El Estado cree que parte del dinero de la financiaci¨®n a Catalu?a se desvi¨® al refer¨¦ndum ilegal

La abogada del Estado Beatriz Vizca¨ªno L¨®pez, en un escrito del pasado 27 de febrero, adjunta a su informe un informe del secretario de Estado de Hacienda con el que trata de refutar los argumentos de Josep Mar¨ªa Jov¨¦, n¨²mero dos de Oriol Junqueras en la Consejer¨ªa de Hacienda, en el sentido de que el Estado "es perjudicado y ofendido" en la causa separatista.

Jov¨¦ quiere que el Estado se aparte de la causa al entender que el dinero que hipot¨¦ticamente se hubiere utilizado para el refer¨¦ndum ser¨ªa el propio de la Generalitat de Catalu?a, y, sostiene, no sometido al control del Estado. El Estado discrepa. El juez ha tumbado distintas peticiones de investigado para que el Estado se marche de la causa. Se?ala que debe ser parte.

?C¨®mo, de d¨®nde sali¨® el dinero y qui¨¦n pag¨® el m¨¢s de medio mill¨®n de euros en publicidad (por ejemplo, la de dos v¨ªas de tren) de un refer¨¦ndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional? Jov¨¦ es uno de los investigados que ha pedido al juez Ram¨ªrez Sunyer que excluya al Estado como parte en el proceso. Tambi¨¦n est¨¢ considerado uno de los cabecillas del proceso separatista. Los registros en su despacho y en su casa, cuando fue detenido el pasado 20 de septiembre junto a otros 13 cargos de la Generalitat y empresas colaboradoras, han aportado a los jueces, tanto al de Barcelona como a los dos de Madrid (Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, y Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional), pruebas consideradas cruciales para sentar en el banquillo a toda la c¨²pula del proceso separatista. Su agenda y documentos que contienen la hoja de ruta del proc¨¦s Considerada en informes policiales como una trama han resultado claves para la justicia. La Guardia Civil define a la c¨²pula como una organizaci¨®n delictiva orientada a un fin inequ¨ªvoco: proclamar la rep¨²blica salt¨¢ndose la ley.

Jov¨¦ se ha opuesto, tambi¨¦n sin ¨¦xito, a que la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional, bajo el paraguas del juez, desarrollen las pesquisas que crean oportunas para clarificar la media docena de delitos de su causa. Entre otras pesquisas, se opone a que soliciten informes a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de ¨¦l y los dem¨¢s investigados. El juez las ha autorizado.

La Abogac¨ªa del Estado entiende, pues, que debe ser parte en el procedimiento del juez Ram¨ªrez Sunyer: ¡°Encontr¨¢ndonos en esta fase sumarial de investigaci¨®n con la existencia de indicios racionales de criminalidad de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, resulta evidente la legitimaci¨®n de la Administraci¨®n del Estado para personarse como acusaci¨®n particular, en su condici¨®n de perjudicado, ante la sospecha razonable de que en la preparaci¨®n y ejecuci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-0 pudieron haberse empleado fondos p¨²blicos¡±.