El fraude masivo de las falsas mudanzas de pilotos militares se salda con multas

El fraude masivo al Ej¨¦rcito del Aire protagonizado por casi un centenar de pilotos ¡ªque aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnizaci¨®n por cambio de residencia¡ª se est¨¢ saldando sin penas de c¨¢rcel y con la imposici¨®n de multas de unos 5.000 euros, gracias al pacto al que ha llegado la Fiscal¨ªa Militar con los acusados. En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace m¨¢s de cinco a?os.

El sargento M. A. ha reconocido que cobr¨® en 2012 una Indemnizaci¨®n por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidi¨® para el suboficial una condena de dos meses y 15 d¨ªas de prisi¨®n, frente a la pena m¨ªnima de tres meses y un d¨ªa y m¨¢xima de 10 a?os de c¨¢rcel prevista en el art¨ªculo 81 del C¨®digo Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial repar¨® el da?o, pues devolvi¨® el dinero antes de la celebraci¨®n del juicio oral (aunque despu¨¦s de que se abriera la investigaci¨®n), y le aplic¨® tambi¨¦n la atenuante de dilaci¨®n indebida del procedimiento, pues este se inici¨® en agosto de 2012 y dur¨® cuatro a?os.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambi¨® su petici¨®n de prisi¨®n para el suboficial por una multa de 150 d¨ªas, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

En su sentencia, el Tribunal Militar Territorial Tercero considera probado que el suboficial se ¡°invent¨® necesidades del servicio que no existen, en este caso un traslado de enseres inexistente que ha de ser sufragado por el erario p¨²blico¡±; y que puso en marcha, ¡°mediante la solicitud y ulterior firma del certificado de recepci¨®n, el mecanismo preciso para la asignaci¨®n de un cr¨¦dito presupuestario dirigido a indemnizar los supuestos gastos derivados del [falso] traslado de residencia¡±. Pero agrega que no tiene m¨¢s remedio que asumir el pacto entre fiscal y defensa.

El caso de M. A. no es excepcional. El mismo tribunal conden¨® el pasado 28 de julio, por los mismos hechos, al capit¨¢n S. A. a pagar una multa de 5.100 euros; y al sargento F. J. a 4.050. El pago de una multa es la sanci¨®n impuesta a la mayor¨ªa de los pilotos implicados. No a todos, porque algunos han salido incluso mejor parados; como una capit¨¢n cuyo caso sobresey¨® definitivamente en agosto el Tribunal Militar Territorial Primero, con el argumento de que el delito est¨¢ prescrito al haber transcurrido m¨¢s de cinco a?os desde que supuestamente cobr¨® la indemnizaci¨®n irregular.

La entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal Militar, en enero de 2016, ha sido decisiva, pues permite por vez primera que los tribunales castrenses impongan penas alternativas a la prisi¨®n, como la multa, y suspendan condicionalmente la condena. Hasta ahora, los militares condenados a una pena privativa de libertad deb¨ªan cumplirla, por corta que fuera.

El esc¨¢ndalo de las falsas mudanzas estall¨® en septiembre de 2014, cuando el Juzgado Togado Central n¨²mero 2 proces¨® a 45 militares y un civil, lo que provoc¨® un verdadero terremoto en el Ej¨¦rcito del Aire, ante la posibilidad de tener que enfrentarse a un macroproceso con decenas de mandos en el banquillo. Sin embargo, el Tribunal Militar Central decidi¨® en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continu¨® aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposici¨®n de m¨®dicas multas y sobreseimientos.

Sin castigo

La soluci¨®n deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisi¨®n del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

Antonio Su¨¢rez-Vald¨¦s, defensor de m¨¢s de 30 imputados, cree que el pacto es un avance, ya que ¡°el C¨®digo Penal Militar permite aplicar por vez primera a la jurisdicci¨®n castrense medidas previstas en la ordinaria¡±. Para el Ej¨¦rcito del Aire es un alivio, pues el ingreso en prisi¨®n de decenas de mandos no solo habr¨ªa da?ado su imagen sino tambi¨¦n vaciado de pilotos algunas unidades.