El C¨ªrculo de Empresarios acusa al ¡°activismo judicial¡± de forzar las leyes de reforma econ¨®mica

El C¨ªrculo de Empresarios ha hecho p¨²blico un documento en el que acusa a ¡°algunos tribunales¡± de realizar ¡°lecturas forzadas¡± y ¡°correctivas¡± de las leyes, en especial las de reforma econ¨®mica dictadas durante la crisis econ¨®mica que se inici¨® en 2008, que ¡°no se ajustan a la letra y esp¨ªritu¡± de esas normas. La asociaci¨®n de fomento del libre mercado, formada por m¨¢s de 200 ejecutivos de las principales empresas que operan en Espa?a, habla del ¡°problema¡± del activismo judicial¡± y sostiene que ¡°algunos jueces¡± se han convertido en ¡°aut¨¦nticos reguladores de facto¡± en su ¡°af¨¢n por la b¨²squeda de una Justicia material siempre subjetiva¡±. Para ello, los jueces se basan, seg¨²n el C¨ªrculo, en ¡°razonamientos econ¨®micos defectuosos, susceptibles de causar graves da?os a la gesti¨®n y a la productividad¡±.

En un informe titulado La calidad del sistema jur¨ªdico como clave del crecimiento econ¨®mico y del progreso social, este foro empresarial recuerda que no se debe generalizar, pero afirman que ¡°no faltan ejemplos relevantes que ilustran una actitud judicial de rechazo de las reformas arbitradas por el legislador¡±. Y a?ade: ¡°El papel de los tribunales (¡­) no ha sido siempre acorde con el esp¨ªritu y la letra de las nuevas leyes en las que se han concretado las reformas¡±.

En los ¨²ltimos a?os, el Tribunal Supremo ha anulado algunos expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) realizados al amparo de la reforma laboral, como el de las plantas embotelladoras de Coca-Cola, en 2015. Adem¨¢s, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea anul¨® las cl¨¢usulas suelo de las hipotecas y oblig¨® a la banca a la devoluci¨®n con car¨¢cter retroactivo de las cuotas cobradas indebidamente.

El informe, coordinado por Isabel Duthil, socia fundadora de Argali Abogados, y Jos¨¦ Mar¨ªa Alonso Puig, presidente del despacho Baker McKenzie, denuncia otro factor ¡°pertubador¡± para la seguridad jur¨ªdica y la actividad empresarial: ¡°la cada vez m¨¢s deficiente calidad de las leyes¡±. La asociaci¨®n reconoce que ¡°es inevitable que el Derecho se exprese de manera imperfecta¡± y que hasta cierto punto, la jurisprudencia de los tribunales puede hacer superar estos defectos. Sin embargo, advierten, esta capacidad de mejora es limitada. ¡°No es posible confiar en que el Derecho de baja calidad que emana del legislador se transformar¨¢ en un ordenamiento de calidad una vez haya pasado por la jurisdicci¨®n. La jurisprudencia puede refinar los materiales jur¨ªdicos que el legislador produce, pero estos deben superar un umbral de calidad¡±.

La asociaci¨®n presidida por Javier Vega de Seoane se queja de que las ¡°colisiones entre normas estatales y auton¨®micas no est¨¢n siendo afrontadas con suficiente eficacia¡±, y deploran la ¡°falta de estabilidad¡± del marco normativo, con ¡°cambios en materias relevantes que afectan de manera destacada al valor de las inversiones empresariales¡±. Un ejemplo de ello fue la decisi¨®n del Gobierno en 2012 de eliminar las primas a las energ¨ªas renovables, que arruin¨® a cientos de personas que hab¨ªan decidido invertir en paneles fotovoltaicos, especialmente en el sur de Espa?a.

Los empresarios sostienen que esta incertidumbre se agudiza cuando los cambios de normativa se realizan a trav¨¦s de un decreto-ley, un mecanismo previsto por la Constituci¨®n para situaciones de ¡°extrordinaria y urgente necesidad¡± y que se puede llevar a cabo sin previa publicidad. ¡°Son especialmente preocupantes los decretos-ley ¨®mnibus¡±, afirma el an¨¢lisis. ¡°La amplitud y heterogeneidad¡± de estas normas hace que las posibilidades del Tribunal Constitucional para controlar estos excesos ¡°son limitadas¡±.

Entre otras medidas, los directivos recomiendan que se revise el actual sistema de oposici¨®n para el ingreso en la carrera judicial, al que consideran excesivamente memor¨ªstico, y en el que los conocimientos econ¨®micos y contables tienen ¡°un peso pr¨¢cticamente marginal¡±, y se sustituya por un modelo como el alem¨¢n donde se otorga un mayor peso al periodo de pr¨¢cticas para cubrir las vacantes. Adem¨¢s piden que se fomente la especializaci¨®n de los magistrados.

En materia penal, los empresarios denuncian disfunciones en la responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas, que se implant¨® en 2015, con las limitaciones a las posibilidades de pactos con la acusaci¨®n. Tambi¨¦n se quejan de que en la fase de instrucci¨®n se producen conculcaciones del derecho a la presunci¨®n de inocencia. ¡°Con frecuencia se formulan imputaciones infundadas que causan graves da?os reputacionales (¡­) No es admisible que el contenido de la instrucci¨®n se filtre a los medios de comunicaci¨®n, debiendo aplicarse los mecanismos dirigidos a perseguir eficazmente las filtraciones¡±, reclaman.

En materia concursal, los empresarios piden ¡°suprimir los privilegios de los que disfrutan los cr¨¦ditos de las Administraciones p¨²blicas¡±, los primeros en cobrar en caso de quiebra de una empresa, as¨ª como la acabar con la pr¨¢ctica de que al adquirirse ¡°unidades de negocio¡± se hereden las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.