El Estado pide al Tribunal de Cuentas que investigue qui¨¦n paga a los abogados de Artur Mas y su equipo

La Abogac¨ªa del Estado ha pedido a la instructora del Tribunal de Cuentas que indaga el desfalco de casi 5,3 millones de dinero p¨²blico destinado a la consulta ilegal del 9-N de 2014, Mar¨ªa Jos¨¦ de Llanos, que investigue de d¨®nde est¨¢ saliendo el dinero para pagar a los abogados y procuradores, una decena, que se desplazaron este lunes a Madrid para defender al expresidente Artur Mas y su equipo.

Una decena de abogados y procuradores se desplazaron el lunes a Madrid para ser informados del desfalco de casi 5,3 millones a las arcas p¨²blicas catalanas

En total, tras ser exculpados dos interventores generales de la Generalitat, son nueve los altos cargos y altos funcionarios que cit¨® el lunes en Madrid el Tribunal de Cuentas para comunicarles oficialmente que han desviado casi 5,3 millones a fines ilegales, como todo lo que rode¨® la consulta del 9-N, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014, cinco d¨ªas antes del refer¨¦ndum. Y darles a los nueve implicados, encabezados por Mas, un plazo de 15 d¨ªas para avalar los casi 5,3 millones bajo amenaza de embargar a todos ellos cuentas y propiedades hasta totalizar esa cantidad.

Fue en el transcurso de las entrevistas del lunes en Madrid entre el instructor y los afectados, representados por sus abogados cuando el abogado del Estado pidi¨® a la instructora De Llanos que se investigase la procedencia de los honorarios del s¨¦quito de abogados desplazados a Madrid, seg¨²n se indica en el informe sobre la liquidaci¨®n provisional al que ha tenido acceso EL PA?S.

La instructora se?al¨® que su cometido en este asunto (lleva desde antes del verano investigando el desfalco) se ci?e ahora a la consulta del 9-N y que los pagos a estos abogados deben ser objeto, en su caso, ¡°de unas nuevas actuaciones previas¡± por parte del Tribunal. Algunos implicados (Artur Mas, Joana Ortega, Lluis Betran y Josefina Valls) comparten abogado y procurador en los juristas Rafael Entrena y An¨ªbal Bordallo, respectivamente. Su exvicepresidente Francesc Homs tambi¨¦n comparte abogado con otros tres implicados, si bien gran parte de los afectados, sobre todos los altos funcionarios, llevaban su propia asistencia jur¨ªdica. La Generalitat desplaz¨®, por su lado, a sus abogados Xavier Urios y Pilar Garc¨ªa y a un procurador.

El abogado del Estado reclam¨® a la instructora que ¡°constase en acta¡± la necesidad de investigar a lo largo de este proceso ¡°si los gastos de defensa judicial que origina la intervenci¨®n de [estos] abogados¡± los va a abonar la Generalitat ¡°conforme a un acuerdo adoptado por el actual gobierno de Carles Puigdemont el 25 de julio de 2017¡±.

Fuentes jur¨ªdicas sostienen que los implicados no son cargos p¨²blicos y que es ilegal que una Administraci¨®n abone gastos de defensa de personas que, como en los casos de Mas y Homs, han sido adem¨¢s condenados por los tribunales ordinarios a penas de inhabilitaci¨®n por haber dilapidado dinero p¨²blico en la consulta ilegal del 9-N.

Se buscan otros 4,6 millones

Asimismo, el informe de liquidaci¨®n provisional destapa la posibilidad de que la cantidad de dinero desviado a la consulta del 9-N fuese ostensiblemente superior. Y que se acerque a los diez millones de euros. La instructora ha descubierto otra partida de 4,6 millones de euros (que se sumar¨ªan a los casi 5,3 que ya tiene acreditado fueron desviados para el 9-N) que tambi¨¦n pudo ser utilizada por la Generalitat para pagar la consulta ilegal de 2014. Estos m¨¢s de cuatro millones pertenecen a una partida destinada por la Generalitat en la etapa de Mas con el ep¨ªgrafe, ¡°de consultas populares y participaci¨®n ciudadana¡±.

Los abogados de la Generalitat y de los afectados coinciden en sus alegatos en no entran en cuestiones de tinte secesionista, pero se quejan de indefensi¨®n y recuerdan que ese otro gasto de 4,6 millones descubierto por el Tribunal es anterior al 4 de noviembre de 2014, es decir, cuando el Tribunal Constitucional declar¨® ilegal el 9-N. La instructora entiende que el destino de esos 4,6 millones, al ser anteriores a la sentencia del Constitucional, debe ser ¡°analizado en una fase posterior¡±.