PP y PSOE dejan en el limbo la nueva ley de Secretos Oficiales
La reforma de la norma franquista no se ha empezado a tramitar m¨¢s de cinco meses despu¨¦s de admitirse a tr¨¢mite
El pleno del Congreso aprob¨® el pasado 29 de noviembre la toma en consideraci¨®n de una proposici¨®n de ley de reforma de la ley de Secretos Oficiales de 1968 impulsada por el PNV. Sin embargo, m¨¢s de cinco meses despu¨¦s, la actualizaci¨®n de esta ley franquista, que todo el mundo reconoce que est¨¢ obsoleta, ni siquiera ha iniciado su tramitaci¨®n. El PP y el PSOE la mantinen en el limbo al prorrogar cada semana, en la Mesa del Congreso, el plazo de enmiendas. El desinter¨¦s pol¨ªtico puede frustrar una medida imprescindible para los historiadores.
La prueba de que la ley de Secretos Oficiales no es una prioridad es que su reforma lleva casi cuatro d¨¦cadas de retraso y ha convertido a Espa?a en uno de los pocos pa¨ªses que no tienen un procedimiento autom¨¢tico de desclasificaci¨®n de documentos pasado un periodo de tiempo, que el texto del PNV fijaba en 25 a?os para las materias secretas y 10 para las reservadas.
En Espa?a los secretos son eternos ¡ªsalvo que haya un acto expreso de desclasificaci¨®n¡ª lo que obliga a los historiadores a recurrir a archivos extranjeros para documentar episodios de la propia historia.
Archivo cerrado a los investigadores
El Ministerio de Exteriores transfiri¨® en septiembre de 2012 al Archivo General de la Administraci¨®n (AGA) 40.000 cajas y legajos que hasta entonces pod¨ªan ser consultadas en el propio departamento. Casi cinco a?os despu¨¦s, esta documentaci¨®n sigue sin ser de acceso p¨²blico.
Aunque en teor¨ªa se trataba de un cierre temporal (mientras se inventariaban los fondos), ¡°el trabajo avanza lento dadas las importantes limitaciones de medios que padecemos¡±, seg¨²n alegan los responsables del AGA. Los investigadores solo pueden acceder a documentos ya citados en obras publicadas, si tienen la referencia del legajo y expediente, pero no a fuentes in¨¦ditas.
A esta dificultad material se suma el acuerdo del Consejo de Ministros de? octubre de 2010, que declar¨® secreta la pr¨¢ctica totalidad de la documentaci¨®n diplom¨¢tica. Los ¨²nicos fondos dispobibles, en el Archivo Hist¨®rico Nacional, son los que van del siglo XVI al a?o 1931. Como en tiempos de Ram¨®n y Cajal, investigar en Espa?a sigue siendo llorar.
Al contrario que las proposiciones no de ley, que carecen de efectos legales, las proposiciones de ley modifican la legislaci¨®n. Por eso, investigadores e historiadores saludaron en noviembre pasado la admisi¨®n a tr¨¢mite de una iniciativa del PNV que por fin abr¨ªa la puerta a modificar una ley que data la dictadura, con retoques preconstitucionales (octubre de 1978).
Con lo que no contaban era con los vericuetos del reglamento del Congreso. Proyectos y proposiciones de ley disponen de un plazo de presentaci¨®n de enmiendas tras el cual se forma la ponencia que debe debatirlas en la correspondiente comisi¨®n; en este caso la Constitucional. Basta con que dos grupos parlamentarios pidan la ampliaci¨®n de este plazo, sin necesidad de esgrimir ning¨²n motivo, para que se ampl¨ªe una semana.
Desde que acab¨® el plazo ordinario de la Ley de Secretos Oficiales, el pasado 6 de febrero, PP y PSOE ¡ªa veces con el respaldo de otros grupos¡ª han pedido doce pr¨®rrogas sucesivas de una semana de duraci¨®n cada una, la ¨²ltima hasta el 8 de mayo.
Como no hay un l¨ªmite m¨¢ximo de pr¨®rrogas, la proposici¨®n podr¨ªa quedarse bloqueada indefinidamente, hasta que decayera por disoluci¨®n de las Cortes.
Aitor Esteban, portavoz del PNV, considera ¡°sorprende¡± esta actitud; sobre todo por parte del PSOE, que apoy¨® la admisi¨®n a tr¨¢mite de la proposici¨®n. Alega que lo habitual es pedir dos o tres pr¨®rrogas, pero no una docena, como es el caso, y denuncia el ¡°embalsamiento¡± de su iniciativa, bloqueada en la Mesa del Congreso. ¡°Por no pensar mal, la ¨²nica explicaci¨®n que se me ocurre es que el PP le haya dicho al PSOE que va a presentar un proyecto de ley sobre el mismo tema y quiere negociarlo con ¨¦l¡±, explica. Esteban sospecha que existe ¡°una acci¨®n coordinada¡± de PP y PSOE para bloquear propuestas sobre asuntos sensibles, como Interior y Defensa. ¡°No s¨¦ lo que hay, pero a los hechos me remito¡±, concluye.
Fuentes socialistas sostienen que que no tienen inter¨¦s en retrasar la tramitaci¨®n de la iniciativa pero admiten que, al no ser suya, se suman autom¨¢ticamente a la petici¨®n de pr¨®rroga.
De su lado, el PP, que se abstuvo en la votaci¨®n de la propuesta, descarta que el Gobierno vaya a presentar un proyecto de ley, aunque admite su intenci¨®n de ¡°darle la vuelta¡± a trav¨¦s de enmiendas. ¡°En su momento hablamos con el PSOE de la necesidad de llegar a un pacto que incluya al mayor n¨²mero de grupos, pero no hemos vuelto a tratar el asunto¡±, sostienen fuentes gubernamentales. Respecto al retraso, lo atribuyen al hecho de que haya habido otras prioridades, que han impedido abordarla hasta ahora.
Lo cierto es que las perspectivas a medio plazo no son halag¨¹e?as: la tramitaci¨®n de los presupuestos generales del Estado copar¨¢ la actividad parlamentaria en los pr¨®ximos meses y no ser¨¢ f¨¢cil encontrarle un hueco.
La recientemente fallecida Carme Chac¨®n prepar¨® durante su etapa al frente del Ministerio de Defensa la desclasificaci¨®n de 10.000 documentos, pero esta medida fue descartada por su sucesor, Pedro Moren¨¦s.
A ello se suma un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que declaraba secretos pr¨¢cticamente todos los informes del Ministerio de Exteriores. El anterior jefe de la diplomacia espa?ola, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo, prometi¨® en agosto de 2013, en una carta al profesor Carlos Sanz D¨ªaz, que el Gobierno cambiar¨ªa este acuerdo para permitir ¡°un acceso m¨¢s f¨¢cil y libre a la documentaci¨®n, con algunas excepciones¡±. Nunca lo hizo.
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