El Congreso aprobar¨¢ sacar a Franco del Valle de los Ca¨ªdos
El pleno debatir¨¢ y votar¨¢ este martes una proposici¨®n no de ley del PSOE
El pleno del Congreso debatir¨¢ y, probablemente, aprobar¨¢ el martes pedir al Gobierno la exhumaci¨®n de los restos de Francisco Franco del Valle de los Ca¨ªdos. Se trata de una proposici¨®n no de ley presentada por el PSOE, que no es de obligado cumplimiento ni ejecutiva, pero que tiene valor pol¨ªtico y simb¨®lico, porque ser¨¢ la primera vez que lo aprobar¨¢ el pleno del Congreso. En marzo, la Comisi¨®n Constitucional aprob¨® un texto igual, pero ahora ser¨¢ el pleno de la C¨¢mara. Entonces, solo el PP se opuso, por lo que la repetici¨®n de aquella votaci¨®n garantiza la aprobaci¨®n.
El texto que presentaron los socialistas pide ¡°proceder a resignificar la funci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos para que deje ser un lugar de memoria franquista y nacional-cat¨®lica y reconvertido en espacio para la cultura de la reconciliaci¨®n, de la memoria colectiva democr¨¢tica, y de dignificaci¨®n y reconocimiento de las v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumaci¨®n de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Ca¨ªdos, as¨ª como a la exhumaci¨®n de los restos de Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera para su reubicaci¨®n ¡ªen su caso¡ª en un sitio no preeminente del edificio¡±.
El texto se remite a un informe del Ministerio de la Presidencia del 29 de noviembre de 2011, elaborado a instancias del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
Los grupos admitir¨¢n a tr¨¢mite eliminar los plazos de instrucci¨®n
El Congreso dar¨¢ el martes el primer paso para derogar una de las reformas m¨¢s pol¨¦mica de la legislatura de la mayor¨ªa absoluta del PP: el art¨ªculo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece plazos m¨¢ximos para la instrucci¨®n de sumarios. El pleno, previsiblemente, admitir¨¢ a tr¨¢mite una proposici¨®n de ley de Unidos Podemos con un art¨ªculo ¨²nico para derogar el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Acortar los plazos de investigaci¨®n sin incrementar los medios, en la pr¨¢ctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigaci¨®n de delitos se complete en los plazos previstos. Ello tendr¨¢ especial incidencia en las instrucciones m¨¢s complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudaci¨®n y de corrupci¨®n, y la criminalidad organizada", asegura la exposici¨®n de motivos.
La proposici¨®n no de ley que se somete al pleno exige una serie de medidas de desarrollo de la Ley de Memoria Hist¨®rica que, en su opini¨®n, qued¨® frenada en 2011 con el Gobierno de Mariano Rajoy. ¡°Se dejaron de dotar presupuestariamente estas medidas (en especial las relativas a la localizaci¨®n de fosas), se suprimi¨® la Oficina de V¨ªctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y se han frenado los procedimientos para certificar las todav¨ªa escasas declaraciones individuales de reparaci¨®n, entre muchos otros ejemplos. El Gobierno del Partido Popular, en definitiva, acab¨® eliminando la partida presupuestaria para darle efectividad con el incre¨ªble argumento de que, en situaci¨®n de crisis econ¨®mica, se ¡®suspend¨ªa¡¯ la aplicaci¨®n de la ley; una partida que en el ¨²ltimo Presupuesto con un Gobierno socialista fue dotada con 6,25 millones de euros y que desapareci¨® en el Presupuesto de 2013¡±, asegura.
El texto insta a recuperar esas partidas presupuestarias y a ¡°impulsar la retirada de s¨ªmbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura, aplicando de forma plena y no arbitraria la ley, y evitando as¨ª toda exaltaci¨®n de la sublevaci¨®n militar, de la Guerra Civil y de la represi¨®n de la dictadura, en el convencimiento de que los s¨ªmbolos y monumentos p¨²blicos han de ser ocasi¨®n de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio¡±.
Tambi¨¦n incluye ¡°promover la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad, en la l¨ªnea de las recomendaciones de Naciones Unidas¡± y ¡°estudiar la cuesti¨®n de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana¡±.
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