Hundidos al tratar de salvar su reputaci¨®n
15 cargos p¨²blicos del PP ven peligrar sus carreras acusados de desviar dinero para mejorar su imagen en la Red
La corrupci¨®n no deja de ser corrupci¨®n por peque?a que sea la cantidad de dinero p¨²blico defraudada. La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro declara como imputada ma?ana en el Tribunal Supremo por la supuesta malversaci¨®n de 4.840 euros del Consistorio para mejorar su imagen p¨²blica en Internet. Su compa?ero de partido Pedro Antonio S¨¢nchez renunci¨® a la presidencia de Murcia tras descubrirse que presuntamente maniobraba para gastar 32.200 en ocultar las numerosas noticias negativas sobre ¨¦l en la red.
Otros 13 cargos p¨²blicos del PP han visto como el caso P¨²nica truncaba sus carreras o amenaza con hacerlo por irregularidades en la financiaci¨®n de trabajos de reputaci¨®n online. En ning¨²n caso, excepto el de la exconsejera madrile?a de Educaci¨®n Luc¨ªa Figar, el desv¨ªo de fondos p¨²blicos superaba individualmente las cinco cifras. Siete de ellos est¨¢n imputados o procesados. Los ocho restantes han aparecido en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desentra?an los ama?os para pagar por estos trabajos al experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista de Cartagena Jos¨¦ Antonio Alonso.
Adem¨¢s de Barreiro y S¨¢nchez, los otros imputados o procesados son el expresidente de la Diputaci¨®n de Le¨®n y hoy alcalde de Cuadros por un partido independiente, Marcos Mart¨ªnez Baraz¨®n; el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; la exconsejera de Educaci¨®n madrile?a Luc¨ªa Figar; el exconsejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; y el exalcalde de Valdemoro Jos¨¦ Carlos Boza Lechuga. Todos ellos han declarado ya ante el juez.
Escuchas telef¨®nicas
En el caso de Marcos Baraz¨®n, la investigaci¨®n destap¨® que sigui¨® con las pr¨¢cticas de su antecesora al frente de la Diputaci¨®n, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, y mantuvo los servicios de la trama en los que la fallecida supuestamente gast¨® m¨¢s de 86.000 euros. En su caso, la Guardia Civil cifra el desv¨ªo de fondos en algo m¨¢s de 10.000 euros en los pocos meses que estuvo en el cargo antes de su detenci¨®n, en octubre de 2014. Las pesquisas revelaron que ya entonces ten¨ªa pendiente abonar al menos otros 6.000 euros. Las escuchas telef¨®nicas revelaron su obsesi¨®n por presentarse ante el PP de Madrid como el mejor relevo de su antecesora tanto en el organismo p¨²blico como en la direcci¨®n provincial del partido. Incluso gast¨® 5.445 euros en un consultor de comunicaci¨®n que le prepar¨® ante una entrevista que iba a conceder a un medio local. A todo ello hizo frente, supuestamente, con fondos de la Diputaci¨®n.
El deseo de escalar posiciones y ser el candidato del PP a la presidencia de la Regi¨®n de Murcia en 2015 llev¨® tambi¨¦n al exconsejero Juan Carlos Ruiz a contratar a empresas de la P¨²nica. En su caso, la sospecha se centra en un contrato para la promoci¨®n tur¨ªstica de Murcia en el mercado brit¨¢nico de 47.000 euros. Cuatro cargos de su departamento tambi¨¦n est¨¢n encausados.
En Madrid, son cinco los cargos p¨²blicos salpicados. Tres est¨¢n ya imputados: el exvicepresidente regional Salvador Victoria, la exconsejera Luc¨ªa Figar y el alcalde de Valdemoro hasta su detenci¨®n en octubre de 2014, Jos¨¦ Carlos Boza Lechuga. Victoria est¨¢ acusado de conseguir que empresas adjudicatarias de contratos p¨²blicos pagaran a De Pedro por su trabajo para minimizar los da?os en la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, por las noticias sobre su ¨¢tico en la Costa del Sol.
Sobre Figar, la Guardia Civil y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n han incorporado recientemente al sumario informes en los que elevan de 81.000 a 122.000 euros la cantidad supuestamente desviada por ella y su equipo. Una empleada de De Pedro asegur¨® al juez que ocultar en Internet las noticias sobre el cheque guarder¨ªa que se autoconcedi¨® fue ¡°un hueso¡± al que dedicaron muchas horas.
¡°Crear una reputaci¨®n¡±
Boza Lechuga est¨¢ imputado desde su detenci¨®n al inicio de la Operaci¨®n P¨²nica por irregularidades urban¨ªsticas y de corrupci¨®n municipal, pero su implicaci¨®n en los ama?os para financiar una campa?a de reputaci¨®n en las redes sociales es reciente. El sucesor de Francisco Granados en la alcald¨ªa de Valdemoro declar¨® el 21 de diciembre ante el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n despu¨¦s de que la UCO concluyera que iba a pagar 39.930 euros para que le ¡°construyeran una reputaci¨®n positiva en Internet¡±. El magistrado destacaba que la trama posicion¨® ¡°seguidores ficticios por Facebook, Twitter y otras redes sociales que ofrec¨ªan sus mensajes concertados de alabanza¡±.
En Madrid tambi¨¦n est¨¢n bajo sospecha por estas pr¨¢cticas ¡ªaunque no est¨¢n imputados¡ª Ignacio Gonz¨¢lez y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola. Un reciente informe de la UCO sobre los trabajos de De Pedro con pol¨ªticos madrile?os revela que la trama intent¨® mejorar la reputaci¨®n de ambos, adem¨¢s de las de Esperanza Aguirre y el actual diputado auton¨®mico del PP Jos¨¦ Manuel Berzal cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid. El documento implica a Gonz¨¢lez y Sarasola en las supuestas irregularidades que permitieron que los servicios para mejorar la imagen en Internet de todos ellos se pagaran con fondos p¨²blicos.
En el caso de la expresidenta madrile?a, se invirtieron 82.000 euros, seg¨²n los investigadores. Ambos ex altos cargos del Ejecutivo regional ya han declarado como ¡°investigados no detenidos¡± ante la Guardia Civil. En el caso de Sarasola, el primer instructor del caso, el juez Eloy Velasco, le lleg¨® a citar para declarar como imputado en junio de 2015, pero su elecci¨®n como diputado auton¨®mico aquel a?o hizo que el magistrado anulase entonces el se?alamiento ya que pas¨® a ser aforado. Poco despu¨¦s caus¨® baja como parlamentario.
Otra pol¨ªtica madrile?a ¡ªya retirada¡ª que se ha visto salpicada por los contratos de reputaci¨®n on line ha sido Ana Botella. En agosto de 2013, la entonces alcaldesa de la capital y su esposo el expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, se reunieron con De Pedro en Marbella. Tras ese encuentro, la jefa de prensa de Botella concert¨® supuestamente con De Pedro que el Ayuntamiento pagar¨ªa 60.000 euros por estos trabajos. Sin embargo, el contrato no se lleg¨® a firmar ante la dificultad de facturar esos trabajos al presupuesto municipal. Hubiera sido, quiz¨¢, el trabajo de limpieza de imagen m¨¢s dif¨ªcil del experto inform¨¢tico.
Seis cargos bajo sospecha en la Comunidad Valenciana
Aunque hasta la fecha no hay ning¨²n cargo p¨²blico como imputado, en los ¨²ltimos meses la UCO ha entregado varios informes sobre supuestas irregularidades en los ayuntamientos de Valencia, Gand¨ªa y Denia que se?alan a cinco cargos p¨²blicos del PP. Adem¨¢s, la Guardia Civil tom¨® declaraci¨®n en junio de 2015 como "investigado no detenido" a un sexto, el entonces alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller, quien poco despu¨¦s dej¨® su acta de concejal. El informe sobre los tratos de su consistorio con la trama a¨²n se est¨¢ elaborando.
De los cinco cargos ya se?alados, dos son aforados. V¨ªctor Soler, parlamentario en las Corts valencianas y actual concejal en Gand¨ªa, al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputaci¨®n que la trama hizo para el que fuera alcalde de este municipio, Arturo Torr¨®, tambi¨¦n se?alado y que dej¨® su acta. El segundo es Miquel Dom¨ªnguez, diputado regional elegido en las listas del PP populares, aunque posteriormente pas¨® al Grupo Mixto. La UCO lo relaciona con los trabajos de la trama para mejorar la imagen de Rita Barber¨¢. ?l era uno de sus ediles. La Guardia Civil tambi¨¦n implica al actual concejal Alberto Mendoza Segu¨ª, imputado en el 'caso Taula'. La ¨²ltima es Ana Mar¨ªa Kringe, actual concejal en Denia. Seg¨²n la investigaci¨®n, entre finales de 2010 y 2014 ¡ªcuando era la alcaldesa¡ª presuntamente pag¨® con fondos p¨²blicos 33.580 euros para "dar ostias (sic) a la oposici¨®n" en Internet.
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