El Congreso declara nula la condena a Companys
La C¨¢mara toma en consideraci¨®n una proposici¨®n no de ley para invalidar la sentencia de muerte del expresidente catal¨¢
La coincidencia ha hecho que la figura del expresidente de la Generalitat de Catalu?a Llu¨ªs Companys haya impregnado buena parte del pleno del Congreso de los Diputados de este martes en el v¨¦rtice de la convulsi¨®n independentista catalana. En un momento en el que el proc¨¦s ha reactualizado el hito insurrecto de 1934, cuando proclam¨® el Estat catal¨¤, en el que se miran y se miden los impulsores del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre.
Pero Companys, que tambi¨¦n fue ministro de la Marina espa?ola, no ha entrado en el hemiciclo de la mano del ¨²ltimo partido en el que milit¨®, Esquerra Republicana de Catalu?a (ERC). Lo ha hecho aupado por el PSOE y el PSC, que presentaron una proposici¨®n no de ley para reclamar la nulidad su sentencia de muerte, dictada por el Gobierno de Franco en un juicio sumario y sin garant¨ªas tras su detenci¨®n en Francia por la polic¨ªa militar alemana y su deportaci¨®n a Espa?a en 1940.
La controversia que ha acompa?ado al pol¨ªtico catal¨¢n desde su muerte en 1940 no ha pasado de largo en la C¨¢mara, donde cada grupo ha tomado la figura de Companys, y por extensi¨®n la del resto de v¨ªctimas, para apuntalar sus urgencias m¨¢s perentorias. El debate ha servido para visualizar las distancias que, en los temas hist¨®ricos, separan a los partidos mediante los reproches sobre posiciones mantenidas en otros tiempos y geograf¨ªas. Con todo, ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y el PDeCAT, la abstenci¨®n de Ciudadanos y el voto en contra del PP y ERC.
El texto de la iniciativa, acordada por Pedro S¨¢nchez y Miquel Iceta el 14 de julio, declara que las sentencias dictadas contra Companys por el Tribunal Regional de Responsabilidades Pol¨ªticas (en diciembre de 1939), y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales (en octubre de 1940), son ¡°ileg¨ªtimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez¡±.
La proposici¨®n no de ley insiste en la ¡°ilegitimidad¡± del Tribunal de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo, del Tribunal de Orden P¨²blico, de los Tribunales de Responsabilidades Pol¨ªticas y Consejos de Guerra, que fueron ¡°constituidos por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia religiosa¡± en la Dictadura y que, por tanto, dictaron condenas ¡°radicalmente nulas y carentes absolutamente de eficacia y validez¡± contra quienes ¡°defendieron la legalidad institucional¡± y un modo de vida que amparan hoy los derechos y libertades constitucionales.
Los socialistas apoyan su exposici¨®n de motivos en que el 29 de junio el Parlament de Catalu?a declar¨® ilegales los tribunales pol¨ªticos del franquismo y proclam¨® la nulidad de las sentencias de los mismos, una aprobaci¨®n que, en medio de la divisi¨®n actual, se produjo por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Pero ERC no estaba dispuesta a dejarse arrebatar la figura de Companys y antes de la celebraci¨®n del pleno, el grupo liderado por Joan Tard¨¤ present¨® una enmienda a la Ley de la Memoria Hist¨®rica a cuyo respaldo socialista condicion¨® el apoyo a su proposici¨®n de ley. La enmienda de ERC instaba al Gobierno a modificar el art¨ªculo 3 de la ley en sus tres apartados sustituyendo el t¨¦rmino ¡°ilegitimidad¡± con el que se califica a los tribunales por ¡°ilegalidad¡± y cambiando la declaraci¨®n de ¡°ileg¨ªtimas¡± por ¡°nulas de pleno derecho¡± las condenas y sanciones emanadas. La justificaci¨®n de ERC es que la iniciativa socialista ¡°solo reitera¡± lo que establece la ley.
La socialista Meritxell Batet bas¨® la propuesta en que la Ley de la Memoria, cuyo impulso se produjo desde el PSOE hace 10 a?os, "no ha cerrado las heridas" y la sociedad sigue demandando la nulidad de las sentencias ileg¨ªtimas. En ese sentido, apel¨® a "repetir una expresi¨®n de unanimidad" como la de entonces con la figura de Companys, un s¨ªmbolo, consider¨®, en el que se pueden sentir representados todos los partidos por encima de las diferencias ideol¨®gicas.
Iniciativa insuficiente
En el turno de fijaci¨®n de posiciones, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han considerado que la de los socialistas es una proposici¨®n insuficiente y que, puesto que el art¨ªculo 3 de la ley no produjo el efecto jur¨ªdico de la nulidad, era mejor modificar la Ley de Memoria Hist¨®rica, algo que en repetidas ocasiones hab¨ªan hecho los representantes de las formaciones nacionalistas.
Mientras que Jordi Xucl¨¤ (PDeCAT) dio la bienvenida a la iniciativa, a la que opuso enmienda, Tard¨¤ denunci¨® "la hipocres¨ªa del PSOE", al que ha acusado de "llegar tarde con Companys", puesto que el Parlament catal¨¢n ya ha declarado nula unas sentencias que afectan a 65.090 v¨ªctimas. ERC pidi¨® coherencia al PSOE para que proponga lo mismo que apoy¨® en el Parlament. "Si no, es que quieren enga?arnos", a?adi¨®. Finalmente, el partido de Tard¨¤ vot¨® en contra.
Tambi¨¦n Xavier Dom¨¨nech, por el grupo confederal, ha hurgado en lo que los socialistas defendieron en otras ocasiones y consider¨® llamativo que la iniciativa "se produzca precisamente en el momento de la principal crisis del Estado y Catalu?a". Al grupo de Dom¨¨nech no le valdr¨¢ solo con una proposici¨®n no de ley. "Se tendr¨¢ que ver cuando presentemos la enmienda por la honorabilidad de todas la v¨ªctimas de la represi¨®n franquista", que Batet ha aceptado a trav¨¦s de una transacci¨®n.
Por su parte, el PNV ofreci¨® su apoyo a la iniciativa a trav¨¦s del diputado Mikel Lagarda, pese a considerarla insuficiente por no tener consecuencias jur¨ªdicas para los afectados.
Como estaba previsto, la propuesta socialista choc¨® contra el PP y Ciudadanos. Antes del pleno, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, avis¨® en los pasillos del Congreso de que el PP votar¨ªa en contra de la iniciativa. Lo justific¨® en que la Ley de Memoria Hist¨®rica, en sus art¨ªculos 2 y 3, ya produjo los ¡°efectos¡± que ahora se reclaman y ya se hicieron las "restituciones oportunas" a la familia de Companys y a otras 2.000 familias.
Alicia S¨¢nchez-Camacho no se sali¨® de ese guion, aunque le a?adi¨® la intensidad del momento catal¨¢n. Dijo que esta es una proposici¨®n que "quiere ir un paso m¨¢s all¨¢ de la ley de Memoria Hist¨®rica", Y consider¨® amparado en la ley el reconocimiento de la ilegitimidad de las sentencias. Pero no se ha olvidado de Companys, al que no valor¨® como un s¨ªmbolo y atribuy¨® haber dado un "golpe de Estado a la legalidad" por el que fue condenado por el Tribunal de Garant¨ªas Constitucionales de la Rep¨²blica.
La diputada popular repiti¨® los reproches que Francesc Camb¨® hizo a Companys por haber sido indultado y no indultar en 1936 a los mon¨¢rquicos y deplor¨® que la C¨¢mara un d¨ªa despu¨¦s de la Diada de la independencia se estuviera hablando de 77 a?os atr¨¢s.
A tono con S¨¢nchez-Camacho, Juan Manuel Villegas (Ciudadanos) lament¨® que se tuviera que "volver una vez m¨¢s la vista atr¨¢s, para hablar de 1939 y 1940", que no son las prioridades de su formaci¨®n y defendi¨® la eficacia de Ley de Memoria Hist¨®rica para las reclamaciones de la oposici¨®n. La iniciativa, sin embargo, fue tomada en consideraci¨®n por 168 votos contra 141 y 32 abstenciones.
El PP da largas a la eliminaci¨®n de los aforamientos en Murcia
El Pleno tambi¨¦n debati¨® la toma en consideraci¨®n de la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Murcia para eliminar los aforamientos pol¨ªticos, una de las condiciones que puso Ciudadanos al PP para apoyar la investidura del presidente murciano, Fernando L¨®pez Miras, y que los populares no parecen muy dispuestos a cumplir.
Todos los partidos, excepto el PP, defendieron la toma en consideraci¨®n de esta reforma estatutaria. Los populares, que admitieron que les gusta el fondo pero no la forma de la propuesta, se distanciaron de la propuesta defendiendo que para la supresi¨®n de los aforamientos hay que abrir un debate nacional para no generar desigualdades en ¡°una Espa?a de dos velocidades¡±.
El PP defendi¨® que el aforamiento no es un privilegio sino una garant¨ªa. Reconoci¨® que en Espa?a hay m¨¢s de 250.000 aforados, pero matiz¨® que solo 2.000 de ellos son responsables pol¨ªticos. Sobre ese dato, el representante popular, Francisco Bernab¨¦ P¨¦rez, se pregunt¨® si hab¨ªa que suprimirlos todos o solo a los pol¨ªticos, ¡°cuando la lacra de la corrupci¨®n se ha dado en todos los estamentos¡±.
La propuesta, sin embargo, fue tomada en consideraci¨®n. La Mesa del Congreso abrir¨¢ el plazo de presentaci¨®n de enmiendas al articulado y la remisi¨®n del texto a la Comisi¨®n Constitucional, que tendr¨¢ dos meses para redactar un dictamen junto a la delegaci¨®n designada por la C¨¢mara auton¨®mica.
Con todo, el texto remitido por el Congreso puede ser vetado o enmendado por el Senado y su dictamen definitivo, tras superar la revisi¨®n por la Comisi¨®n Constitucional, requiere de la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara Baja para salir adelante, al tratarse de una ley org¨¢nica.
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