El Gobierno bloquear¨¢ los gastos de la Generalitat para la consulta

El Gobierno de Mariano Rajoy?ha impuesto un control preventivo de los gastos de la Generalitat para que no haya desv¨ªos para el refer¨¦ndum. La comisi¨®n delegada de asuntos econ¨®micos, presidida por el propio Rajoy, aprob¨® as¨ª un reforzamiento del sistema de control previsto cuando se impuls¨® el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA) con el objetivo de que la Generalitat no pueda desviar un solo euro para gastos relacionados con el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre. La vigilancia ya se efectuaba por el Ministerio de Hacienda desde noviembre de 2015, pero ahora, ante el incremento del desaf¨ªo separatista y la "radicalidad" observada por el Ejecutivo en el nuevo Gobierno catal¨¢n, se aplicar¨¢ una supervisi¨®n semanal. El Gobierno central lanza as¨ª un aviso tambi¨¦n al m¨¢ximo responsable ahora de la consulta, el vicepresidente Oriol Junqueras, y a los funcionarios y altos responsables de cada departamento.

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El acuerdo impone un sistema de control de gastos a la Generalitat de Catalu?a por el que, semanalmente, los interventores y responsables econ¨®micos de cada departamento y todas las entidades p¨²blicas con capacidad de gasto deber¨¢n certificar ante el Ministerio de Hacienda no haber iniciado ning¨²n expediente de inversi¨®n en los preparativos del refer¨¦ndum anunciado para el 1 de octubre. La orden entra en vigor desde este s¨¢bado, tras su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha efectuado un informe en la comisi¨®n delegada y luego el Consejo de Ministros se ha dado por enterado del acuerdo. El portavoz del Ejecutivo, ??igo M¨¦ndez de Vigo, no pudo aclarar si se hab¨ªa alertado o avisado antes de la comunicaci¨®n p¨²blica a la Generalitat de esta medida hasta ahora in¨¦dita en Espa?a.

Los procedimientos contemplados para vigilar las cuentas de las Comunidades Aut¨®nomas que se beneficiaron del FLA ya se anunciaron en su d¨ªa, cuando se aprob¨® ese mecanismo de ayuda en plena crisis econ¨®mica, y se reforzaron en noviembre de 2015 ya pensando en que se complicase la situaci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a con el proyecto de refer¨¦ndum.

El ministro portavoz, ??igo M¨¦ndez de Vigo, justific¨® la adopci¨®n ahora de este nuevo control m¨¢s exhaustivo en el "clima de radicalidad" que dice se ha apoderado de toda la Generalitat de Catalu?a, de la purga y eliminaci¨®n de los consejeros m¨¢s moderados y que ten¨ªan dudas con el proceso, de la decisi¨®n del Tribunal de Cuentas de perseguir y reclamar particularmente al expresidente Artur Mas y dos de sus consejeros los 5,2 millones de euros gastados para la organizaci¨®n de la consulta montada para el 9-N y de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la partida consignada en el presupuesto catal¨¢n de 2017 que preve¨ªa dinero para el 1 de octubre.

El portavoz del Ejecutivo se ci?¨® durante toda su exposici¨®n a reafirmar los mensajes pol¨ªticos que el Gobierno pretende destacar tras aprobar estas medidas: ¡°Es una actuaci¨®n preventiva para garantizar que el dinero de todos los catalanes va a donde todos los catalanes quieren que vaya y no solo algunos pocos¡±. M¨¦ndez de Vigo insisti¨®: ¡°Es una medida preventiva y de prudencia; hemos querido dejar bien claro a todos, a los consejeros para que no esgriman como en el 9-N que no lo sab¨ªan y para los funcionarios que firman, para que no se escondan en la obediencia debida¡±. Y remach¨® cuando se le pregunt¨® en concreto si esta actuaci¨®n podr¨ªa ser la antesala de una posible aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n que prev¨¦ el rescate de determinadas competencias ante una autonom¨ªa rebelde que no hace caso de sus obligaciones: "El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante".

F¨¦rreo control

El Gobierno ya vigila y controla en teor¨ªa los gastos de todas las consejer¨ªas de la Generalitat y de todo el presupuesto. Hasta ahora al gobierno catal¨¢n se le exig¨ªa un certificado mensual del interventor se?alando que los gastos no contraven¨ªan el ordenamiento jur¨ªdico. Adem¨¢s, se les pidi¨® conexi¨®n telem¨¢tica con su sistema para tener control directo de las facturas. Ahora se acent¨²a la vigilancia y se baja al detalle semanal y por entidad.

La supervisi¨®n ser¨¢ de todas las consejer¨ªas y entes p¨²blicos catalanes y solo si no env¨ªan la documentaci¨®n requerida, si la trasladan mal o si en lo que comunican se comprueban partidas con alguna relaci¨®n con el montaje del refer¨¦ndum ilegal el Gobierno frenar¨¢ la aplicaci¨®n de las ayudas del FLA para Catalu?a. La orden respaldada por la comisi¨®n delegada y el Consejo de Ministros se dirige en concreto a todos los interventores de las consejer¨ªas, a los responsables econ¨®mico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al director general de Pol¨ªtica Financiera, Seguros y Tesoro.

Hacienda ten¨ªa previsto consignar para Catalu?a en el FLA este ejercicio un total de 3.600 millones de euros. Lo que el ejecutivo no explic¨®, entre otras cosas, es qu¨¦ har¨¢ con ese dinero paralizado y c¨®mo se prestar¨¢n entonces los servicios p¨²blicos esenciales que se cubren con esas ayudas. Catalu?a ya ha recibido del FLA desde 2012 un total de 63.000 millones de euros.

Fuentes oficiales de La Moncloa admitieron a continuaci¨®n que el Gobierno pretende con esta actuaci¨®n recordar a los funcionarios, interventores y m¨¢ximos responsables de esos departamentos su responsabilidad individual en el caso de que firmen alg¨²n gasto relacionado con el refer¨¦ndum ilegal, como han alertado ya sentencias del Tribunal Constitucional, pero tambi¨¦n mandar un aviso muy claro al m¨¢ximo responsable pol¨ªtico ahora de montar la consulta: el vicepresidente Oriol Junqueras. ¡°Esto es ahora un problema muy grave para Junqueras, porque ¨¦l es el coordinador y comisionado que deb¨ªa impulsar el refer¨¦ndum y es muy posible que los altos funcionarios le digan que no asumen estos riesgos y le reclamen que les d¨¦ las ordenes por escrito¡±, indicaron las mismas fuentes gubernamentales. Aunque los funcionarios demanden esos mandatos por escrito no quedar¨¢n eximidos de su responsabilidad, seg¨²n las tesis del Constitucional.