Anticorrupci¨®n pide interrogar a dos alcaldes, cuatro concejales y un ex alto cargo del PP por la P¨²nica

A la espera de que se oficialice quien ocupar¨¢ el Juzgado Central de Instrucci¨®n 6 tras la salida de Eloy Velasco, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha planteado la pr¨¢ctica de nuevas diligencias dentro del caso P¨²nica. Entre ellas, la toma de declaraci¨®n de 31 personas por su presunta implicaci¨®n en los ama?os de contratos municipales de eficiencia energ¨¦tica en favor de la empresa Cofely. Entre ellos se encuentra los actuales alcaldes del PP en las localidades madrile?as de Brunete y Torrej¨®n de Velasco, Borja Guti¨¦rrez y Esteban Bravo, y otros cuatro concejales de diversos municipios de la comunidad. Adem¨¢s figura el que fuera director general de Industria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos L¨®pez Jimeno, quien dimiti¨® al trascender el contenido de un informe de la UCO que le acusaba de supuestas irregularidades al frente de dicho puesto. En este mismo escrito, Anticorrupci¨®n propone iniciar los tr¨¢mites para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haga cargo de la investigaci¨®n referida al hoy diputado de la Asamblea Bartolom¨¦ Gonz¨¢lez.

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El escrito de la fiscal¨ªa, al que ha tenido acceso EL PA?S, fue remitido a la Audiencia Nacional el pasado 23 de mayo, s¨®lo unas horas antes de que Velasco abandonase el juzgado. Con ¨¦l y con otros cinco documentos que tambi¨¦n se presentaron ese d¨ªa y el siguiente, las dos responsables de Anticorrupci¨®n en el caso P¨²nica, Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez y Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢, planteaban al magistrado que se prolongara la instrucci¨®n de la causa otros 18 meses y se realizan numerosas diligencias en las 16 piezas separadas en las que se ha dividido la causa. En una de ellas, la n¨²mero 6, referida a las supuestas irregularidades para contratar a Cofely en ayuntamientos, las dos fiscales recordaban que la Guardia Civil estaba a punto de finalizar sendos informes referidos a los municipios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz), y reclamaban "formalizar" ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "la petici¨®n correspondiente" para que investigara al exalcalde de Alcal¨¢ de Henares y hoy aforado en su condici¨®n de parlamentario regional Bartolom¨¦ Gonz¨¢lez.

Junto a ello, Anticorrupci¨®n ped¨ªa que se iniciase la toma de declaraci¨®n de 31 personas por su relaci¨®n con varios contratos municipales bajo sospecha, De ellos, nueve son empleados de Cofely, la empresa adjudicataria de los mismos, pero tambi¨¦n hay numerosos funcionarios de los ayuntamientos de Parla, Torrej¨®n de Velasco, Serranillos del Valle, Moraleja de Enmedio, Casarrubuelos, Alcal¨¢ de Henares y Brunete, a algunos de los cuales los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) se?alan como presunto implicados. Junto a ellos tambi¨¦n aparecen cargos p¨²blicos en ejercicio y otros que lo dejaron de ser tras las elecciones municipales de 2015. Hasta el momento ninguno ha sido imputado judicialmente, aunque algunos ya han declarado con abogado ante los agentes de la Guardia Civil. Entre ¨¦stos se encuentra Borja Guti¨¦rrez, alcalde del PP en la localidad de Brunete. La investigaci¨®n relaciona a Guti¨¦rrez con el supuesto ama?o frustrado de un contrato de eficiencia energ¨¦tica de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. El constructor David Marjaliza confes¨® que la trama P¨²nica iba a pagar a cambio de ello una encuestra electoral valorada en 8.000 euros que se pensaba camuflar como un estudio de gesti¨®n. Las pesquisas posteriores revelaron que la red de corrupci¨®n tambi¨¦n iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. La fiscal¨ªa quiere que declare por estos hechos otra concejal del PP en el municipio, Ana Cristina Gil Guerra, as¨ª como el padre de ¨¦sta, Jos¨¦ Gil, dirigente del partido local.

Del Ayuntamiento de Alcal¨¢ de Henares, adem¨¢s de la referencia al hoy aforado Bartolom¨¦ Gonz¨¢lez, la Fiscal¨ªa pide el interrogatorio de un concejal en activo y otro que dej¨® el cargo. El primero es Marcelo Isoldi, quien cuando se tramit¨® la licitaci¨®n del contrato de Cofely en el consistorio era el responsable de "proyectos y conservaci¨®n urbana". Hoy en la oposici¨®n, Isoldi sigue ocupando un lugar destacado en el PP local como presidente de la formaci¨®n. El otro edil es Jes¨²s Dom¨ªnguez, quien entonces era concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, aunque actualmente no ostenta cargo p¨²blico.

El otro alcalde al que Anticorrupci¨®n quiere tomar declaraci¨®n es Esteban Bravo, actual regidor de Torrej¨®n de Velasco. Bravo era concejal de Servicios y Medio Ambiente cuando se licitaron contratos para Cofely y un informe de la Guardia Civil lo relaciona con el pago a dicha empresa de "facturas extra fuera de contrato". El siempre lo ha negado. El entonces alcalde del consistorio, Gonzalo Cubas fue detenido en el inicio de la Operaci¨®n P¨²nica. Finalmente, la fiscal¨ªa solicita el interrogatorio del que fuera concejal de Obras y Servicios de Moraleja de Enmedio durante la pasada legislatura, Luis Montoro. En este peque?o municipio, la trama ama?¨® presuntamente un contrato de 2,8 millones de euros. Su entonces alcalde, Carlos Estrada, fue detenido y contin¨²a imputado en la causa.

A todos ellos se suma el nombre de Carlos L¨®pez Jimeno, director general de Industria de la Comunidad de Madrid durante 16 a?os y que en octubre del a?o pasado tuvo que dimitir al trascender un informe de la Guardia Civil en P¨²nica que le vinculaba a supuestas irregularidades en la contrataci¨®n desde su puesto. En concreto, su vinculaci¨®n con la empresa Alba Ingeniero Consultores SL, que entre 2010 y 2012 factur¨® m¨¢s de 160.000 euros a la Fundaci¨®n de la Energ¨ªa de la Comunidad de Madrid (Fenercom) en la que ¨¦l ocupaba el cargo de vicepresidente en representaci¨®n del Ejecutivo regional. L¨®pez Jimeno siempre ha negado haber sido accionista de dicha mercantil, como se?alaban sendos informes de la UCO y la Agencia Tributaria.