El ¡®caso P¨²nica¡¯ revela la falta de control del correo de los altos cargos
El Ejecutivo madrile?o borr¨® los mensajes de Granados con un procedimiento que no especifica plazos. A nivel estatal, solo hay una gu¨ªa del Centro Criptol¨®gico
El borrado que la Comunidad de Madrid hizo de los correos electr¨®nicos de Francisco Granados cuando fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y que buscaba el juez del 'caso P¨²nica' ha sacado a la luz la inexistencia en Espa?a de un norma com¨²n para tratar estos mensajes tras el cese de un alto cargo. El Ejecutivo madrile?o defiende su procedimiento, que no especifica cu¨¢ndo ni c¨®mo hacerlo. A nivel estatal, solo hay una recomendaci¨®n del Centro Criptol¨®gico.
El pasado 30 de enero, Garc¨ªa-Castell¨®n reclam¨® al Ejecutivo madrile?o los mensajes enviados y recibidos en el correo electr¨®nico oficial del expol¨ªtico entre 2003 y 2011, as¨ª como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa p¨²blica de infraestructuras ya extinguida desde la que se acometieron numerosas obras p¨²blicas del Metro de Madrid ahora bajo sospecha.
El juez buscaba nuevas pruebas del supuesto ama?o en las adjudicaciones de esta sociedad p¨²blica y de Arpegio, la empresa de la comunidad encargada de la gesti¨®n del suelo y del plan de inversiones Prisma. Sin embargo, los guardias civiles enviados por el magistrado se volvieron con las manos vac¨ªas. Los correos de Granados y su jefe de Gabinete hab¨ªan sido eliminados en abril y junio de 2012, respectivamente, diez meses despu¨¦s de sus ceses. Los de los otros cuatro investigados, en diciembre de 2017.
Julia Molina, directora de Producci¨®n y Gesti¨®n de Infraestructuras de Madrid Digital, entreg¨® a los agentes un escrito en el que aseguraba que en los servidores inform¨¢ticos de la Comunidad de Madrid no exist¨ªa ya ¡°ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electr¨®nico, asociada a ninguna de las personas requeridas¡±, y a rengl¨®n seguido explicaba: ¡°Es pol¨ªtica de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma¡±. En su explicaci¨®n, Madrid Digital no citaba ninguna normativa vigente sobre conservaci¨®n de ficheros, como la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos u otras.
Portavoces de la Comunidad de Madrid explicaron ayer que el servicio de mensajer¨ªa electr¨®nica de sus m¨²ltiples organismos se rige por un procedimiento de ¡°gesti¨®n y uso¡± elaborado en abril de 2014 que se basa, a su vez, en una instrucci¨®n de la Direcci¨®n General de la Funci¨®n P¨²blica de marzo de 2010. Dicho procedimiento detalla los mecanismos de protecci¨®n de los datos personales de los usuarios de las cuentas de correo, as¨ª como las medidas de control para el acceso a las mismas y a otros servicios, pero no detalla c¨®mo ni durante cu¨¢nto tiempo se guardan los mensajes.
Solo recoge la existencia de un procedimiento para dar de baja a los usuarios a petici¨®n propia y cuando causan baja en la Administraci¨®n. Es lo que ocurri¨® en el caso de Granados. Seg¨²n estas fuentes, el jefe de gabinete del pol¨ªtico, Ignacio Palacios ¡ªtambi¨¦n imputado en el caso P¨²nica¡ª, pidi¨® la baja de la cuenta del exconsejero un mes despu¨¦s de que dejara el cargo, en junio de 2011. Esta se hizo efectiva en octubre de ese a?o. Sin embargo, la Guardia Civil constat¨® en su visita del 30 de enero ¡ªy as¨ª figura en un pantallazo recogido en el acta que se levant¨® de aquel requerimiento¡ª que la fecha de baja del buz¨®n que figura en el sistema es abril de 2012, diez meses despu¨¦s de que Granados abandonara el ejecutivo regional.
La gu¨ªa del CNI
La Comunidad de Madrid no es una excepci¨®n en la falta de una reglamentaci¨®n precisa sobre la conservaci¨®n y borrado de los correos electr¨®nicos de los altos cargos. El Consejo de la Transparencia admite que ¡°no hay un procedimiento ¨²nico, sino que cada organismo debe fijar sus propias normas¡±. Para ello, asegura, existe un manual orientativo editado por el Centro Criptol¨®gico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y responsable de la ciberseguridad en Espa?a.
Este centro ha editado una ¡°gu¨ªa de seguridad en correo electr¨®nico¡± en el que recomienda que ¡°los contenidos de los correos electr¨®nicos¡± sean conservados ¡°durante un per¨ªodo de 90 d¨ªas¡± y que ¡°el borrado definitivo de los mensajes electr¨®nicos del servidor¡± se produzca ¡°a los 120 d¨ªas¡±. Fuentes del servicio secreto recalcan que estos plazos son ¡°solo una recomendaci¨®n¡±.
El Palacio de La Moncloa cuenta con su propia orden de seguridad interna cuyos detalles no son p¨²blicos, pero que contempla la destrucci¨®n de los mensajes a los dos meses del cese del alto cargo, informa Juanjo Mateo. Su protocolo permite al titular de la cuenta hacer una copia de sus mensajes siempre que antes consulte con su superior y obtenga su aprobaci¨®n. Todos deben devolver los equipos inform¨¢ticos y de telefon¨ªa utilizados en el ejercicio de su cargo.
Tres meses en Galicia, 15 d¨ªas en Valencia
La Xunta de Galicia mantiene tres meses los datos de todos los correos corporativos de la Administraci¨®n auton¨®mica, incluidos sus altos cargos, tras confirmarse la baja del usuario, informa Cristina Huete. La pol¨ªtica de seguridad corporativa obliga a la Xunta a mantener las cuentas institucionales asociadas al cargo, seg¨²n confirma la Axencia para a Modernizaci¨®n Tecnol¨®xica de Galicia (AMTEGA).
La Generalitat Valenciana aplica un orden de 2013 por la que cancela la cuenta del usuario cuando se produce el cese de actividad y borra todo su contenido, informa Maria Josep Serra. Fuera del marco regulatorio, los t¨¦cnicos disponen de un protocolo interno que permite al usuario seguir recibiendo correo durante 15 d¨ªas.
El Gobierno de Euskadi admite no tener ninguna regulaci¨®n propia y regirse por leyes estatales como la de Protecci¨®n de Datos, informa Pedro Gorospe. El ejecutivo vasco asegura que guarda copias de seguridad.
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