El concurso de las pulseras de control a maltratadores queda desierto

El consejo de Ministros aprob¨® el pasado septiembre, a propuesta de la ministra de Sanidad Dolors Montserrat, un nuevo pliego para adjudicar el servicio del llamado centro Cometa. La oferta era de 12.478.191,36 euros por tres a?os. Supone un 30% anual m¨¢s que en el anterior pero se queda corto porque implica renovar las pulseras y mantener el servicio. De hecho, ninguna empresa se ha presentado al concurso del servicio, actualmente prorrogado. El ministerio est¨¢ trabajando en la redaccion de unos nuevos pliegos pero no aclara qu¨¦ cambios va a incluir para evitar que vuelva a quedar desierto.

La tecnolog¨ªa de las pulseras digitales est¨¢ obsoleta despu¨¦s de casi una d¨¦cada de uso, seg¨²n denuncian distintos trabajadores, que piden anonimato. UGT y el PSOE han respaldado sus denuncias. La diputada socialista ?ngeles ?lvarez ha presentado una bater¨ªa de 30 preguntas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre este asunto. La diputada critica que, ante un aumento de la demanda del servicio, ¡°no se ha hecho una previsi¨®n presupuestaria y t¨¦cnica para dar una respuesta eficiente¡± y reclama los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero que, asegura, habr¨ªan permitido licitar ¡°con recursos adecuados¡±.

Seg¨²n los empleados, m¨¢s del 70% de las alertas que saltan a sus ordenadores y tienen que atender se deben a fallos t¨¦cnicos o por falta de cobertura. El dispositivo incluye una pulsera para el supuesto maltratador y un GPS para la v¨ªctima. Si se acerca m¨¢s de lo que establezca la orden de alejamiento fijada por un juez, se activa la alerta y desde el centro Cometa avisan a la v¨ªctima y a las fuerzas de seguridad del Estado.

El PSOE denuncia el "abandono" del sistema

¡°El Gobierno est¨¢ sumiendo el servicio en el abandono, la precariedad y la falta de especializaci¨®n¡±, critica la diputada ?ngeles ?lvarez, que se?ala directamente a los pliegos de condiciones y al modelo de contrataci¨®n p¨²blica como explicaci¨®n de las posibles deficiencias por no incluir, a su juicio, ¡°ni criterios de calidad ni de especializaci¨®n¡±.

¡°La falta de control de los est¨¢ndares de calidad en un contrato p¨²blio es un tema muy sensible¡±, a?ade Maria Carmen Barrena, secretaria de Pol¨ªticas Sociales de UGT: ¡°Si no est¨¢ rigurosamente verificada por la Administraci¨®n puede causar tragedias¡±.

Si se activa por un error, supone tener que poner en alerta a una v¨ªctima de violencia de g¨¦nero sin motivo. Preguntado por el porcentaje de alertas que se producien por fallos y qu¨¦ medidas ha tomado Sanidad para corregirlas, el ministerio solo se?ala que ¡°est¨¢n previstas en el propio funcionamiento del sistema¡±.

La contratista actual es Telef¨®nica y el servicio lo presta Securitas Direct. Ambas empresas declinaron hacer declaraciones y se remitieron a las respuestas de la Delegaci¨®n del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero, que depende de Sanidad.

El centro Cometa cuenta con 41 empleados de los que 20, mayoritariamente mujeres, trabajan de operadores atendiendo alertas en turnos que cubren las 24 horas del d¨ªa. Cada hora, una operadora debe completar ocho gestiones. Es decir, disponen de siete minutos y medio para hablar con la v¨ªctima y el supuesto agresor, avisar a las fuerzas de seguridad y elaborar un informe al respecto. Precisamente para cumplir esos tiempos, los empleados denuncian que se les pide que atiendan a las mujeres como si trabajaran en un call center y que atiendan las llamadas con cuestionarios cerrados. ¡°Nos dan un gui¨®n con lo que tenemos que decir, no existe relaci¨®n de escucha con la v¨ªctima y, si no cumplimos los objetivos de tiempo, nos penalizan¡±, explica una trabajadora.

Preguntado por las quejas por sobrecarga de trabajo, el ministerio responde que el centro de control Cometa ¡°debe disponer siempre del n¨²mero de operadores adecuado para dar soporte a todas las alarmas¡±.

El servicio se puso en marcha con trabajadoras sociales y psic¨®logas atendiendo las alertas, pero se ha ido renovando con personal sin una titulaci¨®n espec¨ªfica que hacen cursos de formaci¨®n de ocho horas, explican los trabajadores. El pliego de condiciones que ha elaborado el Ministerio, y el del contrato previo, no exige que las operadoras tengan que ser especialistas, pese a que traten con v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero.