¡®Caso P¨²nica¡¯: el sumario que amargar¨¢ el oto?o al PP
Anticorrupci¨®n pedir¨¢ tras el verano la imputaci¨®n de varios cargos p¨²blicos del partido en el ¡®caso P¨²nica¡¯
Pasado el mal trago de la declaraci¨®n de Mariano Rajoy como testigo en el caso G¨¹rtel, el PP se enfrentar¨¢ despu¨¦s de verano a un nuevo chaparr¨®n judicial por culpa de la corrupci¨®n. En esta ocasi¨®n ser¨¢ el caso P¨²nica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertir¨¢ los ¨²ltimos meses de 2017 en un nuevo v¨ªa crucis judicial para los populares. De las 16 piezas en la que est¨¢ dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se sentar¨¢n en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al pol¨ªtico el chivatazo que puso en peligro la investigaci¨®n y que oblig¨® a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.
Desde sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones de cargos p¨²blicos, en su inmensa mayor¨ªa del PP. Varios ven ya el banquillo como un horizonte cercano. En concreto, los presuntamente implicados en las actividades de la trama en la Diputaci¨®n de Le¨®n y en el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya investigaci¨®n ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en breve. En la primera est¨¢n encausados Marcos Mart¨ªnez Baraz¨®n, alcalde de Cuadros (Le¨®n) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputaci¨®n provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente S¨¢nchez. La pieza de Murcia ha supuesto la imputaci¨®n del exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio S¨¢nchez. La senadora Pilar Barreiro ser¨¢ investigada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.
Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario junto a los de otros cargos p¨²blicos del PP, como los antiguos aforados Salvador Vitoria y Luc¨ªa Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid; los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, Jos¨¦ Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos como el que fuera regidor socialista de Parla, Jos¨¦ Mar¨ªa Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' Jos¨¦ Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agust¨ªn Ju¨¢rez L¨®pez de Coca, tambi¨¦n del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio S¨¢nchez Hern¨¢ndez; los de Casarrubuelos y Torrej¨®n de Velasco, David Rodr¨ªguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, tambi¨¦n popular.
Los ¨²ltimos escritos de la fiscal¨ªa apuntan a que la cifra de cargos p¨²blicos imputados aumentar¨¢ en los pr¨®ximos meses. El pasado mayo, el ministerio p¨²blico pidi¨® que se interrogara a 35 personas dentro de la pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de eficiencia energ¨¦tica a la empresa Cofely. Entre los citados aparecen dos alcaldes ¡ªlos de las localidades madrile?as de Brunete y Torrej¨®n de Velasco, Borja Guti¨¦rrez y Esteban Bravo¡ª, cuatro concejales y un ex alto cargo de la Comunidad. En esta pieza tambi¨¦n aparece salpicado un nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolom¨¦ Gonz¨¢lez, exalcalde de Alcal¨¢ de Henares.
Adem¨¢s, en las ¨²ltimas semanas se ha incorporado a la causa un informe de la Guardia Civil sobre la adjudicaci¨®n frustrada de uno de estos contratos en el ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). Por estos hechos ya ha declarado como ¡°investigado no detenido¡± ante los agentes el regidor popular, Jos¨¦ Garc¨ªa Lobato, y al menos otro miembro de su equipo de Gobierno. Est¨¢ a punto de llegar a la Audiencia Nacional otro documento policial sobre el consistorio de Villalba (Madrid), tambi¨¦n gobernado por el PP.
La pieza de Waiter Music
Tambi¨¦n se convertir¨¢ en un quebradero de cabeza para G¨¦nova la pieza del sumario referida a la supuesta contrataci¨®n irregular de la empresa especializada en la organizaci¨®n de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigaci¨®n, la Guardia Civil ya entreg¨® un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que adem¨¢s de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recog¨ªan indicios de la supuesta financiaci¨®n irregular de actos del partido. Las pesquisas se?alaban entre ellos m¨ªtines de las campa?as auton¨®micas y municipales, pero tambi¨¦n de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.
Anticorrupci¨®n quiere extender estas pesquisas a otros 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que tambi¨¦n adjudicaron contratos a Waiter Music entre los a?os 2004 y 2014 por un importe total superior a los 28 millones de euros. En esta pieza tambi¨¦n se investiga a siete constructoras y una UTE por contratar a esta misma empresa para organizar actos de inauguraci¨®n de obras p¨²blicas, y al propio PP de Madrid.
La d¨¦cima y decimoquinta piezas separadas del sumario tambi¨¦n salpican de lleno al PP. En ellas, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n investiga los contratos de reputaci¨®n online que el experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena Jos¨¦ Antonio Alonso Conesa, consiguieron con ayuntamientos madrile?os y del litoral valenciano supuestamente para mejorar la imagen en Internet de pol¨ªticos. Los trabajos eran presuntamente pagados con fondos p¨²blicos tras camuflarlos como campa?as publicitarias. En esta pieza est¨¢n pendientes las declaraciones de varios presuntos implicados, incluidos dos aforados. Uno es V¨ªctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas y actual concejal en Gand¨ªa (Valencia), al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputaci¨®n que la trama hizo para el que fuera alcalde popular de este municipio, Arturo Torr¨®, quien dej¨® su acta tras saltar el esc¨¢ndalo.
El segundo es Miquel Dom¨ªnguez, tambi¨¦n diputado regional valenciano y al que un reciente informe de la UCO relaciona con el supuesto pago irregular de trabajos de reputaci¨®n online para la fallecida Rita Barber¨¢. El documento policial tambi¨¦n cita al concejal Alberto Mendoza Segu¨ª, actualmente imputado en la trama de blanqueo de capitales y financiaci¨®n irregular de la campa?a de las municipales de 2015, el llamado caso Taula.
La caja b del PP
La decimocuarta pieza del sumario est¨¢ dedicada en exclusiva a la supuesta caja b de los populares en Madrid, y en ella est¨¢ ya imputado el que fuera gerente de la formaci¨®n, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, aunque incluso han aparecido documentos relacionados con Luis B¨¢rcenas. En esta parte de la investigaci¨®n est¨¢n los dos informes de la Guardia Civil que implicaban a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la supuesta adjudicaci¨®n irregular al empresario Arturo Fern¨¢ndez de dos contratos de la Asamblea regional. Esta l¨ªnea de investigaci¨®n tambi¨¦n ha puesto el foco judicial en el papel que Fundescam, una fundaci¨®n creada por Esperanza Aguirre, presuntamente jug¨® en la trama de financiaci¨®n irregular que permiti¨® a los populares madrile?os gastar durante tres campa?as una cantidad de dinero muy superior a la permitida por la ley electoral.
Finalmente, el PP tambi¨¦n aparece acorralado en la investigaci¨®n sobre la empresa p¨²blica del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, cuya sede fue registrada durante 14 horas el pasado 16 de mayo. En esta pieza est¨¢n bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra p¨²blica en municipios como la gesti¨®n del suelo a trav¨¦s de 22 consorcios urban¨ªsticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manej¨® en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no s¨®lo al PP, sino tambi¨¦n a otros partidos. Escritos del primer instructor de la causa, Eloy Velasco, y de Anticorrupci¨®n hacen referencias concretas a ¡°sospechas de corrupci¨®n¡± de concejales de PSOE e IU que a¨²n no identifica.
Por esta trama de Arpegio ya tuvo que dimitir un viceconsejero del Ejecutivo regional, Miguel ?ngel Ruiz. Adem¨¢s, parte de las pesquisas se dirigen hacia un aforado, el n¨²mero tres del Gobierno de Cifuentes, Jaime Gonz¨¢lez Taboada. En las declaraciones que ya han prestado varios de los imputados en la Audiencia Nacional ¡ªel resto lo har¨¢n despu¨¦s de verano¡ª Anticorrupci¨®n plante¨® numerosas preguntas sobre el papel jugado por Gonz¨¢lez Taboada en las millonarias contrataciones.
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