Los abogados de Junqueras y los ¡®Jordis¡¯ anuncian que llevar¨¢ su caso a la ONU

Los abogados de los tres l¨ªderes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, han anunciado este jueves en Londres que llevar¨¢n su caso al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, cuyos dict¨¢menes no son vinculantes. El objetivo de llevar el caso de los tres pol¨ªticos presos (Joaquim Forn no ha recurrido a los mismos letrados) a este organismo es conseguir que la ONU lo utilice "para reiterar con fuerza que los gobiernos no pueden utilizar acusaciones endebles para reprimir la oposici¨®n pol¨ªtica", seg¨²n ha dicho Ben Emmerson, uno de los letrados. "Su detenci¨®n por parte de Espa?a es una afrenta a los derechos humanos, dise?ada para evitar que desempe?en su papel como representantes pol¨ªticos del pueblo catal¨¢n", ha a?adido Emmerson.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias es un ¨®rgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991, compuesto por un panel de expertos que tienen, entre otros, el mandato de investigar "casos de privaci¨®n de libertad impuestos arbitrariamente o de manera inconsistente con los est¨¢ndares internacionales expuestos en la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos". El panel recibe informaci¨®n de los individuos afectados y env¨ªa comunicaciones urgentes a los Gobiernos para que "clarifiquen" los casos.

Primero deber¨¢ decidir si admite a tr¨¢mite la petici¨®n de los tres l¨ªderes independentistas, algo que los abogados dan por hecho. Si lo hace, pedir¨¢ una respuesta al Gobierno Espa?ol y despu¨¦s emitir¨¢ un dictamen sobre si considera o no arbitrario el encarcelamiento. Otra de las letradas, Rachel Lindon ha explicado que las decisiones del organismo de la ONU pueden tardar "semanas o meses, no a?os", y se ha declarado "optimista" sobre la posibilidad de que el panel reconozca violaciones de los derechos de sus clientes.

En febrero de 2016, el mismo Grupo de Trabajo dictamin¨® que las acciones de Reino Unido y Suecia en relaci¨®n con la reclusi¨®n de Julian Assange, fundador de Wikileaks, desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, constitu¨ªan una "detenci¨®n arbitraria". El Gobierno brit¨¢nico, en marzo de 2016, solicit¨® formalmente al organismo que revisara su dictamen.

El abogado Ben Emmerson tambi¨¦n ha representado a Julian Assange, as¨ª como a Maria Litvinenko ¡ªla esposa del exagente ruso Alexander Litvinenko, muerto el a?o 2000 tras ser envenenado¡ª y tambi¨¦n de Moazzam Begg, ciudadano brit¨¢nico encarcelado en Guant¨¢namo seis meses acusado de terrorismo en la guerra civil de Siria.

Para ilustrar la situaci¨®n en la que se encuentran sus clientes, los letrados han pedido a los asistentes imaginar que la Justicia brit¨¢nica hubiera decidido encarcelar a los l¨ªderes nacionalistas escoceses por celebrar el refer¨¦ndum legal de independencia en 2014. Los abogados aseguran que se han violado los derechos de sus representados a la libertad de asociaci¨®n y expresi¨®n, a tener opini¨®n pol¨ªtica y participar en la vida p¨²blica, a comparecer ante un tribunal justo e imparcial, a preparar su defensa y a la propia presunci¨®n de inocencia. Tambi¨¦n denuncian que sufren discriminaci¨®n "por su defensa del derecho de autodeterminaci¨®n del pueblo catal¨¢n", seg¨²n han comunicado en una nota de prensa. Esta llevaba el t¨ªtulo de "Catalu?a lleva a Espa?a a las Naciones Unidas", encabezamiento que el propio Emmerson ha calificado de simplificaci¨®n.

Emmerson ha asegurado que miembros del Parlamento y 100 juristas acad¨¦micos han confirmado que "no existe base legal" para atribuir a los tres pol¨ªticos los delitos de rebeli¨®n, secesi¨®n y malversaci¨®n. El letrado considera que no ha existido violencia y por ello la actuaci¨®n de sus clientes no cumple los tipos de los delitos de los que se les acusa. "Puede haber otros cargos", ha reconocido Emmerson, "pero no merecedores de penas de prisi¨®n".

La Justicia espa?ola ha rechazado todas las peticiones para salir de la c¨¢rcel, han asegurado los letrados, y por eso "no les ha quedado otra opci¨®n" que recurrir a la ONU. Rachel Lindon, otra de los representantes legales de Junqueras y los 'Jordis', ha cargado contra el Gobierno y ha acusado a las autoridades espa?olas de emplear "modos dictatoriales".

La decisi¨®n de acudir a la ONU, han explicado los letrados, se debe a que "hasta ahora el asunto solo ha sido analizado en las cortes espa?olas" y, hasta que no se agoten todas las instancias nacionales, no se puede acudir a la jurisdicci¨®n de derechos humanos de ¨¢mbito europeo. Rachel Lindon ha considerado que, a pesar de que el eventual dictamen del Grupo de Trabajo no ser¨ªa vinculante, enviar¨ªa "un fuerte mensaje" al Gobierno espa?ol.

El Gobierno espa?ol destac¨®, en respuesta a un cuestionario emitido por la ONU a todos los pa¨ªses miembros sobre el derecho de los detenidos a que un tribunal decida lo m¨¢s r¨¢pido posible si considera su detenci¨®n ilegal, que existe la posibilidad de iniciar un procedimiento. El objetivo de la legislaci¨®n, seg¨²n el Gobierno, es "la articulaci¨®n de un procedimiento lo suficientemente r¨¢pido como para conseguir la inmediata verificaci¨®n judicial de la legalidad y las condiciones de la detenci¨®n, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial".