Una hoja de ruta con riesgo para el bolsillo

El fulminado consejero de Empresa de la Generalitat de Catalu?a Jordi Baiget no andaba desencaminado el pasado lunes cuando expres¨®, en una entrevista en prensa, su temor a los riesgos ¡°contra el patrimonio¡± por participar en la preparaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n previsto para el 1 de octubre. La fiscal¨ªa ha comenzado a atacar al bolsillo de los principales responsables de las iniciativas secesionistas, que se exponen a tener que devolver a sus arcas los fondos p¨²blicos empleados para su celebraci¨®n.

El 2 de junio, el ministerio p¨²blico solicit¨® al Tribunal de Cuentas una investigaci¨®n para que el expresident Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega reintegren los 5,12 millones que se considera probado que salieron del erario p¨²blico para organizar el ¡°proceso participativo¡± del 9-N de 2014. Aunque en el proceso penal Mas y los exconsejeros no fueron acusados por la fiscal¨ªa de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos ¡ªy, por lo tanto, no pudieron ser condenados por ese delito, que acarrea penas de cuatro a ocho a?os de c¨¢rcel y la devoluci¨®n del dinero¡ª, el ministerio acudi¨® al Tribunal de Cuentas para lograr la restituci¨®n de los fondos. Los cuatro fueron, en cambio, condenados a multas por desobediencia de entre 24.000 y 36.000 euros (adem¨¢s de inhabilitados). Las organizaciones defensoras del refer¨¦ndum han realizado cuestaciones para pagar estas sanciones, que, en cualquier caso, palidecen ante la posibilidad de tener que reincorporar al erario p¨²blico el coste de un proceso electoral completo.

El 9-N cost¨® unos ocho millones, de los que 5,12 salieron directamente del presupuesto de la Generalitat y el resto lo sufragaron las entidades soberanistas ?mnium y ANC, que reciben subvenciones p¨²blicas. El coste de las elecciones auton¨®micas en Catalu?a se situ¨® en 2010 en 10,8 millones de euros. En los comicios anticipados de noviembre de 2012, esta suma ascendi¨® a 15,9 porque los env¨ªos electorales dejaron de ser gratuitos. En 2015, el gasto fue de 17,1 millones.

Si el Ejecutivo de Puigdemont sigue adelante en su intenci¨®n de celebrar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O, y destina dinero p¨²blico a tal fin, los responsables se exponen esta vez a ser acusados de malversaci¨®n, adem¨¢s de desobediencia y prevaricaci¨®n.

El ya exconsejero Baiget, en su entrevista del lunes en el diario Punt Avui manifest¨® que no est¨¢ en el ¡°n¨²cleo duro¡± del Ejecutivo catal¨¢n que prepara la consulta secesionista y apunt¨® que no tiene tanto miedo a entrar en prisi¨®n como a los riesgos "contra el patrimonio", por lo que pueda afectar a su familia. Una condena por malversaci¨®n podr¨ªa implicar ambos males: la prisi¨®n y, adem¨¢s, el reintegro del dinero a su costa.

En el caso del 9-N, la sentencia detalla hasta el c¨¦ntimo las partidas en que se gastaron los 5,12 millones de euros de la consulta ilegal. Seg¨²n la denuncia de Sociedad Civil Catalana que dio pie a la investigaci¨®n en el Tribunal de Cuentas a instancias de la Fiscal¨ªa en la construcci¨®n de una p¨¢gina web institucional se gastaron 14.837 euros; en material para la votaci¨®n, 70.532 euros; en la adquisici¨®n de ordenadores port¨¢tiles para las mesas de votaci¨®n, 828.171 euros. La p¨®liza aseguradora para voluntarios ascendi¨® a 1.409 euros; el soporte inform¨¢tico a la consulta cost¨® 1.106.185 euros y el env¨ªo de informaci¨®n supuso un gasto de 307.962 euros.

La organizaci¨®n y celebraci¨®n de la consulta del 1 de octubre no es el ¨²nico gasto asociado al proceso independentista que puede acarrear quebraderos econ¨®micos a sus promotores. La investigaci¨®n sobre los contratos para la puesta en marcha de las llamadas estructuras de Estado para una hipot¨¦tica Catalu?a independiente, para las que la Generalitat ha recurrido a una veintena de empresas, tambi¨¦n est¨¢n siendo investigadas, en este caso por la Audiencia Nacional, y la posible querella que se presente puede contemplar tambi¨¦n los temidos delitos de malversaci¨®n.