Una comisi¨®n coordinar¨¢ la intervenci¨®n de Catalu?a
Un t¨¦cnico previsiblemente catal¨¢n estar¨¢ al frente del organismo
El Gobierno nombrar¨¢ una comisi¨®n para coordinar la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en Catalu?a, que tendr¨¢ al frente a una persona de perfil m¨¢s t¨¦cnico que pol¨ªtico y previsiblemente catalana. El Ejecutivo analiza aforar a este cargo para protegerle de las posibles acciones judiciales que puedan emprender contra ¨¦l personas o entidades soberanistas. El Senado aprobar¨¢ ma?ana las medidas, que entrar¨¢n inmediatamente en vigor. La primera consecuencia ser¨¢ el cese del president, Carles Puigdemont, y del resto del Govern.
Al final, en aras de la eficacia, el presidente, Mariano Rajoy, est¨¢ dispuesto a crear una estructura de coordinaci¨®n de la Administraci¨®n auton¨®mica que quedar¨¢ bajo el control del Estado desde el fin de semana. En principio, pens¨® que quiz¨¢ no har¨ªa falta, toda vez que el Estado no asume las competencias de la comunidad, sino que se pone a su frente para ¡°restaurar la legalidad¡± y que se apliquen con neutralidad. Por eso se destituye a las personas y no se introducen cambios en las pol¨ªticas, salvo cortar o impedir acciones que se encaminaban hacia la independencia de Catalu?a.
El jefe del Ejecutivo busca la forma menos ¡°invasiva¡± de hacerlo, se?alan fuentes gubernamentales, que citan la creaci¨®n de una comisi¨®n nombrada espec¨ªficamente para este prop¨®sito a cuyo frente estar¨¢ una persona, previsiblemente catalana, de perfil m¨¢s t¨¦cnico que pol¨ªtico. Sobre este cargo recaer¨¢ la coordinaci¨®n de todas las ¨¢reas y ser¨¢ la cara visible de la autoridad estatal. El Gobierno se plantea su protecci¨®n por la v¨ªa del aforamiento ante la posibilidad de que personas o entidades soberanistas presenten en su contra denuncias y querellas.
El Ejecutivo comunicar¨¢ pr¨®ximamente al PSOE el nombre del candidato, seg¨²n fuentes gubernamentales. Esta figura tendr¨¢ todo el apoyo de los ministros y sus equipos, preparados desde hace d¨ªas para hacer el seguimiento de las consejer¨ªas. Muchas de ellas no tienen especial complicaci¨®n pol¨ªtica porque se trata de que los funcionarios de las mismas gestionen el trabajo ordinario. Las excepciones est¨¢n en las ¨¢reas de Hacienda, Telecomunicaciones e Interior, donde la intervenci¨®n ser¨¢ m¨¢s amplia.
La experiencia del 1 de octubre no se quiere repetir. Pese a que el Gobierno no ha admitido que esa jornada hubiera actuaciones policiales excesivas, ahora la preocupaci¨®n por evitar que puedan producirse actos de violencia tras la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 es m¨¢xima. La salida del presidente de la Generalitat y de los consejeros de sus despachos ser¨¢ uno de los momentos m¨¢s delicados, seg¨²n reconoce el Gobierno.
Pero, en principio, ya no hay marcha atr¨¢s. El documento aprobado el s¨¢bado por el Consejo de Ministros ser¨¢ defendido hoy por la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, en la comisi¨®n creada al efecto en el Senado y, previsiblemente, ma?ana en el pleno por el propio Rajoy. Todos los ministros y la vicepresidenta estar¨¢n muy implicados con la marcha de la actividad de las consejer¨ªas, pero ninguno de ellos tiene intenci¨®n a hacerse notar especialmente en la gesti¨®n.
Ajustar detalles
El Gobierno se dedic¨® ayer a afinar los detalles sobre la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155, una vez conocido el rechazo de Puigdemont a comparecer en el Senado. No hubo lugar a que continuara la discusi¨®n del PP con el PSOE sobre las posibles consecuencias de que Puigdemont convocase unas elecciones.
Si as¨ª fuera, los socialistas no ven raz¨®n alguna para aplicar la previsi¨®n constitucional y as¨ª ha quedado recogido en el Diario de Sesiones del Congreso por la pregunta que a este respecto formul¨® ayer la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, al presidente del Gobierno. Rajoy respondi¨® con la necesidad de defender el orden constitucional. ¡°Restituiremos la legalidad para volver a la normalidad¡±, se?al¨®.
Esa normalidad deber¨ªa empezar a encauzarse dentro de los pr¨®ximos seis meses, que es el ¨²nico plazo que se ha fijado el Gobierno con el objetivo exclusivo de convocar unas elecciones auton¨®micas, que se celebrar¨ªan en junio. No hay m¨¢s topes. Una vez aprobado el plan por el pleno del Senado, se abren dos v¨ªas, seg¨²n fuentes gubernamentales. La m¨¢s r¨¢pida consistir¨ªa en el env¨ªo de un oficio con el que la C¨¢mara alta comunicar¨ªa al Ejecutivo que su petici¨®n ha sido aceptada. Ello permitir¨ªa la convocatoria de un Consejo de Ministros para aprobar los ceses de todos los integrantes del Govern y distintos decretos. En paralelo, tanto la decisi¨®n del Senado como la del Gobierno ser¨ªan publicadas en el BOE, lo que puede ocurrir ma?ana mismo (por v¨ªa telem¨¢tica) o ya el s¨¢bado.
La segunda v¨ªa, m¨¢s lenta, obligar¨ªa a que el Ejecutivo esperara a la publicaci¨®n del acuerdo del Senado en el bolet¨ªn oficial, reuniendo luego al Consejo de Ministros para aprobar las destituciones.
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