboraci¨®n con la justicia. De hecho, el tribunal reconoce que la causa se inici¨® por una denuncia del empresario y que sin su testimonio no hubiera sido posible probar m¨¢s all¨¢ de irregularidades en la contrataci¨®n. Rechaza, sin embargo, su pretensi¨®n de presentarse como v¨ªctima de la extorsi¨®n de los militares y alega que este, con numerosos antecedentes penales, sab¨ªa lo que estaba haciendo y particip¨® activamente en la trama de corrupci¨®n.
Un caso aparte es el del coronel jefe de Administraci¨®n Econ¨®mica de la Igesan y militar de mayor graduaci¨®n de cuantos se sentaron en el banquillo. La sentencia admite que no se ha probado que este mando, defendido por el letrado Antonio Su¨¢rez-Vald¨¦s, ¡°participara en el reparto de comisiones ni que fuera conocedor de su existencia¡±, por lo que le absuelve del delito contra la hacienda militar. No obstante, le considera ¡°responsable ¨²ltimo de todo lo que pasaba en la contrataci¨®n¡± y le reprocha que no detectara las anomal¨ªas de sus subordinados, por lo que le condena a seis meses de prisi¨®n por imprudencia.
El coronel ya est¨¢ retirado, pero los otros tres militares podr¨¢n reincorporarse a la Fuerzas Armadas cuando cumplan condena, pues el tribunal ha rehusado aplicarles la pena de p¨¦rdida de empleo que reclamaban el Abogado del Estado y el fiscal. El teniente coronel y el teniente de la Igesan deben pagar 176.816 euros en concepto de responsabilidad civil.
La sentencia destaca que el patrimonio personal de varios condenados no se corresponde con sus ingresos como militares, pero reconoce que no puede probar que sea fruto de mordidas. Tambi¨¦n se queja de la inexplicable desaparici¨®n de algunos contratos.
Uno de los tres miembros del tribunal, ¨¦l ¨²nico general que no pertenece al cuerpo jur¨ªdico, suscribe un voto particular en el que pide la absoluci¨®n de los acusados, por considerar que no ha quedado probado el cobro de comisiones.
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