La juez Lamela destaca el papel ¡°esencial¡± de los l¨ªderes de la ANC y ?mnium en la sedici¨®n

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga por sedici¨®n los preparativos para la independencia de Catalu?a, ha destacado este mi¨¦rcoles el papel ¡°esencial¡± de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ?mnium Cultural, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, en la movilizaci¨®n de las masas a favor de la secesi¨®n. En un auto ¨Cresoluci¨®n razonada- por el que insiste en declararse competente para llevar a cabo la investigaci¨®n, Lamela afirma que la actividad de ambos l¨ªderes soberanistas ¡°resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma direcci¨®n que culminase con la movilizaci¨®n de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista¡±.

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La magistrada explica que los altercados en las protestas del 20 y 21 de septiembre, que supuestamente trataron de impedir la actuaci¨®n policial contra los preparativos del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del pasado 1 de octubre, no constituyen un hecho aislado. Estos incidentes, considera Lamela ¡°se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi S¨¤nchez, en ejecuci¨®n de la hoja de ruta dise?ada para llegar a obtener la independencia de Catalu?a, y donde ambos forma parte de un comit¨¦ estrat¨¦gico con unas funciones concretas a ejecutar¡±.

S¨¤nchez y Cuixart, que declararon como imputados el pasado viernes ante la juez Lamela, rechazaron la competencia de Lamela para investigar delitos de sedici¨®n, ya que, en su opini¨®n, estos delitos corresponden a los juzgados territoriales y no a la Audiencia Nacional. Para ello, los l¨ªderes soberanistas aportaban una serie de sentencias dictadas por tribunales de toda Espa?a por delitos de sedici¨®n. La magistrada, en su auto, responde a esta cuesti¨®n e insiste en que no todos los delitos de sedici¨®n son competencia de la Audiencia Nacional, sino ¨²nicamente aquellos que puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno que persigue cambiar ilegalmente la organizaci¨®n del Estado, como seg¨²n la magistrada ocurre en este caso.

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