?Fiat iustitia pereat mundus?

La primera reacci¨®n que le ha pedido el cuerpo al Partido Popular es esta: la declaraci¨®n de Mariano Rajoy es poco menos que una conspiraci¨®n de una acusaci¨®n popular, Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (ADADE), cuya mano mece el PSOE, una acusaci¨®n que ha enga?ado al tribunal. Acto seguido se ha inventado una doctrina Bot¨ªn bis seg¨²n la cual una prueba admitida a iniciativa exclusiva de la acusaci¨®n popular, con la oposici¨®n de la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado, es una anomal¨ªa. Y, finalmente, denuncia que el tribunal ha aprobado lo que dos veces antes desaprob¨®.

Realmente, ?estamos ante el adagio latino de h¨¢gase justicia aunque perezca el mundo, como pretende dramatizar el PP?

Esperanza Aguirre ha declarado por escrito durante la instrucci¨®n del juez Pablo Ruz el 17 de diciembre de 2013 en su despacho de la calle G¨¦nova, acogi¨¦ndose al art¨ªculo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la declaraci¨®n de ciertos testigos. Aguirre entraba dentro de la categor¨ªa de testigo que tiene conocimiento de los hechos en su d¨ªa por raz¨®n de su cargo p¨²blico de presidenta de la Comunidad de Madrid (art¨ªculo 412.2.6).

La ma?ana de este jueves, d¨ªa 20 de abril, Aguirre declara en calidad de testigo en el juicio oral del caso G¨¹rtel. Lo hace ¡°concurriendo al tribunal¡±, seg¨²n regula para el juicio oral la ley de Enjuiciamiento Criminal en su art¨ªculo 702.

Cristina Cifuentes ha declarado como testigo este mi¨¦rcoles, d¨ªa 19, acogi¨¦ndose a hacerlo por escrito, en relaci¨®n con operaciones del Canal de Isabel II, tras la detenci¨®n del ex presidente del Canal, ex vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, y once personas m¨¢s.

No. Los magistrados no est¨¢n haciendo justicia aunque perezca el mundo. Todo lo contrario. Lo que han decidido es normal. Tanto es as¨ª que Rajoy, incluso, deber¨ªa haber ofrecido voluntariamente su declaraci¨®n.

?Por qu¨¦? Para colaborar con la justicia. El testigo colabora con la justicia y si el PP, como dice de boquilla, quiere colaborar, pues esta era la ocasi¨®n. Perdieron con su catilinaria del martes por la noche, la oportunidad.

Los tres magistrados del tribunal han sido coherentes. Los tres. En enero de 2016, al examinar la propuesta de medios de prueba de las partes, el presidente y ponente, ?ngel Hurtado, se opuso a la declaraci¨®n testifical de Rajoy, en tanto que los magistrados Julio de Diego y Jos¨¦ Ricardo de Prada se pronunciaron a favor.

Los tres estaban todav¨ªa bajo el efecto traum¨¢tico de la recusaci¨®n de los magistrados Concepci¨®n Espejel y Enrique L¨®pez, compa?eros, por as¨ª decir, de la secci¨®n segunda de lo Penal. Un pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vot¨® por mayor¨ªa a favor de la recusaci¨®n. Tanto De Diego como De Prada se alinearon con la recusaci¨®n.

Este antecedente no carece de inter¨¦s para explicar lo que viene a continuaci¨®n. Y es que la divisi¨®n ante la declaraci¨®n testifical de Rajoy mostraba a un tribunal fracturado antes de empezar el juicio oral convocado para octubre de 2016.

Por ello, los tres magistrados pactaron una f¨®rmula: inadmitir en ese momento la declaraci¨®n ¡°sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral¡±. Esto qued¨® escrito en un auto de primeros de febrero de 2016.

Por tanto, exist¨ªa el compromiso de reconsiderar la posici¨®n.

En julio de 2016, Luis B¨¢rcenas propuso que prestaran declaraci¨®n en el juicio oral tres exsecretarios generales del PP: Francisco ?lvarez-Cascos, Javier Arenas y ?ngel Acebes. Y, adem¨¢s, propon¨ªa a Rodrigo Rato y a Jaime Mayor Oreja. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inform¨® que se deb¨ªa ser generoso con la prueba, en l¨ªnea con el Tribunal Constitucional, y apoy¨® estas declaraciones.

El tribunal volvi¨® a dividirse. De Diego y De Prada apoyaron y Hurtado vot¨® en contra. Hubo que dictar un auto de admisi¨®n porque Hurtado anunci¨® voto particular.

Normalmente cuando se admite una testifical, si existe acuerdo un¨¢nime, no se motiva la resoluci¨®n. Pero cuando hay discrepancias y votos particulares es necesario dar los motivos en un auto. En cambio, cuando se inadmite una prueba, siempre es preceptivo explicar por qu¨¦ raz¨®n se rechaza, habida cuenta de que est¨¢ en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso, en relaci¨®n con una prueba.

Si el tribunal volvi¨® a inadmitir en las llamadas cuestiones previas del juicio oral la propuesta de citar a Rajoy fue precisamente porque segu¨ªa vigente lo pactado en enero de 2016, a saber, se reconsiderar¨ªa la testifical en funci¨®n del juicio oral. Y en aquel momento la fase del plenario propiamente dicho ¨Cdeclaraci¨®n de acusados y testigos- no hab¨ªa comenzado.

El desarrollo del juicio y otros indicios en la instrucci¨®n reforzaron la idea de citar a Rajoy por parte de De Diego y De Prada. Por otra parte, si se hab¨ªa convocado a tres ex secretarios generales ?por qu¨¦ no Rajoy, el cuarto secretario general? Mar¨ªa Dolores de Cospedal no. ?Por qu¨¦? Porque se examina el per¨ªodo 1999-2005, la llamada primera ¨¦poca de G¨¹rtel.

En cambio, para Hurtado no hab¨ªa duda. Ni antes ni durante el juicio.

Bien.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n exhibi¨® su generosidad con B¨¢rcenas y apoy¨® las ya citadas declaraciones con un criterio de amplitud en el ejercicio del derecho de defensa.

En cambio, no incluy¨® a Rajoy (B¨¢rcenas no propon¨ªa su declaraci¨®n) el cuarto exsecretario general, ex vicesecretario general y actual presidente del PP. La coherencia aqu¨ª brilla por su ausencia.

Y al volver a examinar el asunto la ma?ana del pasado martes, d¨ªa 18, apunt¨® que la declaraci¨®n de Rajoy ser¨ªa ¡°redundante¡±.

?Qu¨¦ se supone ahora que Rajoy va a declarar? ?Qu¨¦ las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicol¨¢s no preguntar¨¢n nada a Rajoy por ser ¡°redundante¡±?

Bien.

El tribunal est¨¢ elaborando ahora mismo el auto de admisi¨®n de la prueba porque Hurtado presentar¨¢ voto particular y para hacerlo se requiere conocer las razones de la mayor¨ªa.

Los indicios son tan numerosos que, en rigor, se agradece que tengan que fundamentarlo, porque todo quedar¨¢ claro negro sobre blanco.

Los magistrados deber¨¢n notificar a Rajoy que ser¨¢ llamado a declarar como testigo. Y habr¨¢ que ver como se compagina su agenda de obligaciones con el calendario ya acordado por el tribunal. Pero en un juicio largo como el G¨¹rtel no hay problema para fijar una fecha.

Resta el problema de su presencia en el juicio. El tribunal le notificar¨¢ a Rajoy que es testigo y se barajar¨¢n fechas. Ser¨¢ Rajoy quien deber¨¢ proponer una alternativa, si as¨ª lo desea, a lo que es normal: su presencia en la sala de juicio.

La Asociaci¨®n Jueces para la Democracia ha defendido este mi¨¦rcoles 21 de abril al tribunal frente a los ataques del Partido Popular y tambi¨¦n a la acci¨®n popular.

Pero es interesante citar lo que afirma sobre la comparecencia de los testigos en juicio oral.

¡°La necesidad de la presencia del testigo en el juicio oral es una exigencia de los principios de inmediaci¨®n y contradicci¨®n, por lo que salvo los miembros de la Familia Real, quienes sean llamados como testigos tienen la obligaci¨®n de comparecer¡±, se?ala.

Y a?ade: ¡°En el caso del Presidente del Gobierno, en fase de instrucci¨®n, est¨¢ exento de comparecer ante el Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tenga conocimiento por raz¨®n de su cargo. Y se le tomar¨¢ declaraci¨®n en su domicilio o despacho oficial cuando se trate de cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por raz¨®n de su cargo¡±.

Por tanto, existe una diferencia, seg¨²n hemos apuntado antes, entre instrucci¨®n y juicio oral, art¨ªculos 412 y 702, respectivamente. Algunos de estos preceptos se han modificado y su redacci¨®n no es precisamente un dechado de claridad.

El PP, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, juega con la idea de que Rajoy declare por videoconferencia, una circunstancia que el art¨ªculo 731 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal limita a menores u otros casos excepcionales.

La videoconferencia supone un problema: no cumple con el requisito de la inmediaci¨®n. No es lo mismo el testigo a trav¨¦s del plasma que en la sala de juicios.

El tribunal, si Rajoy lo pide, tendr¨¢ que deliberar y resolver.