Rivera critica la ¡°desverg¨¹enza¡± del PP y la ¡°injerencia directa¡± de Catal¨¢ en investigaciones de corrupci¨®n
El l¨ªder de Ciudadanos propone que el Congreso elija al fiscal general del Estado
El acuerdo de investidura que une al PP con Ciudadanos vive horas de crisis como consecuencia de la comisi¨®n parlamentaria que investigar¨¢ la presunta financiaci¨®n ilegal del partido de Mariano Rajoy; del procesamiento de Pedro Antonio S¨¢nchez, expresidente de Murcia; y de los casos de corrupci¨®n desvelados por la Operaci¨®n Lezo. Fernando Mart¨ªnez Maillo, coordinador del partido que sostiene al Gobierno, ha criticado este mi¨¦rcoles la "radicalidad" de Ciudadanos; y Albert Rivera le ha contestado asegurando que existe una "injerencia directa" en la labor de la fiscal¨ªa por parte del PP y de Rafael Catal¨¢, ministro de Justicia. "Es una desverg¨¹enza", ha a?adido el l¨ªder de Ciudadanos.
El PP y Ciudadanos han vuelto a chocar por la corrupci¨®n, ¨²nico asunto que tensiona la aplicaci¨®n de su acuerdo de investidura. Tras unirse hace una semana al PNV, Coalici¨®n Canaria y Nueva Canarias para aprobar en el Congreso los Presupuestos de 2017, los dos socios han elevado el tono para afearse mutuamente su actitud frente a la comisi¨®n que investigar¨¢ la presunta financiaci¨®n ilegal del PP. Este organismo est¨¢ recogido en el pacto de investidura que une a las dos partes y no es el ¨²nico asunto que separa a Rajoy y Rivera: el l¨ªder de Ciudadanos pide que Pedro Antonio S¨¢nchez, expresidente de Murcia imputado en el caso Auditorio, deje su acta de diputado auton¨®mico; y opina que el Ejecutivo ha presionado a la fiscal¨ªa en este caso y en la operaci¨®n Lezo para favorecer a los intereses del PP.
"La est¨¢n liando", ha dicho Rivera este mi¨¦rcoles en el Congreso de los diputados. "Cuando se dedican a llamar a los fiscales y muestran una injerencia directa sin ning¨²n tipo de verg¨¹enza, un partido que defiende la separaci¨®n de poderes tiene que ejercer como oposici¨®n", ha a?adido comparando al PP con Ciudadanos. "La gesti¨®n que ha hecho Catal¨¢ del caso Moix no ha sido la acertada y por eso ha demostrado que no es la persona adecuada", ha seguido. Y ha subrayado: "Pens¨¦ que Catal¨¢ pod¨ªa ser un aliado para impulsar reformas, pero en pocos meses ha quemado buena parte de su cr¨¦dito con su mala gesti¨®n de la independencia de la fiscal¨ªa. Los ministros los nombra el Gobierno, pero el Congreso puede legislar para que Catal¨¢, o el futuro ministro de Justicia, no pueda seguir haciendo lo mismo que hasta ahora".
En ese sentido, Ciudadanos ha registrado este mi¨¦rcoles en el Congreso una proposici¨®n de Ley para que el nombramiento y la reprobaci¨®n del Fiscal general del Estado dependan directamente del Congreso, que deber¨ªa aprobar esas dos decisiones con una mayor¨ªa reforzada de dos tercios de los votos de la C¨¢mara Baja (la Constituci¨®n establece que el nombramiento es a propuesta del Ejecutivo, por lo que podr¨ªa ser necesaria su reforma; y dif¨ªcilmente se alcanzar¨ªan esos dos tercios sin el apoyo del partido que lo sostiene). El objetivo de Rivera es cortar "el cord¨®n umbilical" que a su juicio une al Gobierno con el Ministerio Fiscal, ampliando el mandato del Fiscal general del Estado (de cuatro a seis a?os; no cesar¨¢ cuando lo haga el Ejecutivo)? y obligando a que las comunicaciones entre las dos partes sean por escrito (para que quede constancia y registro de su contenido). Adem¨¢s, el Fiscal general solo podr¨ªa dar instrucciones gen¨¦ricas, y no espec¨ªficas, a su subordinados.
Sin embargo, Ciudadanos registra la Ley con el ¨²nico apoyo de sus 32 diputados, puesto que no ha entablado conversaciones con ninguno de los otros tres grupos mayoritarios en la C¨¢mara Baja. Si no logra esas alianzas, no podr¨¢ sacar adelante el proyecto.
"Con esta Ley no habr¨ªa habido caso Catal¨¢ ni caso Moix. Ni un ministro de Justicia se hubiera atrevido a dar instrucciones, ni un fiscal a atenderlas", ha argumentado Rivera. "Todas las medidas van enfocadas a romper el cord¨®n umbilical, y que el Fiscal General del Gobierno pase a ser el Fiscal General del Estado".
La propuesta de Ciudadanos
- La duraci¨®n del cargo del Fiscal General del Estado (FGE) se amplia de 4 a 6 a?os, y se suprime su cese autom¨¢tico al cesar el Gobierno.
- Para acceder al cargo de FGE se exigir¨¢n 25 a?os de ejercicio profesional, no 15 como hasta ahora, as¨ª como no haber desempe?ado cargo p¨²blico o de car¨¢cter electivo en los ¨²ltimos 10 a?os.
- El nombramiento del candidato propuesto por el Gobierno, una vez o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, deber¨¢ ser ratificado por una mayor¨ªa de 2/3 de los miembros del Congreso, previa su comparecencia ante la Comisi¨®n de Justicia. Si el candidato propuesto no fuera ratificado por dicha mayor¨ªa, el Gobierno deber¨¢ presentar uno nuevo.
- La causa de cese vinculada al incumplimiento de sus obligaciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, ser¨¢ apreciada por la misma mayor¨ªa del Congreso. Y no como ahora que es de libre apreciaci¨®n por el Consejo de Ministros.
- Las comunicaciones del FGE con el Gobierno y las C¨¢maras se realizan siempre por escrito, para garantizar la transparencia de las relaciones y que no se producen injerencias indebidas.
- El Ministerio Fiscal dispondr¨¢ de autonom¨ªa presupuestaria, no s¨®lo funcional, y, a tal efecto, dispondr¨¢ de una secci¨®n espec¨ªfica en los Presupuestos Generales del Estado, como el TC, el CGPJ o el Defensor del Pueblo.
- Se garantizar¨¢ la pluralidad y representatividad del Consejo Fiscal, para que pueda actuar como elemento de equilibrio a los principios de unidad de actuaci¨®n y dependencia jer¨¢rquica. Estar¨¢ compuesto por 11 miembros: el FGE, el Teniente Fiscal del TS y nueve fiscales directamente elegidos por los propios fiscales.
- Se fortalecer¨¢ la autonom¨ªa de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y, en concreto, se limitar¨¢n las ¨®rdenes de los Fiscales Jefes a instrucciones de car¨¢cter general, y s¨®lo excepcionalmente respecto de casos concretos (en tal caso siempre por escrito). Igualmente se limita la capacidad de sustituci¨®n de un fiscal en la llevanza de un caso concreto, que en caso de discrepancia deber¨¢ contar con el parecer favorable del Consejo Fiscal.
- Se fortalecer¨¢ la aplicaci¨®n de los criterios de m¨¦rito y capacidad en la carrera fiscal, reforzando el papel efectivo de la Secci¨®n Permanente de Valoraci¨®n, que centralizar¨¢ toda la informaci¨®n sobre m¨¦ritos y capacidad de los Fiscales, y emitir¨¢ Informe valorando los candidatos para cada nombramiento. Los ascensos responder¨¢n exclusivamente a criterios de m¨¦rito profesional.
- Los nombramientos para cargos dentro de la carrera fiscal ser¨¢n acordados por el FGE previa ratificaci¨®n de su propuesta por mayor¨ªa cualificada del Consejo Fiscal, no como sucede ahora que todos los nombramientos para cargos en la carrera fiscal los efect¨²a el Gobierno, a propuesta del FGE.
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