?Y despu¨¦s qu¨¦?

El 1 de octubre no habr¨¢ refer¨¦ndum, sino su caricatura. El Gobierno espa?ol est¨¢ ahora actuando inteligentemente. Los gobernantes catalanes han profundizado su desvar¨ªo hasta el paroxismo, pero miles de personas les siguen. Esa es su ¨²nica fuerza, nada desde?able: masa y no raz¨®n; eslogan y no argumento; hechos y no normas. Con la amenaza de la violencia (a los fan¨¢ticos les gustan los m¨¢rtires). La presencia de tantos j¨®venes asegura, adem¨¢s, problemas futuros.

No es momento de mirar atr¨¢s y repartir culpas. El conflicto catal¨¢n tampoco ha debutado ayer. Lo decisivo es que tenemos un problema pol¨ªtico al que responder. No hablo del 1-O, sino de qu¨¦ hacer despu¨¦s de ese d¨ªa y de c¨®mo manejar la frustraci¨®n de millones de ciudadanos, catalanes y no catalanes, porque es dif¨ªcil no leer todo esto como un fracaso colectivo.

Caben diversas posibilidades. La primera es no hacer nada y, por tanto, seguir planteando desde el Gobierno central las respuestas jur¨ªdicas que se precisen. Esta postura ofrece ventajas. Es la m¨¢s sencilla para un Gobierno central en minor¨ªa parlamentaria y, desde luego, la m¨¢s af¨ªn a la personalidad de Rajoy. Por otro lado, el ordenamiento vigente es un muro contra desaf¨ªos independentistas a las bravas. Adem¨¢s, todav¨ªa puede haber personas en el entorno gubernamental que tengan la tentaci¨®n de pensar, en clave de pol¨ªtica palaciega, que el problema catal¨¢n es un sufl¨¦ que bajar¨¢ por s¨ª solo si se convocan pronto elecciones en Catalu?a y emerge un escenario parlamentario menos combativo; o si funcionarios y pol¨ªticos pierden entusiasmo por miedo a las consecuencias judiciales; o porque desde el punto de vista de la mirada internacional el problema se est¨¢ abordando de modo impecable; o si mejora la situaci¨®n econ¨®mica general o la de los catalanes en particular.

Sin embargo, este enfoque del problema ya ha fracasado en la pr¨¢ctica, es cortoplacista y no arregla ni minimiza la cuesti¨®n, sino que, al rev¨¦s, la va exasperando.

Entre otras cosas, porque el problema catal¨¢n no es el problema catal¨¢n, sino el problema espa?ol. No s¨®lo hay pulsi¨®n independentista en Catalu?a, sino tambi¨¦n en el Pa¨ªs Vasco y, menos intensa pero creciendo, en Navarra, Galicia, Baleares y Canarias. En otras palabras, nuestro pa¨ªs se enfrenta al problema de su balcanizaci¨®n. El Estado (no s¨®lo el Gobierno) debe dejar de ir a remolque. El proc¨¦s no es un procedimiento judicial, sino un proceso pol¨ªtico. La inteligencia jur¨ªdica de los letrados del Estado debe ir dejando paso a la inteligencia pol¨ªtica.

Un sector de la ciudadan¨ªa catalana se ha fanatizado y no cabe esperar que regrese al orden constitucional, presente o futuro. Pero cabe suponer que otro grupo, incluso aunque haya defendido con ardor el 1-O, recobre la racionalidad suficiente como para recapacitar y empezar a dialogar. La experiencia del refer¨¦ndum non nato enfadar¨¢ a muchos, pero es posible que traiga a la realidad a algunos. Sobre todo tras las elecciones que, a no faltar, deber¨¢ convocar Puigdemont tras el 1-O. La pol¨ªtica es una lucha de ideales ¡ªay, la independencia¡ª que, para algunos, quiz¨¢ los m¨¢s importantes, no es sino una lucha de intereses, el reparto del magn¨ªfico bot¨ªn: los votos de todos los ciudadanos enfadados.

Si se quiere enfrentar el problema, me parece inevitable la reforma constitucional de nuestro modelo territorial. Insisto: no s¨®lo para encauzar la querella catalana, ni mucho menos para intentar conseguir su tranquilidad a cambio de algunas golosinas. El original modelo territorial espa?ol es el ¨²nico que podemos tener pues permite conciliar elementos federales (igualdad entre autonom¨ªas) y confederales (hechos diferenciales de algunas). Por favor, que nadie se siga confundiendo con los nombres; hay que dejar de utilizar la etiqueta ¡°federal¡± para contentar a los nacionalistas. Estos no son tan tontos: lo que quieren son los elementos confederales, no los federales.

Pues bien, la reforma pasar¨ªa, a mi juicio, por, a partir de la experiencia de d¨¦cadas de Estado auton¨®mico, darle otra forma y para ello reducir el n¨²mero de comunidades aut¨®nomas; recentralizar algunas competencias en favor del Estado (como hacen los alemanes de vez en cuando); profundizar en el autogobierno transfiriendo algunas competencias estatales a las autonom¨ªas; reconocer algunos hechos diferenciales (no s¨®lo, pero tambi¨¦n a los catalanes); y, por ¨²ltimo, definir mejor el modelo de financiaci¨®n auton¨®mico (espoleta de esta explosi¨®n). Todo esto parece contradictorio pero es que el propio modelo auton¨®mico es parad¨®jico y por eso los equilibrios s¨®lo pueden alcanzarse con finura.

Si queremos otros 40 a?os de convivencia, mucho me temo que habr¨¢ que abrir un proceso constituyente de verdad; los da?os actuales del sistema no son s¨®lo de chapa y pintura. La validez jur¨ªdica de la Constituci¨®n del 78 sigue intacta al tiempo que el consenso pol¨ªtico sobre el que se asienta se ha ido fragilizando (entre otras cosas porque hemos sido incapaces de irla reformando). Da pereza, da miedo, es compleja y est¨¢ llena de amenazas, pero es precisa la confirmaci¨®n ciudadana de esos consensos o su cambio. La tranquilidad jur¨ªdica que parece ofrecer el ordenamiento vigente es un espejismo; no servir¨¢ para ma?ana.

Con esa reforma bien hecha bastar¨ªa. Pero cabe plantearse tambi¨¦n la posibilidad de convocar referendos de autodeterminaci¨®n en serio. Aqu¨ª tengo m¨¢s dudas. Hacerlo es ya, por s¨ª solo, otorgar la autodeterminaci¨®n, a falta de una consumaci¨®n posterior. Sin embargo, no es sostenible un sistema democr¨¢tico con millones de personas que no se sienten dentro de ¨¦l. El proceso pasar¨ªa, primero, por aprobar una ley de claridad a la canadiense; segundo, por informar objetivamente de las consecuencias monetarias, fiscales, de nacionalidad, pol¨ªticas, econ¨®micas, etc¨¦tera, de la eventual secesi¨®n, al estilo brit¨¢nico; tercero, por consultar a los catalanes, con car¨¢cter previo, si quieren o no abrir este proceso (exigiendo una mayor¨ªa cualificada, obviamente); y, por ¨²ltimo, por acudir al mecanismo de reforma constitucional agravada del art¨ªculo 168 de la Constituci¨®n, que, entre otros tr¨¢mites, exige un refer¨¦ndum final para todos los espa?oles.

Este es el punto: muchos catalanes quieren votar, pero esta decisi¨®n nos afecta directamente a todos. ?Por qu¨¦ va a poder decidir un se?or de Olot y no uno de Valladolid sobre un asunto que nos impacta personalmente a los dos? ?no tienen ambos id¨¦ntico derecho democr¨¢tico de participaci¨®n? As¨ª pues, llegado el caso, jo tamb¨¦ vull votar.