El Ejecutivo tapona todos los resquicios para evitar la consulta ilegal

El Gobierno quiere cerrar todos los resquicios para evitar que el pr¨®ximo 1 de octubre se celebre el refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n convocado por la Generalitat de Catalu?a. Esta consulta qued¨® autom¨¢ticamente suspendida el jueves al admitir a tr¨¢mite el Tribunal Constitucional los recursos del Ejecutivo contra la Ley del Refer¨¦ndum aprobada por la mayor¨ªa absoluta de Junts pel S¨ª y la CUP en el Parlament en la noche del mi¨¦rcoles y los decretos que la desarrollan. Las impugnaciones realizadas por La Moncloa fueron muy r¨¢pidas ¨Capenas 16 horas desde la aprobaci¨®n de la ley y los decretos¨C, pero no tienen nada de improvisadas.

Para atajar la ¡°perturbaci¨®n extremadamente grave del orden constitucional¡± que supondr¨ªa el refer¨¦ndum secesionista los abogados del Estado act¨²an contra todos los frentes de la preparaci¨®n y celebraci¨®n de la convocatoria. El llamado decreto de ¡°medidas complementarias¡± del refer¨¦ndum, firmado por el president Puigdemont el mi¨¦rcoles, y cuyos 39 art¨ªculos disponen aspectos como el censo, el material electoral o las campa?as en espacios y medios p¨²blicos para fomentar la participaci¨®n ha sido objeto del recurso m¨¢s detallado del Gobierno.

El Ejecutivo ha logrado que, adem¨¢s de al president Puigdemont y a sus consellers, el Constitucional advierta personalmente a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Catalu?a de ¡°su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa¡± para la independencia y les proh¨ªbe ¡°iniciar, tramitar, informar o dictar (¡­) acuerdo o actuaci¨®n alguna que permita la preparaci¨®n y/o la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡± sobre la autodeterminaci¨®n. Entre estos altos cargos figuran los directores generales de los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos, TV3 y Catalunya R¨¤dio, o el comisario mayor de los Mossos d¡¯Esquadra, Josep Llu¨ªs Trapero. El Gobierno quiere asegurarse de que el cuerpo policial impida la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ¡°en cuanto que polic¨ªa auton¨®mica sujeta a la Constituci¨®n Espa?ola, al Estatuto de Autonom¨ªa y a los pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional¡±.

El recurso busca evitar que se ponga en marcha una administraci¨®n electoral ¡°en toda su extensi¨®n¡±, y permite entrever en qu¨¦ aspectos concretos estar¨¢ vigilante el Gobierno central. Con el apercibimiento a los altos cargos auton¨®micos se quiere impedir que se confeccione material electoral, incluidos los sistemas inform¨¢ticos para el refer¨¦ndum. Para ellos, por ejemplo, se notifica la resoluci¨®n a la jefa del ¨¢rea de Procesos Electorales y Consultas Electorales, Montserrat Vidal.

Uno de los aspectos centrales es la preparaci¨®n del censo electoral. El Gobierno quiere evitar que la Generalitat recurra a los padrones municipales ¨Clo que afecta a los alcaldes-, al Registro de Poblaci¨®n de Catalu?a, al Registro de Catalanes residentes en el Exterior, a los datos de la Consejer¨ªa de Hacienda, o a los del Sistema Catal¨¢n de Salud, a cuyos titulares apercibir¨¢ el Constitucional con el objeto de que no se cedan estos u otros ficheros.

Tambi¨¦n se estar¨¢ pendiente del dise?o de los modelos oficiales de documentos electorales (actas), del traslado y ubicaci¨®n de las mesas electorales o de las posibles campa?as de participaci¨®n o a favor de alguna de las opciones del refer¨¦ndum ilegal. Tambi¨¦n se busca impedir la utilizaci¨®n de ¡°dependencias, espacios, colegios o cualesquiera otros locales¡± para cualquier tipo de actividad vinculada al refer¨¦ndum. Para ello, se vigilar¨¢ que la Generalitat pueda ¡°requerir, exigir o reclamar de otras Administraciones, personas o entidades p¨²blicas o privadas la puesta a disposici¨®n de espacios de su titularidad¡± para organizar la consulta ilegal, ¡°y en especial para el acto de votaci¨®n¡±.

El Gobierno trata de impedir con los apercibimientos realizados por el Constitucional que la Sindicatura Electoral de Catalu?a ¨Cel ¨®rgano de juristas y polit¨®logos copado por Junts pel S¨ª y la CUP para suplantar a la junta electoral, formada por magistrados¨C ejerza las competencias que se ha arrogado en la Ley del Refer¨¦ndum. En este sentido, se buscar¨¢ impedir la designaci¨®n de los miembros de las mesas electorales as¨ª como la selecci¨®n y acreditaci¨®n de los representantes de la administraci¨®n y los agentes electorales.

La notificaci¨®n a altos cargos y alcaldes pretende ¡°evitar la disposici¨®n de cualquier partida presupuestaria¡± para la preparaci¨®n y celebraci¨®n de la consulta del 1 de octubre. El Constitucional ha apercibido a los notificados ¡°de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento¡±.

Lo que no ha hecho el Constitucional, de momento, es denunciar penalmente, como le ped¨ªa el Gobierno en su recurso a Puigdemont y los consellers de la Generalitat, por el incumplimiento de la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba la declaraci¨®n soberanista del Parlament del 9 de noviembre de ese a?o y de la que, en la particular concepci¨®n jur¨ªdica de las fuerzas independentistas, deriva la legitimidad del proceso de secesi¨®n. El alto tribunal tampoco ha hecho uso de los poderes que le otorga la reforma de su ley org¨¢nica de 2015 y que entre otras medidas, le permite suspender por tiempo indefinido y sin posibilidad de recursos a cualquier cargo p¨²blico que entienda que incumple sus autos y sentencias. Esa reforma causa divisi¨®n en el seno del propio tribunal, por lo que parece poco probable que lleguen a emplearse estos poderes extraordinarios.