El Supremo prev¨¦ inhabilitar a la c¨²pula del ¡®proc¨¦s¡¯ en marzo antes del juicio

Si Carles Puigdemont busca nuevas tretas para saltarse el dictamen del Tribunal Constitucional y conseguir su investidura como presidente de Catalu?a, el tiempo corre en su contra. Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompa?an desde hace tres meses en su fuga de la Justicia quedar¨¢n previsiblemente inhabilitados para ejercer cargos p¨²blicos a finales de marzo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas cercanas al Tribunal Supremo. Y pueden ser inhabilitados porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar esta decisi¨®n a quienes ocupen cargos p¨²blicos y siempre que se haya dictado auto de procesamiento, el investigado se halle en prisi¨®n provisional e incurra en los delitos de terrorismo o rebeli¨®n.

Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompa?an en su fuga quedar¨¢n previsiblemente inhabilitados para ejercer cargos p¨²blicos a finales de marzo

Fuentes del Supremo precisan que la instrucci¨®n del juez del Supremo Pablo Llarena se aproxima ya a sus ¨²ltimos coletazos, y es previsible que todos ellos sean procesados por malversaci¨®n, sedici¨®n y rebeli¨®n en marzo. Los plazos judiciales corren en contra de los pol¨ªticos, porque para entonces, si no se ha desbloqueado la situaci¨®n en Catalu?a, los l¨ªderes del proc¨¦s en esa situaci¨®n no podr¨ªan aspirar a una investidura ni a concurrir como candidatos a unas hipot¨¦ticas nuevas elecciones.

La atribuci¨®n de este ¨²ltimo delito es la que permite al juez, seg¨²n el art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, inhabilitarles casi sobre la marcha. No habr¨¢ que esperar al juicio ni a que la sentencia, que puede producirse a finales de este a?o, sea firme. Solo cabe inhabilitar sin sentencia firme a un cargo p¨²blico en el momento en que un juez lo procesa y a la vez dicte una orden de prisi¨®n. Y siempre y cuando concurra al menos uno de los tres delitos siguientes: terrorismo, banda criminal o rebeli¨®n.

El art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: ¡°Firme un auto de procesamiento y decretada la prisi¨®n provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando funci¨®n o cargo p¨²blico quedar¨¢ autom¨¢ticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situaci¨®n de prisi¨®n¡±.

Los acusados que no est¨¦n recluidos? podr¨¢n mantener sus cargos hasta que haya juicio y la sentencia sea firme

Puigdemont est¨¢ pr¨®fugo de la justicia y mantiene el acta de diputado obtenida en las elecciones del 21-D. El juez Llarena estudia dictar contra ¨¦l y el resto de fugados (Toni Com¨ªn, Llu¨ªs Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsat¨ª; los tres ¨²ltimos han renunciado al acta de diputados) una orden de detenci¨®n e inmediato ingreso en prisi¨®n. Al decretarles prisi¨®n y procesarles, se cumplir¨ªan los requisitos para inhabilitarles o bien cortar la posibilidad de que accedan a un cargo p¨²blico futuro).? Tras su previsible y cercana inhabilitaci¨®n, Puigdemont podr¨¢ recurrir a la secci¨®n del Supremo, con tres magistrados, que resuelve los recursos contra las decisiones de Llarena. Pero las distintas fases judiciales se prev¨¦n r¨¢pidas porque el sumario ni siquiera tiene que salir de las paredes del propio Tribunal Supremo. El procesamiento en firme puede estar resuelto a finales de marzo, seg¨²n las mismas fuentes.

La causa contra la c¨²pula del proceso secesionista que instruye el juez Llarena afecta a 28 investigados (cinco de ellos, presos y otros siete en libertad provisional tras el pago de fianzas), y se inici¨® tras la querella que interpuso VOX en febrero del a?o pasado en el Juzgado n¨²mero 13 de Barcelona. Esta querella permiti¨® a la justicia efectuar registros y pinchar tel¨¦fonos, lo que ha resultado vital para nutrir de pruebas los distintos sumarios que conforman ahora la causa contra el proceso separatista.

Los miembros de la c¨²pula independentista que no est¨¦n recluidos cuando se produzca el procesamiento s¨ª podr¨¢n mantener sus cargos hasta que haya juicio y la sentencia sea firme, lo que puede ocurrir a finales de este a?o si no surgen obst¨¢culos procesales ni maniobras dilatorias de los acusados, seg¨²n los citados medios.

Puigdemont, cuando pide ¡°garant¨ªas¡± para volver a Espa?a, y que incluso le dejen ser investido presidente, parece ajeno al duro panorama judicial que le rodea. Lo mismo que otros miembros de la c¨²pula del proc¨¦s cuyos partidos los sit¨²an sin m¨¢s en puestos p¨²blicos obviando que pueden quedar inhabilitados para un puesto p¨²blico en cuesti¨®n de dos meses. O, en el caso de los que ahora se hallan en libertad provisional, dentro de un a?o.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell renunci¨® a repetir en este cargo, pero mantiene el acta de diputada. Forcadell qued¨® en libertad provisional tras abonar la ANC en su nombre 150.000 euros. Frente a su dureza para ladear la Ley durante el proceso secesionista en el marco del Parlament, funcionarios del Supremo a¨²n recuerdan los ruegos que lanz¨® entre l¨¢grimas para que el juez Llarena no ordenase su ingreso en prisi¨®n ("Soy abuela y quiero estar con mis nietas, por favor no quiero ir a prisi¨®n, acato la Constituci¨®n...", solt¨®, antes de abrazarse a la funcionaria que le comunic¨® que el juez hab¨ªa decidido imponerle prisi¨®n eludible bajo fianza).

Otro miembro de la c¨²pula que se enfrenta a una inminente inhabilitaci¨®n es Jordi S¨¢nchez, expresidente de la ANC, cuyo nombre ha sonado entre los independentistas como sustituto del expresidente en caso de que este no logre la investidura. S¨¢nchez est¨¢ preso acusado de alentar las movilizaciones ciudadanas, y no ha renunciado a su acta de diputado.?

Orden europea de detenci¨®n

Con el auto de procesamiento firme y en el que consten fundamentados los delitos que se atribuyen a Puigdemont y al resto de fugados en Bruselas, el Supremo tiene intenci¨®n de volver a activar la orden europea para su detenci¨®n y entrega a Espa?a. Ser¨¢ cursada ante el pa¨ªs en que se encuentren. Y la idea es fundamentar bien en el auto los delitos que se les imputa para que el Estado en el que se escondan conozca con detalle los graves delitos que se ciernen sobre ellos y evitar la tentaci¨®n de limitar el alcance de tales delitos, siempre seg¨²n los citados medios jur¨ªdicos.

La fiscal¨ªa tendr¨¢ que emplearse a fondo para, en torno a octubre, cuando est¨¢ previsto que se inicie el juicio contra la c¨²pula del proc¨¦s, acreditar ante la Sala de lo Penal del Supremo el delito de rebeli¨®n por el que ser¨¢n procesados y que lleva aparejadas penas de hasta 25 a?os de c¨¢rcel. Este requiere violencia, pero no es f¨¢cil probarlo. Aunque hay grabaciones de guardias civiles que huyen apedreados en un pueblo, coches del instituto armado destrozados y retenci¨®n por la fuerza de la comisi¨®n judicial que registr¨® la Consejer¨ªa de Econom¨ªa el pasado 21 de septiembre, no es f¨¢cil probarlo. Hay que conectar ese delito con los acusados y probar que fueron ellos quienes los atizaron o promovieron. Pero esa ser¨¢ otra fase.

Las pruebas que ya constan en el sumario (pinchazos telef¨®nicos, una hoja de ruta que describe minuciosamente un plan criminal organizado sobre c¨®mo alcanzar la independencia ignorando la ley y tambi¨¦n una agenda manuscrita hallada en casa del n¨²mero dos del exvicepresidente Oriol Junqueras) s¨ª auguran una previsible condena por sedici¨®n (al menos diez a?os de c¨¢rcel) y otra por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos (otros cinco a?os). Es decir, en el horizonte judicial de una buena parte de los acusados pueden esperar al menos 15 a?os de prisi¨®n, calculan los citados medios jur¨ªdicos. Con la consiguiente inhabilitaci¨®n.

Oriol Junquera, interno en la prisi¨®n de Estremera, y a quien fuentes judiciales le reconocen ¡°dignidad¡± por ser consecuente con sus actos y, a diferencia de Puigdemont, afrontarlos sin huir de la justicia, tambi¨¦n puede quedar inhabilitado a fines de marzo. Y, salvo que la situaci¨®n se estabilice y desaparezca el riesgo de reiteraci¨®n delictiva, tampoco es previsible que salga de la c¨¢rcel en los pr¨®ximos meses. Ni ¨¦l ni los dem¨¢s presos. Llevarle en un furg¨®n policial al Parlament para que vote, como pretenden los presos, no es viable, seg¨²n los citados medios. Y menos aun despu¨¦s de las protestas multitudinarias que ocasionalmente sufre la c¨¢mara de representantes catalanes y la actual ausencia de un Govern.?

Inmediato ingreso en prisi¨®n

Ya han empezado a correr los dos meses m¨¢ximos que establece la ley para que el Parlament elija a un presidente. Mientras tanto sigue vigente el art¨ªculo 155 y, pasados esos 60 d¨ªas, la potestad de convocar o no elecciones estar¨¢ en manos del Gobierno central. El Tribunal Constitucional pr¨¢cticamente ha cercado la investidura de Puigdemont al impedirle ser presidente a trav¨¦s de una pantalla de plasma o mediante persona superpuesta o delegada. Y si regresa a Espa?a, antes de acudir al Parlament debe ponerse a disposici¨®n del juez Llarena, que ordenar¨ªa su ingreso en prisi¨®n de inmediato. Al margen de que para entonces puede estar ya inhabilitado.