El Poder Judicial concede amparo al instructor que investiga al rey de la noche mallorquina

El relato de Manuel Penalva, el instructor de la causa de corrupci¨®n que cerca al rey de la noche mallorquina, incluye pintadas amenazantes en la puerta de su casa, seguimientos de detectives privados, el incendio de un veh¨ªculo en el garaje de su edificio e, incluso, la convocatoria de manifestaciones contra ¨¦l por parte de uno de los abogados de los imputados. "Un hostigamiento continuo", seg¨²n ha concluido este jueves la comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha decidido por unanimidad concederle amparo ante toda esta bater¨ªa de presiones que sufre. Algunas de ellas, seg¨²n concluye el ¨®rgano, por parte de los propios letrados inmersos en el caso Cursach, tambi¨¦n conocido como caso Polic¨ªa Local.

Penalva, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Palma, mantiene abierta una investigaci¨®n contra Bartolom¨¦ Cursach Mas, due?o de discotecas, locales nocturnos, hoteles y restaurantes de la isla. Seg¨²n las pesquisas, el empresario teji¨® presuntamente una trama de corrupci¨®n para levantar su imperio. Para ello, compr¨® a agentes y mandos de la Polic¨ªa Local de Palma, que le cubr¨ªan las espaldas ante inspecciones y multas; y que, adem¨¢s, hac¨ªan supuestamente la vista gorda ante las extorsiones del magnate local a la competencia, a quien amenazaba con destruir sus negocios.

Los testigos protegidos han relatado c¨®mo Cursach, alias Tolo, agasajaba a los polic¨ªas "con fiestas privadas en las que hab¨ªa coca¨ªna, alcohol y mujeres, como en la discoteca Kiss, que fue cerrada para los agentes que trabajaban para ¨¦l". "Amenazaba al que le hac¨ªa sombra, ahogaba negocios ajenos y se quedaba con ellos a precio de saldo. Si le hac¨ªas la competencia, te echaba a la polic¨ªa encima, te fre¨ªan a multas e inspecciones. Te clausuraban", ha contado ?ngel ?vila, uno de los empresarios al que expuls¨® del negocio.

Un "hostigamiento" que ahora sufre el instructor de la causa, que acusa al empresario de cohecho, extorsi¨®n, amenazas, pertenencia a organizaci¨®n criminal, blanqueo, homicidio, corrupci¨®n de menores y tenencia de armas. Por ejemplo, Vicente Campaner, uno de los abogados personados en la causa y que defiende a Cursach, convoc¨® una manifestaci¨®n a las puertas del juzgado de Penalva, donde unas 200 personas exigieron su detenci¨®n e inhabilitaci¨®n, as¨ª como la del fiscal anticorrupci¨®n encargado del asunto, Miguel ?ngel Subir¨¢n. El letrado los acusa de haber manipulado e inventado pruebas para "encarcelar a personas inocentes".

"Esta manifestaci¨®n, que coincidi¨® adem¨¢s con el d¨ªa en que se encontraban se?aladas diversas declaraciones de investigados, supone una actuaci¨®n que tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicci¨®n, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso", se?ala este jueves el Consejo General del Poder Judicial, que exige a Campaner que "cese cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la funci¨®n jurisdiccional".

Presiones de los investigados

La primera manifestaci¨®n organizada por el letrado Campaner contra el juez Penalva y el fiscal Subir¨¢n tuvo lugar el 27 de noviembre y acudieron unas 200 personas. Muchas de ellas familiares de los empresarios investigados, trabajadores del grupo Cursach y polic¨ªas locales imputados en la trama que se situaron tras una pancarta en la que se pod¨ªa leer "Corrupci¨®n en el Juzgado de instrucci¨®n". D¨ªas despu¨¦s se celebr¨® una nueva convocatoria con menos ¨¦xito de participaci¨®n y que se desarroll¨® bajo la misma t¨®nica. Para este pr¨®ximo domingo por la tarde el abogado ha convocado una nueva protesta en la Plaza de Espa?a de Palma con recorrido hasta el Tribunal Superior de Justicia de las Islas, bajo el lema "SOS Tribunal Supremo, corrupci¨®n judicial en Baleares".

Para el CGPJ, la manifestaci¨®n dirigida por Campaner tiene como objetivo sembrar la duda sobre la independencia del juez que conoce el caso. "Estas actuaciones no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que adem¨¢s transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la justicia y del principio constitucional de la separaci¨®n de poderes".

Los letrados contra el juez

La instrucci¨®n de este caso comenz¨® a ensuciarse hace seis meses, cuando dos abogados personados en la causa se querellaron contra el juez y el fiscal acus¨¢ndoles de prevaricaci¨®n durante la investigaci¨®n. En una de las ampliaciones de la querella, los letrados presentaron como prueba una serie de conversaciones de WhatsApp entre el instructor y una testigo protegida que, en un momento de la investigaci¨®n, cambi¨® su relato y pas¨® a arremeter contra los investigadores, aunque se desdijo tiempo despu¨¦s.

La querella fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Aunque, de forma paralela, varios abogados impulsaron dos incidentes de recusaci¨®n del magistrado bas¨¢ndose en esos mensajes con la testigo. La Audiencia Provincial design¨® dos juezas para instruir los incidentes, que est¨¢n pendientes de resoluci¨®n y de dictar si finalmente se aparta a Penalva de la instrucci¨®n. La recusaci¨®n fue apoyada por la fiscal¨ªa al considerar que el juez podr¨ªa haber perdido la imparcialidad a ra¨ªz de las conversaciones mantenidas a trav¨¦s de los mensajes de tel¨¦fono con la testigo.

Desde el inicio de la investigaci¨®n hace casi cuatro a?os el magistrado y el fiscal Subir¨¢n han denunciado m¨²ltiples y reiterados episodios de acoso que les han llevado a portar armas cortas a diario. En su solicitud de amparo, el juez denunciaba amenazas, seguimientos, pintadas insultantes en los alrededores de su domicilio e incluso el incendio de un veh¨ªculo en el garaje comunitario del edificio en el que vive. El fiscal tambi¨¦n ha denunciado robos en su domicilio, la desaparici¨®n de su motocicleta, seguimientos y llamadas amenazantes a su domicilio.

Cursach permanece en prisi¨®n provisional desde abril. Entre otros motivos, el juez argument¨® en su escrito que deb¨ªa entrar en la c¨¢rcel para evitar que presionara y amenazara a los testigos.