El Congreso aprueba el desalojo expr¨¦s de viviendas de particulares okupadas

La Comisi¨®n de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una proposici¨®n de ley del PDeCAT que modifica?la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupaci¨®n ilegal. Esta comisi¨®n de la C¨¢mara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayor¨ªa absoluta y el texto no encontrar¨¢ ning¨²n obst¨¢culo para salir adelante, aunque luego deber¨¢ volver al Congreso. La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra ¡ªse han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC¡ª y en cuanto entre en vigor tras su ratificaci¨®n en la C¨¢mara alta permitir¨¢ el desalojo expr¨¦s de las viviendas de propietarios que sean "personas f¨ªsicas, entidades sin ¨¢nimo de lucro y entidades p¨²blicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificaci¨®n no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble.

El grupo parlamentario confederal ya hab¨ªa alertado de que la proposici¨®n de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio expr¨¦s.

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El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, hab¨ªa acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes".?

En la votaci¨®n de enmiendas en la comisi¨®n se han excluido del proceso de desahucio expr¨¦s a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que ven¨ªan incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abr¨ªa la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos hab¨ªa denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesi¨®n". Es decir, "bancos y lo que haga falta", hab¨ªa denunciado este lunes la portavoz de En Com¨², Luc¨ªa Mart¨ªn.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperaci¨®n de la plena posesi¨®n de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas f¨ªsicas propietarias de vivienda, entidades sin ¨¢nimo de lucro y "entidades p¨²blicas propietarias o poseedoras leg¨ªtimas de vivienda social".

En este caso, se trasladar¨¢ una notificaci¨®n a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigir¨¢ a estos ocupantes que justifiquen la situaci¨®n de posesi¨®n. Ante esto, "exclusivamente" podr¨¢n fundamentar su oposici¨®n a la demanda en "la existencia de t¨ªtulo suficiente para poseer la vivienda o en la falta de t¨ªtulo" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificaci¨®n suficiente, el tribunal ordenar¨¢ mediante auto la inmediata entrega de la posesi¨®n de la vivienda". Contra este auto, se?ala la ley, "no cabr¨¢ recurso alguno y se llevar¨¢ a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".?

Tambi¨¦n se dictar¨¢ sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco d¨ªas. La ley, adem¨¢s, posibilita la ejecuci¨®n, si as¨ª lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 d¨ªas previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciur¨®, ha asegurado que en ning¨²n caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". "No es nuestra intenci¨®n", ha declarado.?Ciur¨® ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la m¨¢s m¨ªnima duda de que ¨²nicamente puedan acogerse Administraciones p¨²blicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio t¨ªtulo inicial de la propuesta, que mencionaba la disposici¨®n de viviendas a entidades sociales y Administraciones p¨²blicas. Ahora, se limita a hablar de la okupaci¨®n ilegal de inmuebles".

La ley tambi¨¦n contempla la comunicaci¨®n "a los servicios p¨²blicos competentes en materia de pol¨ªtica social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuaci¨®n", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificaci¨®n de la demanda, al acordarse la entrega de la posesi¨®n de la vivienda y el desalojo y tambi¨¦n cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesi¨®n, se fija un plazo de siete d¨ªas para que estos servicios p¨²blicos puedan "adoptar las medidas de protecci¨®n que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposici¨®n de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situaci¨®n de vulnerabilidad. Pero s¨ª que establece la obligaci¨®n de las Administraciones p¨²blicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ¨¢giles de coordinaci¨®n y cooperaci¨®n al objeto de prevenir situaciones de exclusi¨®n residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y m¨¢s lo m¨¢s inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposici¨®n adicional, "garantizar¨¢n la creaci¨®n de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusi¨®n".

La aprobaci¨®n del desalojo expr¨¦s ha agrandado la brecha en Catalu?a entre el PDeCAT y la CUP. La diputada auton¨®mica de la CUP Nat¨¤lia S¨¤nchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. En ese sentido, ha considerado "grav¨ªsimo que el PDeCAT lidere pol¨ªticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulaci¨®n".

Tambi¨¦n la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la ¨²nica ley que se est¨¢ planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerar¨¢ los desahucios de viviendas ocupadas y "generar¨¢ una nueva ola de desahucios". "Es muy f¨¢cil ir legislando a favor del desahucio y que despu¨¦s todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.