Cuando la legalidad urban¨ªstica acaba en manos de un vecino
Las denuncias de un particular convierten al pueblo de Bobor¨¢s, de 2.000 habitantes, en el m¨¢s inspeccionado de Galicia
El ayuntamiento de Bobor¨¢s (Ourense), que apenas supera los 2.000 vecinos, acumula el mayor n¨²mero de las inspecciones por supuestas irregularidades urban¨ªsticas realizadas por la Agencia de Protecci¨®n de la Legalidad Urban¨ªstica (APLU), dependiente de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio de la Xunta. Desde su creaci¨®n en 2007, la APLU ha abierto 33 expedientes en este municipio. Buena parte de ellos est¨¢n relacionados con actuaciones particulares del hist¨®rico alcalde del PP, Cipriano Jos¨¦ Caama?o y han sido impulsadas por un mismo vecino. ¡°En ninguno de los ayuntamientos de Galicia se da esta situaci¨®n¡±, protest¨® en una reciente comparecencia parlamentaria el director de la APLU, Jos¨¦ Antonio Cerdeira, afeando la insistencia del particular que, precis¨®, realiza ¡°hasta 20 llamadas en una misma ma?ana¡±. Cerdeira est¨¢ estrechamente vinculado a Bobor¨¢s: desde 2003 y hasta su nombramiento en febrero de 2015 como director de la agencia urban¨ªstica, ejerci¨® como secretario municipal de Caama?o.
Como buena parte de los ayuntamientos de la Galicia interior, Bobor¨¢s sufre la sangr¨ªa de la despoblaci¨®n. Los 2.443 habitantes que, seg¨²n datos del INE, ten¨ªa a fecha de 1 de enero de 2016 son casi la mitad de los 4.000 empadronados que hab¨ªa en 1991, cuando Caama?o, m¨¦dico de profesi¨®n, accedi¨® por primera vez a la alcald¨ªa.
Sus apacibles mandatos, fruto de las encadenadas mayor¨ªas absolutas, comenzaron a tornarse en un v¨ªa crucis para el regidor a partir de 2009. Las denuncias del particular, a las que se sumaron grupos de la oposici¨®n y en alg¨²n caso el Ministerio P¨²blico, acabaron con Caama?o imputado en 2015 por dos delitos urban¨ªsticos: uno de desobediencia por no ejecutar una orden de demolici¨®n, emitida por el propio Ayuntamiento que ¨¦l presid¨ªa, de una vivienda levantada sin autorizaci¨®n en un n¨²cleo declarado Bien de Inter¨¦s Cultural y otro contra la ordenaci¨®n del territorio, falsedad en documento p¨²blico y tr¨¢fico de influencias derivado de la construcci¨®n de su propia vivienda.
En el primer caso, el juzgado de instrucci¨®n acab¨® archivando la denuncia por desobediencia presentada por la fiscal¨ªa. Desde el juzgado se hab¨ªa emplazado en varias ocasiones al alcalde para que cumpliera la orden de demolici¨®n de las obras en el espacio monumental protegido pero el Ayuntamiento no la ejecut¨® hasta unos d¨ªas antes de que Caama?o acudiese a declarar. El alcalde asegur¨® que estaba esperando un informe de Patrimonio.
La segunda imputaci¨®n estaba relacionada con la supuesta manipulaci¨®n del planeamiento urban¨ªstico: la certificaci¨®n de una vivienda tradicional que nunca hab¨ªa existido y que permit¨ªa al alcalde legalizar otra de su propiedad en el mismo entorno. La denuncia del particular precisaba que el regidor se hab¨ªa ¡°inventado¡± la vivienda antigua para poder justificar la ampliaci¨®n del n¨²cleo rural de A Almuzara e incluir ah¨ª la parcela en la que levant¨® su edificaci¨®n.
En 2014, El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenci¨® que la construcci¨®n era ilegal dada la ¡°inexistencia manifiesta de la construcci¨®n primitiva¡± y anul¨® el planeamiento en ese n¨²cleo. En 2016, el Tribunal Supremo ratific¨® esa sentencia.
Mar¨ªa del Carmen Cives, esposa de Caama?o y exconcejala de su grupo, lo desvincul¨® de la ilegalidad. En su declaraci¨®n judicial en calidad de testigo se responsabiliz¨® a s¨ª misma de haber encargado todo lo vinculado con la construcci¨®n. Asegur¨® que no hab¨ªa pedido licencia porque ¡°no lo pens¨®¡± y puntualiz¨® que su marido no sab¨ªa nada. ¡°Se enter¨® con la casa pr¨¢cticamente acabada¡±, zanj¨®.
Caama?o cape¨® el temporal, arrastr¨® sendas imputaciones judiciales durante las elecciones municipales de ese a?o _con las bendiciones del presidente provincial del PP, Jos¨¦ Manuel Baltar y del auton¨®mico, Alberto N¨²?ez Feij¨®o_ y se super¨® en las urnas: aument¨® su propia mayor¨ªa absoluta.
La persistencia del exigente vecino ha permitido saber que en 2013, con super¨¢vit municipal y un anuncio de inversi¨®n de 180.000 euros en obras, el regidor evit¨® realizar la revisi¨®n catastral del Ayuntamiento aduciendo ¡°imposibilidad de asumir los costes¡±, o que la primer teniente de alcalde construy¨® un inmueble en suelo calificado como r¨²stico en el planeamiento. O, tambi¨¦n, que la casa rectoral de Pazos de Arenteiro, rehabilitada con fondos comunitarios para ser destinada a turismo rural no cumpl¨ªa ese fin sino que era utilizada como residencia privada de vacaciones por la familia a la que se hab¨ªa otorgado la concesi¨®n.
En su comparecencia parlamentaria a petici¨®n de los grupos de BNG y En Marea, alertados por el gran n¨²mero de denuncias urban¨ªsticas en Bobor¨¢s, el director de la APLU afirm¨® que el municipio es el ¡°m¨¢s inspeccionado de Galicia¡± en relaci¨®n a su poblaci¨®n. Hasta el punto, precis¨®, de que con poco m¨¢s de 2.000 vecinos ¡°supera en n¨²mero de inspecciones a otros de m¨¢s de 10.000 habitantes¡±. Un hecho que atribuy¨® a la persistencia del particular.
El responsable de velar por la legalidad urban¨ªstica en Galicia se desvincula de las supuestas irregularidades cometidas en Bobor¨¢s mientras ¨¦l era secretario municipal pese a que la oposici¨®n entiende que est¨¢ vinculado en la mayor parte de los casos. Cerdeira sostiene que en los dos a?os que lleva al frente de la APLU este organismo ha incoado 18 expedientes en ese municipio de los que 15 partieron de denuncias del mismo vecino. De estos expedientes, seis acabaron archivados y el resto fueron derivados al propio Ayuntamiento para que resolviese.
Por su parte, el denunciante afirma que se ve obligado a acudir a la v¨ªa judicial ¡°costeando por lo tanto con mi dinero la reposici¨®n de la legalidad municipal¡± mientras, sostiene, el alcalde ¡°sufraga estos gastos judiciales con dinero p¨²blico¡±.
Con su iniciativa ha conseguido hasta el momento una sentencia de demolici¨®n de un inmueble as¨ª como la anulaci¨®n del planeamiento urban¨ªstico en el n¨²cleo en el que el alcalde construy¨® su vivienda. No se amilana.
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