La Generalitat evita dar detalles de la consulta ilegal a 34 d¨ªas de la fecha prevista
El Gobierno catal¨¢n mantiene en secreto c¨®mo se elaborar¨¢ el censo y la bolsa de agentes electorales
Faltan 34 d¨ªas para la consulta independentista que Carles Puigdemont pretende celebrar el 1 de octubre y su Gobierno no ha dado a¨²n ning¨²n paso que permita ofrecer la imagen de normalidad que dice querer dar a la consulta ilegal. Se prev¨¦ que la ley del refer¨¦ndum se apruebe el pr¨®ximo 6 de septiembre, pero se desconoce, entre otras cuestiones, c¨®mo la Generalitat captar¨¢ y formar¨¢ a los ¡°agentes electorales¡± que sustituir¨¢n a los funcionarios o c¨®mo ha elaborado el censo, cuyos datos, habitualmente cedidos por el INE, son esenciales para unas elecciones.
El mensaje que ofrecen Puigdemont y Junts pel S¨ª es machac¨®n: el refer¨¦ndum se celebrar¨¢ y no ser¨¢ un nuevo 9-N ¡ªel proceso participativo independentista de 2014¡ª, porque esta vez los resultados ser¨¢n implementados. Ayer, en una entrevista al rotativo digital ElNacional, el presidente catal¨¢n repet¨ªa incesantemente la palabra ¡°normalidad¡± para describir la log¨ªstica y el ambiente pol¨ªtico que tiene que presidir el 1 de octubre, el mayor desaf¨ªo lanzado desde la pol¨ªtica catalana tras la recuperaci¨®n de la democracia. Pero ha sido justamente el propio Govern el que, forzado por la t¨¢ctica ante la segura prohibici¨®n del Tribunal Constitucional, frena los pasos e impide que esa convocatoria pueda considerarse un proceso electoral com¨²n.
El ¨²nico paso que ha dado hasta ahora Puigdemont y su Ejecutivo ha sido el de afirmar que el Gobierno catal¨¢n ha adquirido ya m¨¢s de 6.000 urnas que se utilizar¨¢n en el refer¨¦ndum, una forma con la que pretende esconder el fracaso que supuso no poder sacar adelante un concurso institucional para adquirirlas de forma p¨²blica. Las dos empresas que se presentaron no cumpl¨ªan el pliego de condiciones; las compa?¨ªas que hubieran podido superar esa primera fase del concurso ¡ªlas de mayor tama?o¡ª se negaron a participar en el desaf¨ªo soberanista, si bien la convocatoria del concurso solo hac¨ªa referencia a procesos electorales, sin mentar el refer¨¦ndum.
El Govern, tras la C¨¢mara
M¨¢s all¨¢ de esa supuesta compra clandestina de urnas, el Gobierno catal¨¢n no ha desvelado nada m¨¢s. Fuentes de Junts pel S¨ª advierten de que todo se precipitar¨¢ a partir de esta semana ¡ªcon la presentaci¨®n de la ley de transitoriedad, que se pretende aprobar antes del 1 de octubre¡ª y la pr¨®xima, cuando, a las puertas de la Diada, se apruebe la ley del refer¨¦ndum. Una vez en vigor esta ¨²ltima, que ser¨¢ prohibida casi autom¨¢ticamente, el Gobierno catal¨¢n tendr¨¢ que aprobar un decreto de normas complementarias para resolver las carencias de esa ley. Entre otras, c¨®mo deben ser las papeletas y cu¨¢ndo se inicia la campa?a del refer¨¦ndum. El Ejecutivo catal¨¢n quiere implantar la idea de que las leyes vinculadas al refer¨¦ndum independentista y a la posterior desconexi¨®n si gana el s¨ª crear¨¢n una legalidad catalana que ya no emanar¨¢ de la Constituci¨®n, por lo que se quedar¨ªan sin sentido las ¨®rdenes que lleguen desde el Tribunal Constitucional.
De momento, las formaciones independentistas intentan gestionar cuestiones no menores de plano municipal. Se trata especialmente de la cesi¨®n de los locales municipales que tienen que ser la base para el refer¨¦ndum. El riesgo de posibles inhabilitaciones de alcaldes que apoyen la consulta ilegal puede acabar con una importante purga de las listas municipales de cara a las pr¨®ximas elecciones locales, que ser¨¢n clave para que el PDeCAT frene la imagen de incesante p¨¦rdida de poder. El Gobierno catal¨¢n no ha dado se?ales de c¨®mo gestionar¨¢ ese asunto, ni qu¨¦ har¨¢ en aquellos municipios ¡ªcomo los del PSC¡ª que se nieguen a ceder espacios.
Agentes electorales
La otra gran incertidumbre respecto a la consulta ilegal gira en torno a qui¨¦n se encargar¨¢ de ella. Se desconoce qui¨¦n y cu¨¢ndo se constituir¨¢ la Sindicatura Electoral ¡ªel ente que sustituir¨¢ a la Junta Electoral de la ley electoral¡ª y qu¨¦ suceder¨¢ con los denominados agentes electorales. La Generalitat inform¨® de que constituir¨ªa una bolsa para captar a 7.000 personas que se encargar¨¢n de controlar los colegios electorales, realizar el escrutinio y trasladar los resultados al centro de control de datos. Estas personas deben sustituir a los funcionarios de los Ayuntamientos que habitualmente participan en procesos electorales.
La CUP demand¨® la creaci¨®n de un equipo de expertos juristas espa?oles y extranjeros para monitorizar c¨®mo avanzaba la preparaci¨®n del refer¨¦ndum. Si bien Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras han constituido equipos de coordinaci¨®n para alinear los intereses del PDeCAT y ERC, ese equipo que quer¨ªa dar validez desde la fiscalizaci¨®n a los preparativos del refer¨¦ndum contin¨²a siendo inexistente.
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