Granada denuncia a dos exdirectivos del PP por los trabajadores fantasma del cementerio

El consejo de administraci¨®n de Emucesa, la empresa municipal de cementerios de Granada, denunciar¨¢ en los tribunales, tanto por v¨ªa penal como civil, el caso de los cinco trabajadores contratados por anteriores directivos de la empresa que nunca acudieron a su trabajo. Los contratos se materializaron entre 2002 y 2012 y, seg¨²n un informe firmado hace dos meses por el actual gerente de la empresa, Jos¨¦ Antonio Mu?oz, cinco personas fueron contratadas pero ¡°no trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realizaci¨®n de trabajos para la misma, dependiendo directamente del Consejero delegado¡±.

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El coste de esos contratos ha sido 335.695 euros. La denuncia incluye tanto a los cinco trabajadores fantasma del cementerio como a los dos consejeros delegados responsables de los contratos, Eduardo Moral Garc¨ªa, que firm¨® los tres primeros y Mar¨ªa Franc¨¦s, por los dos ¨²ltimos.

Los hechos ocurrieron mientras el PP gobernaba la ciudad y nombraba los consejeros delegados de la empresa municipal. En ambos casos eran concejales del equipo de gobierno de aquel momento. Los cinco contratados son personas afiliadas o afines al PP. Una de las contratadas trabaj¨® en la televisi¨®n local con el PP en el Ayuntamiento y otra, por ejemplo, fue secretaria particular del presidente provincial de la Diputaci¨®n, el popular Sebasti¨¢n P¨¦rez, en este momento responsable del partido en la provincia.

Mar¨ªa Franc¨¦s, una de los dos directivos denunciados, sigue en la actualidad como concejal del PP y es miembro del consejo de administraci¨®n de Emucesa en la actualidad. Franc¨¦s, como consejera, tuvo que asistir ayer a la reuni¨®n del consejo que decidi¨® llevar su actuaci¨®n al juzgado. Tanto ella como el otro representante del PP en el Ayuntamiento se abstuvieron a la hora de votar. El resto, incluida la representaci¨®n de Invernor S.L., socio privado al que pertenece el 49% de la entidad, vot¨® a favor de la actuaci¨®n judicial.

La decisi¨®n adoptada por el consejo de administraci¨®n viene amparada por un informe emitido por un despacho de abogados a petici¨®n de Emucesa. El documento reconoce que ¡°la contrataci¨®n de estas personas se realiz¨® realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa¡±. En paralelo confirma que ¡°estar¨ªa fundamentado el ejercicio de la acci¨®n social de responsabilidad [contra los antiguos administradores], para la reparaci¨®n del da?o causado¡±, en el ¨¢mbito mercantil-societario, y, desde el punto de vista penal, ¡°se estima que puede existir responsabilidad por posibles delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en los hechos analizados¡­ sin perjuicio de la concurrencia de otras posibles figuras delictivas o de la concurrencia de circunstancias modificativas¡±.

El documento, no obstante, reconoce que al haber transcurrido cuatro a?os desde el cese del primero de los consejeros delegados afectados, Eduardo Moral Garc¨ªa ¡ªcesado en junio de 2011¡ª, parte de su responsabilidad podr¨ªa haber quedado ya prescrita, lo que no ocurre en el caso de Mar¨ªa Franc¨¦s.

El informe, en definitiva, recomienda la interposici¨®n de denuncias en al ¨¢mbito civil y penal contra los consejeros delegados afectados y las personas contratadas, incluyendo la reposici¨®n del dinero cobrado sin trabajar. El consejo de administraci¨®n de Emucesa ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del equipo jur¨ªdico externo.

Los contratos de las cinco personas eran de alta direcci¨®n y estipulaban que la funci¨®n de los trabajadores ser¨ªa la de asesores de Relaciones institucionales, protocolo y relaciones con los medios de comunicaci¨®n adjuntos al consejero delegado. El puesto de trabajo estaba tambi¨¦n negro sobre blanco: ¡°El lugar de prestaci¨®n de servicios del directivo ser¨¢n las oficinas de la empresa. No obstante, el directivo se obliga a atender cualquier gesti¨®n, reuni¨®n o conferencia para la que sea requerido all¨¢ donde ¨¦sta haya de tener lugar¡±.

Los salarios establecidos eran de 36.000 euros anuales en los primeros casos y, a partir de 2011, se fijaron en 34.000 euros al a?o, lo que dio lugar a los siguientes ingresos por cada una de las personas denunciadas: C. L., 108.266,94 euros; A. M., 110.473,63 euros; M. C., 67.569.59 euros; L. L., 16.863,80 euros y M.A., 32.521,29 euros. Todo ello complet¨® 335.695 euros.

Baldomero Oliver, portavoz municipal del PSOE, ha considerado que estas supuestas contrataciones irregulares han contribuido al actual "agujero econ¨®mico" del Ayuntamiento, y demuestran "el criterio pol¨ªtico con el que durante 15 a?os [el PP] ha estado gobernando esta ciudad, anteponiendo intereses que no son generales al inter¨¦s de la ciudad", y que ¡°por acumulaci¨®n, han producido una aut¨¦ntica ruina de lo p¨²blico".

Por el PP, su portavoz en el Ayuntamiento, Roc¨ªo D¨ªaz, ha reconocido que no han abierto ninguna investigaci¨®n por estos hechos contra su concejal Mar¨ªa Franc¨¦s, ha dicho que su partido no tiene nada que ocultar y ha pedido la presunci¨®n de inocencia para Franc¨¦s.