Archivada por falta de pruebas una causa por estafa contra 138 guardias civiles

De estafa a gran escala a ausencia de ¡°indicio racional y suficiente¡± de la comisi¨®n de delito. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Madrid, Teresa Abad, ha dictado un auto por el que archiva la causa abierta hace m¨¢s de dos a?os contra 138 guardias civiles y un funcionario civil por el supuesto cobro irregular de cientos de dietas de alojamiento con la presunta colaboraci¨®n del propietario de un hostal de Madrid. La magistrada concluye que tras las declaraciones tomadas y las pruebas aportadas a la causa por la fiscal¨ªa y la unidad de Asuntos Internos del Instituto armado ¡°no se cuenta con indicio racional y suficiente alguno de la posible comisi¨®n por parte de los investigados de infracci¨®n penal alguna¡±.

La investigaci¨®n se inici¨® en 2015 despu¨¦s de que el Servicio de Asuntos Econ¨®micos de la Guardia Civil diera la voz de alarma al examinar las facturas que presentaban algunos agentes para cobrar la indemnizaci¨®n por alojamiento cuando se desplazaban a Madrid con motivo de alguna gesti¨®n oficial. Lo primero que llam¨® la atenci¨®n fue que la factura emitida era siempre del mismo establecimiento, el Hostal Las Vegas, que coincid¨ªa con el l¨ªmite m¨¢ximo previsto en la orden sobre indemnizaciones por raz¨®n del servicio ¡ªes decir, entre 48,92 y 65,97 euros diarios, seg¨²n el empleo del afectado¡ª y que esta cantidad estaba siempre por encima de lo que el mismo establecimiento anunciaba en su p¨¢gina web.

Adem¨¢s, los investigadores constataron que muchos de ellos hab¨ªan reservado para esos mismos d¨ªas habitaciones en una residencia de la Guardia Civil para oficiales y suboficiales. Por todo ello, la fiscal¨ªa acus¨® en un primer momento a los agentes ¨Cun teniente coronel, un comandante, 4 capitanes, 10 tenientes, un alf¨¦rez, 13 suboficiales y m¨¢s de un centenar de guardias- de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad, aunque posteriormente cambi¨® esta calificaci¨®n por la de falsedad en documento mercantil y estafa. Las cantidades defraudadas iban desde los 33,80 euros a los 1.489,74.

Sin embargo, el juez considera que en estos m¨¢s de dos a?os de instrucci¨®n ¡°no se cuenta m¨¢s que con meras sospechas¡± y critica la escasas pruebas documentales aportadas por la fiscal¨ªa y Asuntos Internos para apoyas sus acusaciones. En este sentido, el auto de sobreseimiento y archivo de la causa destaca que esta unidad se limit¨® a aportar ¡°un ¡®pantallazo¡¯ de la p¨¢gina web del Hostal Las Vegas, as¨ª como la informaci¨®n verbal proporcionada por persona no identificada¡± para corroborar los precios del establecimiento sin que se tuviera en cuenta ¡°las variaciones de precios¡± que se producen seg¨²n las temporadas o el tipo de habitaci¨®n utilizada, ¡°circunstancias ¨¦stas que ni siquiera han sido objeto de investigaci¨®n¡±. La magistrada tambi¨¦n recalca que ¡°no se cuenta con indicio alguno¡± de que las facturas fuesen realmente falsas ni se ha acreditado ¡°en modo alguno¡± que los agentes no se alojaran en el establecimiento ni en la residencia de la Guardia Civil o fueran otras personas las que lo hicieron.

En su auto, la juez Abad tambi¨¦n critica que la fiscal¨ªa no hubiera incorporado al sumario los albaranes del hostal ¡°siendo imprescindible [¡­] la aportaci¨®n de tales facturas a fin de comprobar la realidad de la coincidencia de fechas¡± entre los alojamientos en ambos establecimientos a los que se refiere la denuncia. La magistrada tambi¨¦n considera que las explicaciones ofrecidas por los investigados en el juzgado ¡°resultan veros¨ªmiles, sin que se pueda dudar de la veracidad de los declarantes¡±. Por ello, concluye que no se ha acreditado que los guardias civiles se alojaron realmente en la residencia oficial y, ¡°en consecuencia, no pudieron pernoctar en el Hostal Las Vegas¡±.

Por ¨²ltimo, la juez destaca tambi¨¦n que las cantidades ¡°notablemente inferiores a 400 euros¡± que supuestamente estafaron en la mayor¨ªa de los casos los guardias civiles convierten la supuesta infracci¨®n penal en una mera falta y no en delito. Ello, destaca, fijar¨ªa la prescripci¨®n en seis meses, un periodo de tiempo ampliamente superado entre la fecha en que se produjeron los hechos ¨Centre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014- y la presentaci¨®n de la denuncia el 30 de abril de 2015.