La ley de ruptura prev¨¦ amnistiar a todos los condenados por la causa independentista

La ley que prepara la Generalitat para romper con Espa?a persigue amnistiar a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista. Esta medida afectar¨ªa directamente al expresidente Artur Mas, al que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a impuso una pena de dos a?os de inhabilitaci¨®n por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. La ley fundacional tambi¨¦n contempla que la futura justicia catalana arrebate al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramita en la actualidad.

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La justicia ha ido estrechando poco a poco el margen de actuaci¨®n de los soberanistas, cuyos pasos son ahora mirados con lupa, lo que ha sembrado de dudas el otrora monol¨ªtico bloque independentista. El punto de inflexi¨®n fue la consulta del 9-N, un hito que sirvi¨® para encender las alarmas en todas las instituciones del Estado sobre la envergadura del desaf¨ªo secesionista.

Desde entonces, la fiscal¨ªa y los tribunales observan de cerca cualquier movimiento de la Generalitat y del Parlamento catal¨¢n destinado a la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal que intente legitimar la secesi¨®n. Como consecuencia de esta presi¨®n, en los ¨²ltimos meses han sufrido penas de inhabilitaci¨®n Mas, el diputado y exconsejero de Presidencia Francesc Homs o las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Todos ellos est¨¢n condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N.

Paralelamente, jueces y fiscales han puesto en marcha investigaciones para controlar las decisiones que est¨¢n adoptando el Parlamento catal¨¢n y la Generalitat para impulsar la ruptura con Espa?a. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado como imputada por desobedecer tambi¨¦n al Constitucional, que ya ha advertido en varias ocasiones a la C¨¢mara y al Gobierno aut¨®nomo del riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Adem¨¢s, est¨¢n en marcha investigaciones sobre la compra de urnas y de papeletas para la posible convocatoria de un refer¨¦ndum, iniciativas que han llevado la incertidumbre al bloque independentista.

La ley fundacional persigue una amnist¨ªa general, tanto para los ya condenados como para los investigados en las causas que est¨¢n en curso. As¨ª, la norma establece que una vez lograda la independencia, los juzgados catalanes sobreseer¨¢n o anular¨¢n "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscar¨¢n un pronunciamiento democr¨¢tico sobre la independencia de Catalu?a o la creaci¨®n de un nuevo Estado de manera democr¨¢tica o no violenta". Esta es una demanda reiterada de algunos de los m¨¢rtires del soberanismo, como Mas, que ha sido incluida en la ley de ruptura.

Adem¨¢s, el proyecto legal subraya que los juzgados catalanes asumir¨¢n todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitir¨ªa extinguir de cualquier responsabilidad penal a todas los altos cargos catalanes que ahora est¨¢n bajo sospecha.