La acci¨®n judicial, pendiente de la escapada belga de Puigdemont

La decisi¨®n del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de poner tierra de por medio con la justicia espa?ola e instalarse en B¨¦lgica entorpecer¨¢, pero no interrumpir¨¢, las investigaciones judiciales que pesan contra ¨¦l. En caso de no comparecer cuando sea llamado, los jueces enviar¨¢n a la justicia belga una Orden Europea de Detenci¨®n. En teor¨ªa, este procedimiento permitir¨ªa, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la entrega a Espa?a del pol¨ªtico en un plazo de 60 d¨ªas.

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Carles Puigdemont ¡°est¨¢ bien asesorado jur¨ªdicamente al elegir B¨¦lgica¡± como destino para tratar de escapar de la acci¨®n de la Justicia espa?ola, consideran las fuentes consultadas bajo condici¨®n de anonimato. El expresidente catal¨¢n est¨¢ investigado por malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Adem¨¢s, su situaci¨®n se agravar¨¢ considerablemente despu¨¦s de que, este martes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitiera a tr¨¢mite la querella por rebeli¨®n ¡ªdelito castigado con hasta 30 a?os de c¨¢rcel¡ª contra ¨¦l y los 13 exconsejeros de su Gobierno presentada el lunes por el lunes por el fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza.

Este horizonte penal poco halag¨¹e?o ha llevado a Puigdemont ¡ªy a otros cinco de sus consejeros¡ª a instalarse en B¨¦lgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 a?os ha conseguido paralizar la entrega a Espa?a de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su ¨²ltimo logro en este campo, hace cuatro a?os, fue evitar que B¨¦lgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudi¨® ayer al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que le acompa?aron a la capital belga y que volv¨ªan a Barcelona.

Fuentes judiciales espa?olas consideran que B¨¦lgica ¡°no es mal pa¨ªs para hacer esperar¡± a la Justicia espa?ola, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa de este martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el Gobierno el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, manifest¨® que no volver¨¢ a Espa?a hasta que no tenga ¡°garant¨ªas de un juicio justo¡±.

La juez Lamela admiti¨® a tr¨¢mite la querella por rebeli¨®n, como hizo este martes el Tribunal Supremo con la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la C¨¢mara que permitieron que se votara el viernes la declaraci¨®n de independencia de Catalu?a. En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podr¨ªan dictar un auto ¡ªresoluci¨®n razonada¡ª con una orden de detenci¨®n e ingreso en prisi¨®n contra ellos.

Con esa resoluci¨®n, los jueces espa?oles pueden activar la Orden Europea de Detenci¨®n, un procedimiento que sustituye en el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea, a las antiguas ¨®rdenes de extradici¨®n. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscal¨ªa lo reclame previamente.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Polic¨ªa Nacional, que a trav¨¦s de la llamada Oficina Sirene, de cooperaci¨®n t¨¦cnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina hom¨®loga de la polic¨ªa belga. Este mecanismo supone ya la detenci¨®n del buscado y su puesta a disposici¨®n de un juez belga encargado de estudiar la entrega a Espa?a.

El procedimiento de la OED, se aplica en Espa?a desde 2003 y se actualiz¨® en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligaci¨®n de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces pod¨ªan dictar la OED directamente) y tambi¨¦n para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en Espa?a se dan los presupuestos para la prisi¨®n provisional. Al contrario que la extradici¨®n, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en ¨¦l no participan los Gobiernos de los pa¨ªses. ¡°No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio b¨¢sico de la OED¡±, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detenci¨®n se regula en Espa?a en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni¨®n Europea. Esta norma traspone al derecho espa?ol, entre otras, una decisi¨®n marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilizaci¨®n de la entrega de detenidos.

Recovecos legales

Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ¨¢gil ¡ªen unos 60 d¨ªas la justicia del pa¨ªs requerido suele acordar la entrega de la persona buscada¡ª, fuentes jur¨ªdicas se?alan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos. Una de ellas es, por ejemplo, que el juez reclamante no haya agotado otros mecanismos para interrogar al imputado, como la videoconferencia, aunque en delitos tan graves como la rebeli¨®n, una excusa as¨ª tendr¨ªa poca cabida, se?alan los entrevistados.

Otra alegaci¨®n podr¨ªa ser el hecho de que la rebeli¨®n no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de ¡°control de la doble tipificaci¨®n¡±, es decir que ese delito est¨¦ recogido en los c¨®digos penales de ambos pa¨ªses. La rebeli¨®n en la normativa belga, seg¨²n fuentes consultadas, tiene una definici¨®n ligeramente distinta a la espa?ola, y en la propia Espa?a es un tipo penal dudoso. Esto podr¨ªa llevar a los jueces belgas a tener argumentos para entrar en el fondo del asunto y examinar si a ojos de la ley de aquel pa¨ªs la conducta de Puigdemont y los dem¨¢s consejeros huidos a B¨¦lgica es perseguible. En caso de que el juez encargado de tramitar la entrega acceda a ello, el reclamado puede apelar en segunda instancia.

No obstante, todas las fuentes consultadas explican que el contexto actual es muy distinto conf¨ªan en que todos estos obst¨¢culos se ir¨¢n salvando aunque puedan llevar tiempo. Un fiscal de la Audiencia Nacional recuerda que en los ¨²ltimos a?os el procedimiento de la OED entre Espa?a y B¨¦lgica ha funcionado de manera muy aceptable en asuntos como el terrorismo islamista.

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