El PP y la 'delaci¨®n premiada'
Nueve empresarios y Francisco Correa confirman ante el juez la presunta financiaci¨®n ilegal en Valencia
La segunda jornada del juicio sobre la financiaci¨®n presuntamente ilegal del Partido Popular de Valencia ¨Cuna de las 10 piezas del rompecabezas G¨¹rtel¨C ha sido todo lo espectacular que se pod¨ªa esperar. Esto ha sido as¨ª por la escenificaci¨®n de los pactos con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a trav¨¦s de la confesi¨®n de culpabilidad y aportaci¨®n de pruebas, es decir, los famosos plea agreement, plea bargain y plea guilty que se ven d¨ªa tras d¨ªa en el sistema judicial de Estados Unidos, que reflejan las pel¨ªculas de Hollywood.
Uno tras otro, nueve empresarios de compa?¨ªas constructoras, a los que se uni¨® como primer tenor el l¨ªder de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, han desfilado ante el tribunal unipersonal para confesar sus delitos seg¨²n constaba en el pacto de conformidad que suscribieron con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
Fueron ellos quienes pagaron los 2,2 millones de euros de las campa?as electorales de 2007 y 2008 en dinero negro.
La ca?er¨ªa ¨Cmet¨¢fora utilizada por el fiscal Emilio S¨¢nchez Ulled para definir al Palau de la M¨²sica como canal del trasvase de 6,6 millones de euros de la empresa Ferrovial a Convergencia Democr¨¢tica de Catalu?a¨C en el caso del PP valenciano ha sido la empresa Orange Market de Correa.
Los trabajos para montar campa?as electorales deslumbrantes, espl¨¦ndidas, y creativas ¨Cpalabra que utiliz¨® ayer en su confesi¨®n Paco Correa¨C se hicieron de verdad.
Pero a la hora de abonar, el PP le explic¨® a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, que el pagador ser¨ªa otro. Esto le supo mal a Crespo,?seg¨²n dijo el tenor?ayer. No por nada ¨¦l hab¨ªa sido, antes de pasarse al grupo de empresas de Correa, secretario de Organizaci¨®n del PP de Galicia.
Y no fue solo un pagador sino nueve los que hicieron la colecta: empresas constructoras que, en aquellos a?os, protagonizaron la fase final de la burbuja inmobiliaria a las que el gobierno de Francisco Camps hab¨ªa adjudicado obras importantes.
Y, entonces, de sus labios sali¨® el nombre: Ricardo Costa, secretario general del partido en 2008 y 2009, y mano derecha de Francisco Camps.
Cuando el abogado del Estado, Edmundo Bal Franc¨¦s, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, le pregunt¨® a Correa qui¨¦n le hab¨ªa indicado a Crespo que ten¨ªa que girar las facturas a las empresas, es posible que Correa quisiera dejarle la respuesta a su dilecto colaborador. Pero en la fracci¨®n de uno o dos segundos debi¨® recordar que es ¨¦l quien ha pactado con la Fiscal¨ªa.
Y, entonces, de sus labios sali¨® el nombre: Ricardo Costa, secretario general del partido en 2008 y 2009, y mano derecha de Francisco Camps. La primera gran delaci¨®n del juicio en vivo, aparte de las nueve que han suscrito los constructores.
El pacto de conformidad con los nueve empresarios fue negociado por los fiscales Miriam Segura y Carlos Y¨¢?ez. Segura form¨® junto a Concha Sabadell el t¨¢ndem que buce¨® en las profundidades de G¨¹rtel aquel verano de 2008, antes de que la causa pasara a la Audiencia Nacional.
Fueron ellas las que finalmente decidieron en los ¨²ltimos meses de 2008, con el respaldo del fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, que tocaba judicializar las diligencias preliminares.
Y por ello se ganaron la animadversi¨®n de Federico Trillo, el hombre al que Mariano Rajoy encomend¨® la tarea de coordinar la estrategia para desactivar la causa.
El acuerdo que Segura y Y¨¢?ez consiguieron sellar con las empresas forma parte de lo que se llama, en derecho penal, la delaci¨®n premiada.
Observar en la sala de juicio c¨®mo cada uno de los empresarios se encaminaba al banquillo para examinar los textos de los pactos alcanzados y los ratificaban ante el juez Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia es lo que Trillo llamar¨ªa un giro copernicano, el mismo que vaticin¨® prematuramente en 2010, seg¨²n el cual Miriam Segura y Concha Sabadell ser¨ªan apartadas de la investigaci¨®n.
Lo que se experiment¨® este martes en la sala de juicio en San Fernando de Henares es, por su magnitud, in¨¦dito. Es verdad que la figura del arrepentido y del cooperador con la justicia son figuras ya existentes en el sistema judicial espa?ol. Pero nada tan importante como los nueve empresarios que han confesado sus delitos y, por esta v¨ªa, han dejado a los dirigentes pol¨ªticos y al partido beneficiario, el PP, con el culo al aire.
En el caso Palau, hubo intentos de pacto de conformidad, en especial con el extesorero acusado, Daniel Osacar, que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n dej¨® en agua de borrajas. Pero los ejecutivos imputados de la empresa Ferrovial, es decir, los corruptores nunca colaboraron con la investigaci¨®n. La sentencia del tribunal de la secci¨®n d¨¦cima de la Audiencia Provincial de Barcelona es dura en sus afirmaciones sobre su conducta, pero estos se han librado de penas por la prescripci¨®n de los delitos.
En Estados Unidos esta figura de la delaci¨®n premiada es la llave que permite confirmar pruebas decisivas durante la investigaci¨®n ¨Cantes de llegar a juicio¨C y acelera los procedimientos.
Se trata de promover acuerdos entre el imputado/investigado y el fiscal. A cambio de una confesi¨®n y/o colaboraci¨®n con la acci¨®n judicial se le ofrecen rebajas de pena u otros beneficios, que pueden llegar, incluso, a la remisi¨®n total del castigo.
No son pocos los magistrados de lo penal en Espa?a para quienes ha llegado la hora de legislar con mayor detalle un escenario de justicia negociada.
Las primeras sesiones del juicio sobre la financiaci¨®n del PP de Valencia ya pueden considerarse como un alegato persuasivo a favor de una actualizaci¨®n de las normas para promover con mayor fuerza el mecanismo de la delaci¨®n premiada en un pa¨ªs en cuyo horizonte se perfila una lista interminable de juicios sobre casos de corrupci¨®n.
Los fiscales Miriam Segura y Carlos Alba ¨Cel fiscal Y¨¢?ez dej¨® la Fiscal¨ªa el pasado mes de noviembre¨C han entrado al juicio del PP de Valencia, pues, con la batalla ganada, donde un grupo de acusados, al que se ha unido in extremis el cabecilla de la trama G¨¹rtel, aportan las pruebas de cargo de la Fiscal¨ªa para obtener una sentencia condenatoria.
Ello no exime, claro, de presentar las pruebas y la hoja de ruta precisa que sigui¨® la presunta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano en los a?os 2007 y 2008, sistema que ya el extesorero del PP, Luis B¨¢rcenas, calific¨® como conducta generalizada en su larga confesi¨®n del 15 de julio de 2013 ante el juez Pablo Ruz.
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