Aplicar las normas

El d¨ªa 9 de junio de 2016, tras abandonar junto con sus dos hijos menores su ¨²ltimo domicilio en Italia (buscando apoyo y protecci¨®n al lado de su familia en nuestro pa¨ªs), Juana Rivas se dirige al Centro Municipal de la Mujer de Maracena (servicio p¨²blico especializado en violencia de g¨¦nero) debido a la grave situaci¨®n de malos tratos que ven¨ªa padeciendo por parte del que fuera su pareja y padre de sus hijos, el cual ya hab¨ªa sido condenado en 2009 por tal causa (sentencia n¨²mero 242/2009 de 26 de mayo de 2009 del Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Granada).

Tras recibir atenci¨®n y asesoramiento, el 12 de julio de 2016 la se?ora Rivas presenta denuncia por violencia habitual (f¨ªsica y psicol¨®gica) contra su expareja. Ocho d¨ªas despu¨¦s, el 20 de julio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n¨²mero 2 de Granada (Procedimiento Diligencias Previas n¨²mero 399/2016) dicta un auto por el que acuerda no dar curso a la denuncia presentada por ¡°falta de jurisdicci¨®n de este ¨®rgano judicial para el conocimiento de los hechos denunciados¡±, incumpliendo as¨ª lo previsto en el art¨ªculo 17 del Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V¨ªctima del Delito, que obliga en estos casos al juzgado a remitir ¡°inmediatamente la denuncia a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos¡±. Este desconocimiento de una ley b¨¢sica para las v¨ªctimas fue el punto de partida de un c¨²mulo de ¡°desatinos judiciales¡±, creando una grave situaci¨®n de indefensi¨®n para Juana y sus hijos, que a su vez ha condicionado el devenir de todos los procesos posteriores.

A d¨ªa de hoy, mientras dicha denuncia a¨²n ¡°duerme¡± en Espa?a sin haberse tramitado (despu¨¦s de m¨¢s de un a?o desde su interposici¨®n y pese a todos los requerimientos efectuados), el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ordena ejecutar la sentencia por ¨¦l emitida el 14 de diciembre de 2016, obligando a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su padre maltratador el d¨ªa 26 de julio de 2017, en el punto de encuentro de Granada. Lo que ocurre despu¨¦s ya es conocido.

Nos enga?ar¨ªamos y enga?ar¨ªamos a la ciudadan¨ªa si desde las personas conocedoras del sistema jur¨ªdico dij¨¦ramos que esto se debe a un problema normativo. Tanto la normativa internacional, como nuestro ordenamiento interno (uno de los m¨¢s avanzados en esta materia), siendo por supuesto mejorables, cuentan ya con respuestas adecuadas para que Juana Rivas y sus hijos nunca hubieran tenido que vivir lo que est¨¢n viviendo. No es fundamentalmente un problema de normas, sino de aplicaci¨®n real de las mismas.

A partir de la terrible situaci¨®n generada, toda nuestra confianza est¨¢ puesta en el recurso de amparo que ser¨¢ presentado hoy ante el Tribunal Constitucional. Confiamos plenamente en que dicho tribunal proteger¨¢ los derechos fundamentales que, a trav¨¦s de decisiones judiciales incorrectas e injustas, les han sido gravemente vulnerados a Juana Rivas y sus hijos, de 3 y 11 a?os de edad.

Francisca Granados es asesora de Juana Rivas.