El Supremo quiere agilizar la causa contra el secesionismo y celebrar el juicio en oto?o
El alto tribunal pretende acabar la instrucci¨®n antes del verano
El Tribunal Supremo pretende iniciar el juicio contra los l¨ªderes independentistas en octubre o, como m¨¢ximo, noviembre. El alto tribunal, con las pruebas de las ya que dispone, cree tener acreditados de momento, al menos, los delitos de malversaci¨®n y sedici¨®n. La idea del Supremo es dilatar la causa solo lo imprescindible pero sin menoscabar el derecho de defensa, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. El instructor, Pablo Llarena, es reacio a declarar la causa de especial complejidad, lo que permitir¨ªa ampliar el l¨ªmite de seis meses de investigaci¨®n hasta los 18.
La intenci¨®n de sentar en el banquillo con la mayor celeridad posible a quienes finalmente resulten procesados se aprecia, por ejemplo, en una de las ¨²ltimas decisiones adoptadas por el juez Pablo Llarena: la apertura de una pieza separada dentro el sumario, que ha declarado secreta durante solo 15 d¨ªas; lo habitual es que este tipo de decisiones abarquen un m¨ªnimo de un mes, prorrogable.
Una de las ¨²ltimas decisiones del juez ha sido abrir una pieza dentro el sumario y declararla secreta durante solo 15 d¨ªas
Si el juez quiere evitar la pr¨®rroga de los primeros seis meses de investigaci¨®n tendr¨ªa que procesar a los acusados, como m¨¢ximo, en abril. Y en ello est¨¢ Llarena, seg¨²n fuentes conocedoras de la causa. Entre los 28 investigados actualmente est¨¢n el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con ¨¦l en Bruselas; el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, ambos en prisi¨®n preventiva; el resto de exconsejeros del Govern; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y varios exmiembros de la Mesa; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y los dirigentes de las entidades independentistas ANC y ?mnium, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, ambos en prisi¨®n preventiva. Cuando el juez decida a qui¨¦nes procesa y por qu¨¦ delitos se abrir¨¢ un periodo de varios meses para que las partes califiquen los hechos y puedan pedir m¨¢s pruebas.
Llarena no quiere limitar el derecho de defensa, aun cuando ello pueda suponer una dilataci¨®n de la causa. Pero la previsi¨®n es que, si no surgen obst¨¢culos o nuevas pesquisas ineludibles, los investigados que resulten finalmente encausados se sentar¨¢n en el banquillo en octubre, y lo har¨¢n ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ser¨¢ un juicio largo.
El magistrado investiga delitos de rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. La decisi¨®n de no dilatar la investigaci¨®n apunta a que el sumario ya acumula suficiente carga probatoria de los delitos, al menos del de malversaci¨®n, que le permita aplicar el tipo agravado. El Alto Tribunal cree tener acreditados los delitos de malversaci¨®n (castigado con hasta ocho a?os de prisi¨®n) y el de sedici¨®n (hasta 15 a?os). Hay dudas entre los jueces sobre el de rebeli¨®n, que incluye tumulto con violencia y est¨¢ penado con hasta 30 a?os.
El juez cree tener amarrada la malversaci¨®n en el tipo agravado, seg¨²n la investigaci¨®n
Un informe de la Guardia Civil en poder del juez ha destapado que el Gobierno de Carles Puigdemont malvers¨® presuntamente 502.000 euros de dinero p¨²blico para pagar publicidad del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional lo hab¨ªa suspendido.
Las pesquisas hasta ahora permiten aplicar, en funci¨®n de las pruebas ya existentes, el tipo agravado de la malversaci¨®n, puesto que a esos 502.000 euros habr¨ªa que sumar otros 139.700 pagados por la Generalitat a trav¨¦s de intermediarios a los supervisores internacionales del refer¨¦ndum. Y cuando la malversaci¨®n supera los 600.000 euros entra de lleno el tipo agravado.
El juez cree tener indicios s¨®lidos de que cuanto menos en los hechos concurre un delito de sedici¨®n, ante la evidencia de que existi¨® una hoja de ruta preestablecida por un grupo amplio de personas concertadas entre s¨ª donde cada cual ostentaba un papel diferenciado pero todos orientados a declarar la independencia salt¨¢ndose la Constituci¨®n y forzando e ignorando las leyes.
Las principales pruebas son la hoja de ruta hallada en el registro que hizo la Guardia Civil los d¨ªas 20 y 21 de septiembre en la Consejer¨ªa de Econom¨ªa (cuando los manifestantes destrozaron tres veh¨ªculos policiales) y la agenda manuscrita de Josep Mar¨ªa Jov¨¦, n¨²mero dos de la consejer¨ªa que dirig¨ªa Oriol Junqueras.
La agenda de Jov¨¦
La agenda de Jov¨¦ detalla reuniones desde 2012 entre altos cargos de la Generalitat preparatorias de los actos que hab¨ªan de concluir con la proclamaci¨®n de la rep¨²blica catalana. Es minuciosa en datos y muestra el pesimismo que reinaba entre ellos sobre el ¨¦xito del proc¨¦s, si bien de sus anotaciones se deduce que decidieron tirar adelante convencidos de que la desobediencia a las leyes y las manifestaciones multitudinarias har¨ªan sucumbir al Gobierno de Mariano Rajoy.
La agenda ha permitido que Llarena ampliase a 28 los investigados, entre los que tambi¨¦n se hallan los Jordis, responsables de las asociaciones que organizaron la protesta frente a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y de las dem¨¢s que viene desarrollando el independentismo catal¨¢n desde 2012. Los dos est¨¢n en prisi¨®n, igual que Joaqu¨ªn Forn, el ex consejero de Interior que mandaba en los Mossos y que, cuando se produjeron los atentados yihadistas en Barcelona, al enumerar la nacionalidad de los fallecidos, distingui¨® entre muertos catalanes y espa?oles.
Fuentes jur¨ªdicas no descartan que los Jordis e incluso Forn puedan obtener la libertad cuando se constituya el nuevo Govern. En ese momento, opinan, desaparecer¨ªa la causa por la que se hallan en prisi¨®n: el riesgo de reiteraci¨®n delictiva. Pero a los que est¨¦n presos, y mientras lo est¨¦n, no se les va a permitir asistir a las sesiones del Parlament.
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