El Tribunal de Cuentas acelera los tr¨¢mites para que Mas pague los gastos del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha acelerado los tr¨¢mites para que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros exmiembros del Ejecutivo catal¨¢n paguen los gastos que ocasion¨® la consulta independentista del 9-N antes del pr¨®ximo 1 de octubre, fecha en que est¨¢ prevista la celebraci¨®n de otro refer¨¦ndum secesionista en Catalu?a.

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La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante?ha iniciado los tr¨¢mites para exigir responsabilidad contable derivada de los gastos con dinero p¨²blico que ocasion¨® la consulta del 9-N a Mas, a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega; al exportavoz del Gobierno catal¨¢n Francesc Homs, y a la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau.

Mariscal de Gante es quien propone a la comisi¨®n de gobierno del tribunal el nombramiento de un instructor que debe ahora dilucidar en qu¨¦ partida se produjeron las anomal¨ªas y qu¨¦ parte de estas cantidades es susceptible de ser devuelta al erario p¨²blico. La intenci¨®n de este ¨®rgano es que las diligencias est¨¦n terminadas antes del pr¨®ximo 1 de octubre.?

Los tr¨¢mites tienen relaci¨®n con la denuncia que interpusieron tres asociaciones ¡ªSociedad Civil Catalana, Acci¨®n C¨ªvica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constituci¨®n¡ª contras estos dirigentes en la que se?alan que destinaron indebidamente 5,1 millones de euros para el desarrollo del citado proceso consultivo.

En esta denuncia, las tres asociaciones ven siete motivos para exigir responsabilidad a estos dirigentes por el desv¨ªo de dinero p¨²blico con destino a la consulta del 9-N. El tribunal tendr¨¢ que identificar las partidas gastadas por cada uno de los investigados y exigirles este dinero.

Un primer an¨¢lisis de la denuncia apunta a que efectivamente se gastaron fondos p¨²blicos fraudulentamente. Una vez que se individualicen las cantidades que tienen que pagar, se les requerir¨¢ a cada uno para que las abonen. Si no lo hacen, el tribunal embargar¨¢ de inmediato cuentas y bienes de los afectados para resarcir al erario p¨²blico el dinero gastado indebidamente en la consulta.