En el monte y en el cargo

El 9 de noviembre de 2015 el Parlamento de Catalu?a aprob¨® una resoluci¨®n de inicio del proceso de ruptura con el resto de Espa?a en la que, entre otras cosas, instaba a la Generalitat a desobedecer a partir de ese momento a las ¡°instituciones del Estado espa?ol¡± y en especial al Tribunal Constitucional, al que se consideraba ¡°deslegitimado y sin competencia¡±. Apenas ocho d¨ªas m¨¢s tarde, la Generalitat recurr¨ªa cuatro leyes de ¨¢mbito nacional relacionadas con otros asuntos ¡ªpor considerar que invad¨ªan competencias auton¨®micas¡ª ante el Constitucional, el mismo tribunal al que los partidos que integran el Gobierno catal¨¢n acababan de negar toda legitimidad y competencia.

Esa ha sido la t¨®nica durante los cinco a?os de proc¨¦s: los dirigentes independentistas han utilizado todos los instrumentos y garant¨ªas legales que les ofrec¨ªa el Estado al tiempo que trabajaban para desmontarlo. En los ¨²ltimos d¨ªas han vuelto a hacerlo, impugnando ante el Tribunal Supremo la intervenci¨®n de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda y recurriendo la suspensi¨®n de la reforma del reglamento de la C¨¢mara y la de las leyes del refer¨¦ndum y de transici¨®n jur¨ªdica. Ayer, el consejero catal¨¢n de Interior, Joaquim Forn, anunci¨® que estudia impugnar la orden de la fiscal¨ªa que pone a los Mossos bajo la coordinaci¨®n de un mando de la Guardia Civil; porque eso vulnera, dijo, ¡°el marco jur¨ªdico¡±. Un marco jur¨ªdico que la Generalitat no reconoce, seg¨²n sus leyes de ruptura.

Esa contradicci¨®n permanente deriva de la gran paradoja original: la Generalitat y el Parlamento de Catalu?a son instituciones del Estado; las autoridades catalanas ocupan cargos que se sustentan en la Constituci¨®n; pero, utilizando el poder y el presupuesto p¨²blico que esos cargos les dan y sin renunciar a ellos, avanzan en la ejecuci¨®n de un plan que implica dinamitar el orden constitucional.

?Tiene el Estado de derecho f¨®rmulas para evitar ese doble juego? ?Debe hacerlo? Cinco catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional consultados por EL PA?S ofrecen sus respuestas.

Primero, el diagn¨®stico. ¡°Esto no es una rebeli¨®n social, es una rebeli¨®n institucional. Algo ins¨®lito en la Europa moderna¡±, afirma Roberto Blanco, de la Universidad de Santiago. ¡°En Europa ha habido grupos terroristas, rebeliones sociales como la de 1968... pero esto es otra cosa: una instituci¨®n del Estado que se rebela abiertamente contra el Estado. Quienes lo est¨¢n acometiendo no son unos sans culottes. Van al trabajo en coche oficial y est¨¢n liderando un proceso de rebeli¨®n contra la instituci¨®n que ocupan¡±, subraya Blanco, que concluye: ¡°Una cosa es echarse al monte, pelear contra el sistema desde fuera. Lo que no puede ser es que por la ma?ana te eches al monte y por la noche bajes al llano a recurrir ante los tribunales y a ejercer el poder que te confiere tu cargo¡±.

De la misma opini¨®n es Teresa Freixes, catedr¨¢tica en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona y miembro de la entidad antiindependentista Concordia C¨ªvica. ¡°El presidente de la Generalitat es el m¨¢ximo representante del Estado en Catalu?a, as¨ª se define su cargo¡±, subraya Freixes. Y a?ade: ¡°Todo lo que est¨¢ sucediendo encaja en lo que Curzio Malaparte, en su obra T¨¦cnicas de un golpe de Estado (1931), se?ala como elementos constitutivos de tal acci¨®n: operaci¨®n il¨ªcita, ejecutada desde instituciones de poder, contra el poder leg¨ªtimo, dirigida a alterar la estructura del Estado. No se necesita mucha gente. Seg¨²n Malaparte, basta con que unos mil t¨¦cnicos bloqueen las capacidades del Estado y hagan creer a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n que debe mantenerse neutral¡±.

Incoherencia

¡°Es evidente la incoherencia entre el plan de ruptura y el uso de los recursos que les ofrece el mismo Estado del que se quieren separar¡±, se?ala Xavier Arb¨®s, de la Universidad de Barcelona. ¡°El independentismo ha jugado siempre a eso. Como cuando dec¨ªa: ¡®No os preocup¨¦is, que la nacionalidad para permanecer en la UE seguir¨¢ siendo la espa?ola¡±.

?Cu¨¢l debe ser la respuesta? Arb¨®s cree que ¡°no hay manera de salir de esa paradoja¡±, porque el Estado no puede dejar de reconocer a la Generalitat y al Parlament como instituciones ¡°con todos sus derechos¡±. ¡°No puede caer en la misma excepcionalidad en la que incurre el independentismo¡±, se?ala. Eduardo V¨ªrgala, catedr¨¢tico en la Universidad del Pa¨ªs Vasco, coincide: ¡°La contradicci¨®n es evidente, pero implica una valoraci¨®n pol¨ªtica que no voy a hacer. Ning¨²n cargo catal¨¢n ha sido suspendido en sus funciones, por tanto est¨¢n plenamente legitimados para usar todos los cauces que ofrece el Estado de derecho¡±. Roberto Blanco aboga, en todo caso, por aplicar ya el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n ¡ªque faculta al Gobierno a dar instrucciones a las autoridades auton¨®micas para obligarles a cumplir la ley¡ª porque, ¡°si el Estado cede en este momento, desaparece¡±.

Merc¨¨ Barcel¨®, catedr¨¢tica en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, disiente de sus colegas, aunque su principal argumento se aparta del ¨¢mbito jur¨ªdico. Admite que ¡°la v¨ªa unilateral adoptada por la Generalitat no cabe en la Constituci¨®n¡±, pero resta importancia a esa ¡°anomal¨ªa¡± y subraya: ¡°El Estado tambi¨¦n se ha situado fuera del ordenamiento jur¨ªdico, optando por la v¨ªa de la represi¨®n ante una Generalitat que est¨¢ defendiendo a sus ciudadanos¡±.