La Comunidad de Madrid elimin¨® los correos de Granados que le reclama el juez del ¡®caso P¨²nica¡¯

Un nuevo agujero documental en la Comunidad de Madrid afecta a la investigaci¨®n del caso P¨²nica. La administraci¨®n regional elimin¨® todos los correos electr¨®nicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupci¨®n. El magistrado instructor, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, reclam¨® al Gobierno auton¨®mico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expol¨ªtico entre 2003 y 2011, as¨ª como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa p¨²blica de infraestructuras desde la que se construyeron varias l¨ªneas del Metro de Madrid. El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto ama?o en la adjudicaci¨®n, en 2004, de tres obras del suburbano y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envi¨® a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y orden¨® que t¨¦cnicos inform¨¢ticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los polic¨ªas se fueron con las manos vac¨ªas.

¡°Realizada la b¨²squeda de las cuentas de Francisco Granados no se encuentra archivo alguno y el inform¨¢tico manifiesta que la informaci¨®n no se puede recuperar porque se borra por pol¨ªtica interna¡±, escribi¨® el letrado de la Administraci¨®n de Justicia ¨Cantes llamado secretario judicial- en el acta. ¡°Tampoco se encuentra informaci¨®n alguna del investigado Ignacio Palacios. Del se?or [Jes¨²s] Trabada [ex consejero delegado de Mintra], [Jos¨¦ Mar¨ªa] D¨ªaz Retana, [Antonio] Gonz¨¢lez Jim¨¦nez y [Rafael] Villaf¨¢?ez Esteban [directivos de Mintra], no se encuentran datos por el inform¨¢tico en la base de datos¡±, prosigue el letrado.

Los agentes se llevaron sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja de sus direcciones de correo electr¨®nico. La de Granados fue dada de baja el 2 de abril de 2012, diez meses despu¨¦s de ser cesado por Esperanza Aguirre. El de su mano derecha, Ignacio Palacios, dos meses m¨¢s tarde. Los de los cuatro exdirectivos de la empresa p¨²blica Mintra, sin embargo, no se desactivaron hasta hace solo dos meses. As¨ª, el m¨¢ximo responsable de esta sociedad, Jes¨²s Trabada, hab¨ªa sido cesado en julio de 2011, poco despu¨¦s de la salida del Ejecutivo regional de Granados, pero su direcci¨®n de correo electr¨®nico permaneci¨® activa hasta el 6 de diciembre de 2017, seg¨²n refleja la documentaci¨®n incorporada al sumario.??

La Guardia Civil tambi¨¦n se llev¨® un informe firmado por Julia Molina, directora de Producci¨®n y Gesti¨®n de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros ¡°no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electr¨®nico, asociada a ninguna de las personas y requeridas¡±, y a rengl¨®n seguido se explica: ¡°Es pol¨ªtica de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma¡±. En su explicaci¨®n, Madrid Digital no sustenta su ¡°pol¨ªtica interna¡± en ninguna normativa vigente sobre conservaci¨®n de ficheros, como la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos u otras. Fuentes del actual ejecutivo regional achacan dicha pr¨¢ctica a los gobiernos anteriores del PP.

Los archivos inform¨¢ticos de Mintra se gestionan en Madrid Digital desde 2011. Antes se llevaban directamente desde la Consejer¨ªa de Transportes. Tras verificar que en las instalaciones de la agencia no existe ¡°ning¨²n backup [copia de seguridad]¡± de dichos correos, Julia Molina informa que ¡°se realizar¨¢n todas las consultas necesarias¡± con la Consejer¨ªa de Transportes para localizar el nombre de la empresa que hasta 2011 ¡°realizaba las gestiones relacionadas con el correo¡±.

Agujero documental

El borrado de los correos electr¨®nicos por ¡°pol¨ªtica interna¡± ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso P¨²nica. El pasado 13 de julio la empresa p¨²blica del suelo de Madrid, Arpegio, admit¨ªa a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que deb¨ªan contener contratos investigados aparec¨ªan vac¨ªas, como adelant¨® EL PA?S el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional tambi¨¦n reconoc¨ªa que dos contenedores con toda la documentaci¨®n referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrile?o de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detect¨® la desaparici¨®n de documentos clave de los archivos de la sociedad p¨²blica Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez. La Comunidad reconoci¨® ante el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 que la documentaci¨®n sobre adjudicaciones de contratos no est¨¢ custodiada.

El pasado mayo, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicit¨® al entonces instructor del caso P¨²nica, Eloy Velasco, el registro en la sede de Arpegio en la supuesta falta de colaboraci¨®n de las autoridades auton¨®micas. En el escrito, la fiscal¨ªa aseguraba que por parte de la Comunidad de Madrid ¡°existe todav¨ªa una cierta autoprotecci¨®n sobre aquellos que han ejercido funciones p¨²blicas y org¨¢nicas¡± tanto en ¨¦sta como en el PP regional. Anticorrupci¨®n detallaba que la documentaci¨®n que hab¨ªa enviado Arpegio el octubre anterior presentaba ¡°inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe m¨¢s informaci¨®n que la que se transmite¡±. Por ello, la fiscal¨ªa reconoc¨ªa que ¡°se hace dif¨ªcil confiar en que haya una colaboraci¨®n espont¨¢nea y leal por parte de la Comunidad de Madrid¡±.

A la desaparici¨®n de documentos se suma la renuencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisi¨®n de investigaci¨®n de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente p¨²blico de aguas que se investiga judicialmente en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron ¡°traspapelados¡± cinco meses en el Gobierno regional, y cuando finalmente el Ejecutivo comenz¨® a facilit¨¢rselos a los grupos de la oposici¨®n, la entrega se interrumpi¨® porque el juez instructor, Garc¨ªa-Castell¨®n, el mismo del caso P¨²nica, la desautoriz¨® ¨Ccon el informe favorable de la fiscal¨ªa- al tratarse de un caso bajo la lupa de la Justicia.