La ley mordaza ¡®recauda¡¯ 13,5 millones en multas por desplantes a la polic¨ªa

A Ra¨²l Sol¨ªs, periodista y fot¨®grafo freelance sevillano, le cost¨® dinero trabajar el pasado 29 de marzo. Aquel d¨ªa, el reportero hac¨ªa rato que hab¨ªa llegado a la manifestaci¨®n convocada por la presencia del autob¨²s de Hazte O¨ªr en la capital hispalense, cuando comenzaron los incidentes. Gritos, insultos, golpes... "Estaba grabando con la c¨¢mara y vi que se llevaban a un chico a empujones hasta el furg¨®n. Como tardaban, me interes¨¦ por ¨¦l y pregunt¨¦ a los agentes. Entonces, me respondieron que qu¨¦ me importaba y se pusieron hechos una furia", se arranca el andaluz, solo unos d¨ªas despu¨¦s de que la Asociaci¨®n de la Prensa de Sevilla emitiera esta semana un comunicado en su defensa. Porque, apenas un mes despu¨¦s de aquella jornada laboral que acab¨® sin que lograra colocar su material en ning¨²n medio, le lleg¨® una carta de la Delegaci¨®n del Gobierno: le hab¨ªan multado con 150 euros con la ley mordaza por "faltar el respeto" a la polic¨ªa.

Desde que esta cuestionada normativa entr¨® en vigor, Interior ha acumulado m¨¢s de 13,5 millones de euros en sanciones a ciudadanos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los art¨ªculos 37.4 y 36.6 de la ley ¡ªque, respectivamente, castigan las faltas de respeto, un precepto nuevo; y la desobediencia a los agentes, elevado de infracci¨®n leve a grave¡ª se han convertido en dos de los puntos utilizados de forma m¨¢s recurrente. En base al primero, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros desde julio de 2015 a finales de 2016, seg¨²n los datos del propio Ministerio. Por su parte, la aplicaci¨®n del 36.6 ha supuesto la apertura de 16.405 expedientes por un importe total de 10,15 millones. Solo superan a ambos, en n¨²mero, las denuncias tramitadas por consumo o tenencia de drogas y por portar o exhibir armas.

"Despu¨¦s de que les preguntase, me pidieron la documentaci¨®n. Yo se la di. Les coment¨¦ que, como ellos, estaba trabajando. Y que vivimos en un Estado de Derecho. Mantuve un tono firme, pero en ning¨²n momento les dije algo fuera de lugar", se defiende Sol¨ªs al hablar sobre una sanci¨®n que, seg¨²n consta en el expediente abierto, se impone "por pedir explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando su actuaci¨®n, realizando grabaciones con su c¨¢mara y poniendo en riesgo la integridad de los agentes".? "El Ejecutivo le dio a los polic¨ªas la capacidad de ser juez y parte. Ellos deciden qu¨¦ es una falta de respeto. Porque se confeccion¨® un articulado ambiguo y discrecional. Creado para disuadir la protesta y amparar excesos", denuncia M¨®nica Hidalgo, de No Somos Delito, uno de los colectivos que m¨¢s se ha movilizado contra la ley mordaza, impuesta por el PP con su mayor¨ªa absoluta y que se top¨®, desde un primer momento, con la firme respuesta de toda la oposici¨®n.

El equipo de Mariano Rajoy ide¨® esta normativa en plena crisis, cuando las movilizaciones sociales se hab¨ªan multiplicado. En su inmensa mayor¨ªa, las manifestaciones se suced¨ªan de forma pac¨ªfica. Seg¨²n las cifras del Ejecutivo, por ejemplo, no se registr¨® ning¨²n incidente en el 99% de las marchas convocadas en 2013; y solo el 0,1% de ellas requiri¨® la intervenci¨®n de los antidisturbios. Adem¨¢s, la poblaci¨®n no percib¨ªa que existiese un clima de inseguridad: el porcentaje de espa?oles que lo situaba entre los tres principales problemas de Espa?a nunca super¨® el 7%, seg¨²n el CIS. En cambio, el d¨ªa que entro en vigor la ley mordaza, el 78,8% mostraba su preocupaci¨®n por el paro y el 43,7% por la corrupci¨®n.

"Esta normativa nunca ha estado justificada. No exist¨ªa un problema social. Los ¨²nicos que se sent¨ªan inseguros eran los bancos y las instituciones, que ve¨ªan c¨®mo la ciudadan¨ªa estaba tomando la calle", apunta Miguel ?ngel Soto, portavoz de Greenpeace, una de las ONG que se vio se?alada por el Gobierno. Uno de los art¨ªculos sanciona "el escalamiento de edificios o monumentos sin autorizaci¨®n cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen da?os a las personas o a los bienes". "Perece redactado espec¨ªficamente para prohibir y perseguir los actos p¨²blicos que realizamos", denunci¨® la organizaci¨®n en un informe. "De momento, nunca nos han aplicado este punto. Pero s¨ª nos han multado por el 36.6", remacha Soto, al recordar la acci¨®n que protagonizaron en la sede de Endesa en Madrid. Algunos de los concentrados se negaron a marcharse y la polic¨ªa tuvo que "arrastrarlos".

"Tienes que demostrar tu inocencia"

La entrada en vigor de la ley mordaza ha supuesto tambi¨¦n que las fuerzas de seguridad tengan la potestad de imponer sanciones que antes quedaban en manos de los magistrados. Ahora, los sancionados deben acabar toda la v¨ªa administrativa antes de acudir a los tribunales. Una medida que aprob¨® la mayor¨ªa absoluta del PP despu¨¦s de impulsar, a su vez, la implantaci¨®n de las tasas judiciales ¡ªque, como han admitido los propios populares, dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia¡ª. "Te encuentras ante una situaci¨®n de indefensi¨®n jur¨ªdica muy clara. En el derecho penal, tienen que probar tu culpabilidad. Pero, con esta normativa, t¨² tienes que demostrar tu inocencia", incide Sol¨ªs.

En esta l¨ªnea, el Defensor del Pueblo enumer¨® en su ¨²ltimo informe varios ejemplos de sanciones injustificadas, marcadas por la falta de "motivaci¨®n" y "proporcionalidad": como un periodista al que un guardia civil denunci¨® por desobediencia por negarse a borrar unas fotos. Y el Gobierno ya ha manifestado p¨²blicamente que se abre a reformar la ley. "Debemos luchar para que cambie. Lo peor que nos puede pasar es que normalicemos esta mordaza", concluye Sol¨ªs.

"Naci¨® para perseguir la movilizaci¨®n"

La respuesta social a la ley mordaza comenz¨® mucho antes de su entrada en vigor. Marco Llerena, miembro de Intersindical Valenciana, particip¨® en febrero de 2015 en una de las manifestaciones convocadas contra la normativa que quer¨ªa promulgar el PP. Y eso le cost¨® una multa de la Delegaci¨®n del Gobierno por participar "de manera activa" en la marcha. Esa denuncia, seg¨²n Llerena, ya adelantaba lo que vendr¨ªa despu¨¦s: "Naci¨® para perseguir las movilizaciones de cualquier colectivo: j¨®venes, sindicalistas, jubilados... Su ¨²nica intenci¨®n era acallar la respuesta de la calle contra sus pol¨ªticas". "Cuando me sancionaron me sent¨ª totalmente indefenso. No tuve derecho a defenderme", subraya Llerena, que recurri¨® a los tribunales. Y, casi dos a?os despu¨¦s, el juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 4 de Valencia anul¨® la sanci¨®n por falta de pruebas.