La polic¨ªa acusa a la Junta andaluza de retrasos en el auxilio en helic¨®ptero de v¨ªctimas de tr¨¢fico

La polic¨ªa acusa a la empresa p¨²blica andaluza responsable del servicio de emergencias EPES, de haber facilitado un fraude en el rescate de accidentados mediante helic¨®pteros. Los investigadores alertan de un supuesto enga?o por parte de las empresas Inaer y Faasa, que ha repercutido en un aspecto muy sensible: el tiempo de espera para que una v¨ªctima en accidente de tr¨¢fico sea trasladado desde una carretera a un hospital en los momentos cr¨ªticos.

M¨¢s informaci¨®n

El ¡®c¨¢rtel del fuego¡¯ gener¨® un fraude de 100 millones de euros

El juez manda a la Audiencia Nacional al ¡°grupo criminal¡± de la red del fuego

El supuesto fraude que denuncia la polic¨ªa ata?e a la sociedad que ha licitado el servicio entre 2011 y 2018, la Empresa P¨²blica de Emergencias Sanitarias (EPES), por supuestamente permitir un "reparto territorial orquestado por las mercantiles aeron¨¢uticas en Andaluc¨ªa". Los agentes vinculan el modus operandi al cartel del fuego que investiga la Audiencia Nacional y que supuestamente gener¨® un fraude de 100 millones de euros por los contratos de extinci¨®n a¨¦rea en diferentes regiones como Andaluc¨ªa, la Comunidad Valenciana, Catalu?a, Extremadura, las dos Castillas, Islas Baleares y el Ministerio de Medio Ambiente.

El presunto retraso en los tiempos de rescate de los accidentados ha sido permitido por la Junta de Andaluc¨ªa a las dos empresas que prestan el servicio debido a "un verdadero pulso" en el que la Administraci¨®n ha cedido a las necesidades de las firmas que gestionan las aeronaves, seg¨²n el informe policial. "Aunque ello redunde en aspectos tan delicados como la ampliaci¨®n del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas 45 minutos, o la utilizaci¨®n de aeronaves de m¨¢s de veinte a?os de antig¨¹edad", denuncian los investigadores en su atestado entregado al Juzgado de Instrucci¨®n 8 de Sevilla, que investiga el caso.

Fuentes de la empresa p¨²blica reducen ese tiempo de espera para el traslado de pacientes cr¨ªticos ante accidentes a una horquilla entre 30 y 40 minutos, "dependiendo del lugar de la atenci¨®n y de la orograf¨ªa". EPES asegura que ha respetado la Ley de Contratos del Sector P¨²blico para la contrataci¨®n del servicio de helic¨®pteros.

La polic¨ªa censura la presentaci¨®n a concurso "de una sola empresa" por lote de cada provincia, a pesar de que reconoce que el sector aeron¨¢utico es una "oferta denominada escasa" y favorece el oligopolio, lo que podr¨ªa llevar a la alteraci¨®n de los precios de los concursos p¨²blicos. A pesar de esta situaci¨®n, los investigadores censuran: "Pero la aparente inacci¨®n de la Administraci¨®n prolongada en el tiempo ha permitido que esta situaci¨®n se agrave hasta el punto de que en los expedientes analizados, por regla general ha sido una sola empresa la que se ha presentado".

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 8, Mar¨ªa de los Reyes de Flores, ha autorizado a la Unidad Adscrita a los juzgados de la Polic¨ªa, que investiga estas supuestas irregularidades, para exigirle a la Consejer¨ªa de Salud que identifique a los responsables de las mesas de contrataci¨®n que licitaron los servicios de emergencias en las ocho provincias andaluzas. El plazo para la Consejer¨ªa de Salud andaluza acaba este martes.

"No son solo los tiempos de espera, sino el material con helic¨®pteros de m¨¢s de 20 a?os, una licencia que ha permitido la Junta a las concesionarias. El uso de dinero p¨²blico en esta empresa deja bastante que desear. La denuncia la pusimos en junio tras comprobar que se repet¨ªan las mismas empresas y ahora la polic¨ªa ratifica nuestras sospechas", critica el secretario general de CGT en Andaluc¨ªa, Miguel Montenegro.

La investigaci¨®n surgi¨® despu¨¦s de una denuncia del sindicato CGT ante la Fiscal¨ªa de M¨¢laga, que remiti¨® el caso a la juez Flores, dada la conexi¨®n con la investigaci¨®n del cartel del fuego, radicada en Sevilla. Cuando el fiscal jefe de M¨¢laga, Juan Carlos L¨®pez Caballero, analiz¨® la denuncia, orden¨® la apertura de diligencias de investigaci¨®n por prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Por el cartel del fuego, que salpica a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente andaluza por el Plan Infoca y contratos por 70 millones, est¨¢n imputados cinco altos cargos: el jefe de contrataci¨®n, el director general de Gesti¨®n del Medio Natural, el exresponsable del operativo de extinci¨®n de incendios, su n¨²mero dos, el interventor delegado y una asesora t¨¦cnica.